Efectos del alza inflacionaria
Las medidas para contener la inflación del BC deben ser ponderadas para no afectar el crecimiento y que agudicen la desaceleración proyectada para 2022 y 2023. Es de esperar que se pueda contar con políticas públicas que ayuden a contener el aumento en los indicadores de pobreza extrema en la región.
El último reporte del IPC de enero del INE informó un alza de 1.2%, acumulando un 7.7% de alza en los últimos 12 meses. El dato, indican los expertos, es un duro golpe particularmente a las economías de regiones extremas, donde el costo de vida es usualmente más alto que el resto del país.
En la Región de Antofagasta ese efecto se traduce en el alza en el precio de productos de consumo básicos los que de por si tienen un valor base mayor debido a las externalidades de una economía con fuerte predominancia de la minería.
El aumento golpea a los sectores de menores ingresos quienes observan con preocupación el detrimento de su poder adquisitivo, pero también a nivel de clases medias, por cuanto el alza incide directamente en las dificultades de obtener a un crédito hipotecario debido al alza de las tasas de interés por parte del Banco Central, lo que parece profundizar el problema del acceso a la vivienda.
Las proyecciones para el 2022, tampoco resultan tan alentadoras. La inflación internacional y la amenaza de guerra en Ucrania contribuyen al alza del precio del petróleo. A nivel interno, los efectos del aumento del consumo producto de los retiros de las AFP's continúan sobrecalentando la economía y los economista ya adelantan una nueva alza de tasa del BC para marzo.
El panorama, sin duda, es complejo y requiere de señales que ayuden a despejar incertidumbres, respecto a nuevos retiros contribuiría a estabilizar el mercado interno.
La nueva administración tendrá la difícil tarea de asumir un escenario económico crispado y de altas expectativas sociales que esperan ser resueltas. A nivel regional, en tanto, los efectos de la escalada inflacionaria seguirán afectando mayormente a sectores de menores ingresos. Es de esperar que se pueda contar con políticas públicas que no solo aminoren la pérdida de poder adquisitivo, sino además, contengan el aumento en los indicadores de pobreza extrema en la región.