De administrar el patrimonio histórico
Los importantes esfuerzos del Estado por rescatar el patrimonio arquitectónico de la región, chocan con la falta de un modelo de gestión que los hagan sustentables. Sin plan de gestión sustentable, la inversión pública en sitios patrimoniales termina siendo un problema que termina afectando la fe pública
Uno de los grandes desafíos de las ciudades que se expanden y renuevan es armonizar su crecimiento con el respeto a su pasado, y con ello, a su memoria. Mucho del patrimonio material e inmaterial de las ciudades y de quienes la habitan, se encuentran en la forma en que valoran y observan su pasado.
La puesta en valor del patrimonio urbano no solo está asociada al aporte social o cultural que determinada obra significó para el desarrollo de la ciudad, sino también habla del respeto al conjunto de esfuerzos, recursos y voluntades que la hicieron posible en su momento.
El razonamiento se hace más patente cuando se observan el abandono y estado en que se encuentran edificios como la Casa Abaroa, el Muelle Histórico en Antofagasta, el Mercado Municipal en el centro de Calama o inmuebles como El Teatro Alhambra en Taltal o el Teatro de Chacabuco.
En innumerables ocasiones expertos del área han expuesto la serie de obligaciones y escasas facultades que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales para quienes poseen potestad sobre patrimonio histórico. La denominación de Monumento Histórico, ejemplifican, muchas veces se convierte en una camisa de fuerza para quienes abogan por el rescate y preservación. A nivel regional, solo la puesta en valor del muelle histórico significó una inversión de casi 7 mil millones de pesos, casi el mismo valor de construir un moderno consultorio, por cierto.
Y tras casi siete años de esa entrega queda en evidencia la falta de instrumentos del Estado para poder administrar y hacer sustentable esos sitios patrimoniales. Sin herramientas, sin una legislación actualizada, sin un modelo de gestión adecuado, la administración de sitios patrimoniales queda prácticamente abandonada a la voluntad de terceros. Y sin plan de gestión sustentable, la inversión pública en sitios patrimoniales termina siendo un problema que termina afectando la fe pública y minando la necesidad de una gestión pública eficiente.