Efe
Las elecciones del 7 de noviembre pasado en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega obtuvo un 75% de los votos, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición, determinó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre las recientes elecciones nicaragüenses, cuya legitimidad fue puesto en duda por la comunidad internacional, y la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif lamentó "el deterioro de los derechos civiles".
Al-Nashif, dijo que en esas elecciones Nicaragua perdió la oportunidad de avanzar "a una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018".
En lugar de ello, "el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder", aseguró la alta comisionada.
En el periodo electoral entre mayo y octubre, la oficina de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, entre ellos siete posibles candidatos a los comicios.
Detenciones arbitrarias
Todos ellos "fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos", subrayó Al-Nashif, quien denunció que 35 de esas personas siguen detenidas en el centro de prisión preventiva "Nuevo Chipote", en las afueras de Managua.
"Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas", lamentó.
Las condiciones en las que permanecen estos detenidos son un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a constituir torturas, declaró Al-Nashif.
A estos arrestados la oficina de la ONU suma otros ocho activistas y periodistas detenidos durante el fin de semana electoral y en las jornadas posteriores, de los que sólo tres han sido liberados, mientras el resto están también recluidos en régimen de incomunicación.
La alta comisionada adjunta subrayó que todas las personas detenidas arbitrariamente "deben ser puestas en libertad de inmediato", y también se debe restablecer la personalidad jurídica de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que la perdieron en los meses previos a los comicios.
En este sentido, Al-Nashif recordó que tres partidos políticos perdieron su personalidad jurídica antes de las elecciones, "dejando a importantes grupos políticos que surgieron de las protestas de 2018 sin la capacidad de presentar candidatos". También se ilegalizaron 45 organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil.
El hostigamiento y las detenciones arbitrarias "limitaron la capacidad de los defensores de los derechos humanos para observar el proceso electoral", dijo Al-Nashif, quien recordó que Nicaragua no invitó a observadores internacionales a los comicios.
3 partidos políticos competitivos perdieron su personalidad jurídica antes de las elecciones.
39 detenciones arbitrarias entre mayo y octubre documentó la Oficina que dirige Michelle Bachelet.
