Libres e iguales en dignidad y derechos. Así nos concibe, en su artículo 1, la actual Constitución Política de la República, que hace eco de diversos tratados internacionales y que ponen al centro de la acción estatal a las personas. Más adelante también, la Carta Magna se encargó de definir el sentido de la acción y fin del aparato estatal… "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común".

En base a este principio, el compromiso del Presidente Gabriel Boric fue adquirido con y para todos los pueblos de Chile, y especialmente, con los sectores más vulnerables de la sociedad, con una firme vocación de servicio hacia los grupos más postergados del país y de nuestra Región de Antofagasta. Es así, que, en este primer mes de Gobierno, el Presidente nos ha dado los ejes transversales y las prioridades que guiarán nuestra gestión en Justicia y Derechos Humanos con un trabajo en conjunto con nuestros servicios dependientes y relacionados.

Entre los principales ejes, se considera una justicia centrada en las personas, de manera tal de reconstruir las confianzas en las instituciones, con medidas que garanticen y amplíen el ejercicio efectivo de derechos y aseguren la efectiva igualdad de género. También, contempla el enfoque de Derechos Humanos, buscando saldar las deudas que tenemos en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, deudas que no sólo son históricas, sino que actuales y urgentes. Así como también, una mejora continua en la gestión, maximizando la eficiencia y eficacia de nuestra acción, promoviendo la participación de actores internos como externos en la misma, enfocándonos en la prevención temprana de conflictos.

Además, el Presidente ha establecido las prioridades en la gestión de nuestro servicio, destacando la agenda integral de Derechos Humanos en democracia, justicia accesible e inclusiva centrada en las personas, coordinación del sistema penal y penitenciario, probidad y agenda antiabusos e igualdad de género. Asimismo, se han relevado las urgencias legislativas priorizadas por el Gobierno para nuestro sector, tales como el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil (suma urgencia), el Proyecto de Ley que tipifica el delito de explotación sexual infantil comercial de niños, niñas y adolescentes (urgencia simple) y el Proyecto de Amnistía a los presos del estallido social (suma urgencia).

Así las cosas, para nuestro trabajo - liderados en la región por nuestra Delegada Presidencial Karen Behrens - es menester relevar la importancia institucional de cada uno de los servicios del Ministerio. Sus necesidades y requerimientos serán nuestros desafíos y prioridades, así como también, concretar anhelos que hoy, se hacen urgentes para la ciudadanía. Alcanzar la igualdad de las personas no es tarea fácil ni rápida, pero tampoco es imposible. Es una lucha larga que empezaron generaciones anteriores y seguramente la continuarán las venideras.

Nuestro Gobierno será un activo promotor de las transformaciones que reconstruyan la confianza de las personas en las instituciones, donde nuestro foco será, fundamentalmente, fortalecer el acceso a la Justicia de todas las personas, llegando a todos los territorios con la oferta de nuestros servicios, y concretando las principales iniciativas y obras que hoy requieren de nuestra atención y gestión, beneficiando a todas y todos.

El viernes pasado la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó -en particular- una nueva norma que busca que las policías sean "instituciones civiles de carácter centralizado" (Art. 93), es decir dejarían de ser militarizadas y se convertirían peligrosamente en organismos de carácter político. Con peras y manzanas, seremos testigos del fin de Carabineros y la PDI.

¿Qué pretenden los convencionales aprobando esta norma? Más allá de desmilitarizar Carabineros, se perdería el sentido de cuerpo uniformado, disciplinado y jerarquizado.

¿Cómo enfrentaremos la delincuencia a partir de fuerzas de orden que responderán al Gobierno de turno? ¿Cuál será la formación profesional? ¿Dónde quedará la trayectoria de Carabineros y la PDI? ¿Qué pasará con el descontrol del narco terrorismo en el sur? Hay muchas más preguntas que respuestas.

Esta votación da cuenta del accionar errático que tiene la Convención, porque no hay dudas de que necesitamos policías altamente capacitadas para enfrentar el aumento sostenido de la violencia e inteligencia policial para frenar al crimen organizado, pero de ahí a su eliminación hay un gran paso.

Borrar de un plumazo a ambas policías es desconocer el trabajo realizado por años de instituciones profundamente arraigadas en el colectivo, que más allá de las crisis de confianza, gozan de una alta reputación por parte de la ciudadanía, especialmente, en los momentos más difíciles, como terremotos, inundaciones, entre otros.

El afán destructivo hacia nuestra historia institucional por parte de los convencionales es un hecho.

No hay peor ciego que el que no quiere ver; ambas policías deben procurar mejorar sus procesos, perfeccionar a sus funcionarios, alimentando - por ejemplo - su experiencia con el avance de otros países prósperos en el control del orden público y la seguridad, siempre de cara a la ciudadanía. Eso sigue siendo una deuda pendiente, pero no caben aquí ni refundaciones ni cancelaciones.

La convención ha demostrado desde su inicio una falta de respeto hacia los símbolos patrios, a la institucionalidad y a los valores democráticos, pero no tan solo eso, ha pasado por encima de la voluntad popular, echando por tierra iniciativas ampliamente apoyadas por la ciudadanía, como la de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

El plebiscito de salida está a la vuelta de la esquina y debemos votar en consecuencia con las necesidades de las personas. Las encuestas demuestran el crecimiento sostenido del rechazo a una nueva constitución, que responde a la caída de la confianza en el proceso por la seguidilla de errores y falta de conexión de los convencionales con la gente.

Si muchos se inclinaron por el apruebo con la idea reformista de mejorar la calidad de vida de los chilenos, a estas alturas, no cabe la menor duda que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Esta última chambonada de los constituyentes respecto de la eliminación de las policías no hace más que sentar una duda razonable sobre el destino de la constitución.

José Miguel Castro

Diputado Comisión Seguridad Ciudadana

De las tantas inquietudes que plantearon los alcaldes de la Región al subsecretario de Interior Manuel Monsalve, fue la preocupación por la seguridad ciudadana y el aumento de delitos de mayor connotación social. Se le comentó que es necesario destinar recursos para desarrollar políticas que ayuden a resolver o a disminuir hechos violentos que entorpecen la paz social.

Son los jefes comunales los que tienen el pálpito ciudadano y los que conocen lo que ocurre en los distintos territorios y esas sensaciones se han visto refrendadas por las estadísticas en las que se desprende aumento de delitos como las denominadas "encerronas", "portonazos" y los homicidios. Allí las cifras son frías y preocupantes.

Durante las últimas horas, el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara manifestó que el país está viviendo "su peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia". Junto a ello, hizo un llamado a los privados a sumarse en la lucha contra el delito, porque las policías no alcanzan a cubrir la amplitud territorial del país.

Reconoce que hay avance en el tráfico y microtráfico de drogas y homicidios en diferentes sectores. Allí hizo hincapié en que hoy se ve con mucho más frecuencia el uso de armas de fuego para resolver las diferencias y lo que antes terminaba en contusiones y hematomas hoy son muertes y esa es una de las grandes preocupaciones.

El llamado a los privados se enfoca en que en la organización de los distintos eventos la seguridad se resuelva con vigilancia privada y así no se desatiendan las labores territoriales al movilizar a carabineros a otras funciones.

Un llamado coherente pero que requiere sumar otro tipo de políticas en seguridad ciudadana. Una de ellas es contra el narcotráfico, que si se analizan en detalles las estadísticas siempre están presentes en algún eslabón de la cadena delictual. Se conoce que mueven una alta cantidad de recursos, que se toman barrios y poblaciones, que reclutan a niños vulnerables como "soldados", provocando un enorme daño a la sociedad.

No basta con atrapar al microtraficante o incautar algunos envíos. Se debe apuntar al origen a las organizaciones para desbaratarlas y dejarlas sin poder de acción.

Esa una lucha interminable pero que se tiene que dar hoy antes que adquiera ribetes de incontrolable. Es preciso contar con más contingente, tecnología y recursos todo por lograr que nuestros barrios y comunas sean seguras.