En la última semana de octubre tuvo lugar la primera clase magistral en la "Cátedra Chile", creada por Decreto de su Rector en la Universidad Católica de Salta. Y el próximo 24 de noviembre será la primera clase magistral en la "Cátedra Argentina", creada también por oficio del Rector de la Universidad Católica del Norte. Ambas actividades, que continuarán en forma permanente para generar un mayor y mejor conocimiento recíproco entre nuestros países vecinos y -sobre todo- entre nuestras regiones limítrofes, forman parte de un Programa de Integración Vecinal fronteriza, auspiciado por la Dirección América del Sur de la Cancillería chilena, a través de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional de Antofagasta. Este proyecto, que ejecuta el Instituto de Economía Aplicada Regional de la Universidad Católica del Norte, comprende otros intercambios en carreras de comercio exterior y logística, así como en otras actividades de integración que ejecutan también otras Universidades de Jujuy y de Antofagasta.

La primera Cátedra Chile -presencial en la Universidad salteña y virtual para otros asistentes del noroeste argentino y del norte de Chile- estuvo a cargo del investigador e historiador José Antonio González, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte. La exposición versó sobre la consideración de la frontera chileno-argentina en el norte como un espacio social. La primera Cátedra Argentina tratará "Las asimetrías constitucionales en los procesos de integración subnacional: el caso argentino".

De esta manera, las universidades regionales activan y profundizan su participación en los esfuerzos de integración entre nuestras regiones fronterizas, que se iniciaron con mayor participación empresarial, la que se institucionalizó a mediados de la década del 70' con la creación del Grupo Empresarial Interregional del Centro Oeste Sudamericano (Geicos) y que luego ha sido empujado por los gobiernos subnacionales de las regiones cercanas al Trópico de Capricornio no sólo de Chile y Argentina, sino también de Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil e incluso últimamente Uruguay, cuyos departamento también forman parte hoy de la Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano (Zicosur).

La importante participación universitaria se ha intentado desde la creación del Consejo Rectores para la Integración del Centro Oeste Sudamericano, la Comisión Universitaria de la Zicosur y la Mesa Universitaria del Grupo de Trabajo del Corredor Bioceánico Vial. Sin embargo, el avance de la ciencia y la tecnología torna cada día más imperiosa y urgente que la investigación y el conocimiento aplicado de la academia se ponga también al servicio del proceso integracionista, para aprovechar más íntegramente sus vastas posibilidades, sobre todo para la diversificación productiva y el mayor valor agregado posible a nuestros productos, así como para el avance en la exportación de servicios.

Como lo sostiene hoy el Gobierno Regional de Antofagasta ya no basta con la sinergia púbico-privada; ni siquiera con la triple hélice si a esos dos sectores le agregamos la academia. También es vital la participación de la ciudadanía, de sus organismos vecinales, comunitarios, municipales y entes provinciales. La acción concreta de gobiernos, entes empresariales y Universidades, así como el conocernos más y mejor entre todos, incitará y facilitará la participación de la comunidad. De allí la importancia de hechos como los que hoy destacamos.

Qué duda cabe que nos encontramos ante una crisis climática sin precedentes, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, señaló que el momento para hacer algo es ahora. Los países adquirieron en la COP 21 de Paris, sus compromisos con objeto de mitigar los efectos del calentamiento global, y que este no supere para el 2100 los 2 grados, idealmente 1,5 grados. Nuestro país ha ido actualizando su compromiso alcanzado en el Acuerdo de Paris del 2015, y así ahora en la COP 26, desarrollada en Glasgow, Chile se compromete a tomar medidas importantes para adelantar su actual plazo de eliminación del carbón de 2040, transitando a energías limpias. Pero actualmente pareciera que la pregunta es ¿volver a las cavernas o desarrollo sustentable?

Nos encontramos en un punto de no retorno. La minería, motor de nuestra economía, es un actor principal para hacerle frente a esta crisis climática, las llamadas "energías limpias" y la electromovilidad, fundamentales para alcanzar las metas propuesta en el Acuerdo de Paris, requiere de minerales, por lo que hace que este sector sea un actor relevante. De hecho, se estima que, por esta razón la demanda de cobre para el 2050 se incrementará un 50% y la demanda de litio, se cuadruplicará al 2030.

Por esto llama la atención lo señalado por la Constituyente Ivanna Olivares en la comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, a la cual pertenezco, en el sentido que se debe dictar una norma transitoria que tenga por objeto la paralización de los procesos de evaluación ambiental extractivos, que han sido presentados posteriormente al plebiscito y hasta la implementación de la nueva carta fundamental; También extraña lo referido tanto por la coordinadora de la comisión Camila Zárate y el Convencional Fernando Salinas, en el sentido que la única solución para la crisis ambiental es el decrecimiento económico.

A mi modo de ver, ésta no es la solución. Detener los proyectos mineros no sólo dificultará cumplir las metas del Acuerdo de Paris, sino hará imposible cumplir los sueños de los chilenos mejor salud, educación, pensiones etc. La solución es otra, y es tener una producción sostenible, con proyectos productivos sustentables, que respeten estrictamente las normas ambientales, cuiden el medio ambiente y tengan una verdadera relación con la comunidad para obtener así el apoyo de las personas. Chile produce sólo el 0,25% de las emisiones globales, pero su aporte a la solución del problema mundial puede ser infinitamente superior. La disyuntiva es clara o somos parte de la solución con desarrollo sustentable o parte del problema y volvemos a la época de las cavernas. Yo me inclino por la primera.

Durante años los partidos de la antigua Concertación y otros más de izquierda impulsaron campañas y también iniciativas legislativas para terminar con el sistema binominal de elecciones, porque a las claras era injusto y no respetaba el sentir de las mayorías. Fueron décadas y recién hace algunos años se terminó con el binominal y se adoptó un sistema proporcional que favorece a los sectores que logran mayor votación en las urnas.

Una modalidad mucho más democrática y representativa de sectores mayoritarios. No obstante, sigue adoleciendo de algunas situaciones que son difíciles de justificar, como el hecho que candidatos que tengan menos del 1% de adhesión logren algún cupo de elección popular gracias a la alta votación de su compañero o compañera de lista, el conocido arrastre.

Y no es solo ello, porque quedan fuera otros aspirantes que tuvieron una apreciable votación pero que como lista no sumaron los votos suficientes. De hecho, al a la Cámara Baja ingresarán seis candidatos que obtuvieron una votación inferior al 2% y cuatro de ellos menos del 1%.

En nuestra región, en las parlamentarias y de consejeros regionales hubo algunos casos que claramente ponen una mirada crítica al sistema proporcional y a la metodología D'Hondt y abren una puerta para que sea reestudiado y se logre eliminar algunas injusticias electorales como las vividas.

Hubo candidatos como Sacha Razmilic Evópoli), en la elección de diputados que fue una de las mayorías pero quedó fuera. En la de consejeros regionales en la provincia de Antofagasta Eslayne Portilla (PRI) fue la segunda mayoría y no le alcanzó para ser reelecto lo mismo que Sandra Pastenes (PS) en la provincia El Loa, que fue tercera mayoría.

Para salvaguardar e impedir que se siga repitiendo estas inconsistencias se podría definir porcentajes mínimos y con ello salvaguardar que exista un respaldo respetable en las urnas para quienes ocuparán cargos de elección popular.

También se podría optar por un sistema proporcional mixto, que se aplica en algunos países de Europa, que logra respetar los pactos mayoritarios evitando las inequidades comentadas.

Tal vez en lo inmediato no sea un tema de discusión, pero debiera tener un pronto debate.