Abanderados presidenciales del oficialismo y la oposición mostraron diversas visiones frente al allanamiento de la sede del Partido Comunes, en el marco de la investigación por rendición de gastos de campaña de la candidata a senadora Karina Oliva. El oficialista Sebastián Sichel destacó que "hay una investigación", mientras que su par opositor, Gabriel Boric, dijo que "en la democracia que aspiramos las policías no allanan con metralletas a organizaciones políticas opositoras".

"Son los tribunales de Justicia, Carabineros y las Fuerzas (Armadas) quienes determinan (los procedimientos), pero es ridículo tratar de acusar intervencionismo electoral cuando efectivamente hay una investigación en curso y hemos visto que la evidencia es real", afirmó Sichel frente al procedimiento liderado por el GOPE, donde se derribaron puertas y hubo armamento de alto calibre en el centro de Santiago.

"Nos gustaría que siguieran aclarando, ese partido en particular y el mundo de la izquierda en Chile, el por qué pueden pasar esas cosas en ese sector político y por qué no las aclaran más que estar denunciando intervencionismo", agregó el abanderado de Chile Podemos+, junto con que "es mucho más fácil ser transparente y ellos mismos entregar todos los antecedentes necesarios para investigar".

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, escribió en su cuenta de Twitter que "lo he repetido estos días: rechazo las malas prácticas y todo debe ser investigado sin matices", en referencia a la situación de Oliva, a quien le retiró el apoyo en su candidatura a la Cámara Alta una vez conocidos los abultados honorarios que recibía su equipo, razón por la cual pidió a sus partidarios votar por otros candidatos de la oposición.

"Dicho esto, espero convengamos en algo: en la democracia que aspiramos las policías no allanan con metralletas a organizaciones políticas opositoras, con transmisión en vivo a horas de la elección", sostuvo el también diputado CS.

La presidenta de la DC -partido que respalda la candidatura de Yasna Provoste-, Carmen Frei, agregó que "nadie en democracia puede aceptar un allanamiento tan desproporcionado. Todos queremos que la justicia actúe con rapidez y en este caso también, pero no queremos señales de intervencionismo electoral. Esto jamás se vio en los casos de corrupción previamente investigados".

El PS, que también forma parte del conglomerado Unidad Constituyente, dijo que "hacemos un llamado al Ministerio Público a actuar con decisión y celo en la investigación, pero con prudencia y responsabilidad".

CS, en tanto, rechazó lo ocurrido en la sede de Comunes, partido con el que forman Apruebo Dignidad, y destacó en sus redes sociales que "no olvidamos que esto (el procedimiento) sucede justo a horas de que la Contraloría dictaminara la responsabilidad del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por irregularidades en su periodo como alcalde de Estación Central".

A 48 horas de iniciarse el proceso electoral de mañana, el escenario político se vio sorprendido el viernes por la polémica desatada a raíz del allanamiento a la sede del partido Comunes, en Santiago, con un amplio despliegue policial y transmitido en directo por televisión. El procedimiento suscitó ayer diversas críticas, donde el Servicio Electoral (Servel) destacó "la sensibilidad de esos hechos en la forma en que se hizo".

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) durante las últimas horas del viernes quitó rejas y derribó la puerta de Comunes -Frente Amplio -, sede ubicada en el centro de Santiago, tras el inicio de la investigación contra la candidata a senadora Karina Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos de campaña a gobernadora, durante las votaciones de mayo.

El presidente del Servel, Andrés Tagle, dijo ayer en Mega que "tengo mis reservas de ese procedimiento con esa violencia y televisado, que haya sido un procedimiento necesario para este tema y ad portas de una elección, con un partido que participa y que no es solo un candidato. Tengo mis reservas sobre la sensibilidad de esos hechos en la forma que se hizo".

A juicio, de la autoridad, "la discusión ha estado centrada si el honorario alto es correcto o bajo", ya que Oliva declaró una campaña por $137 millones. Sin embargo, "este tipo de allanamiento no va a entregar evidencia sobre el nivel correcto de un honorario profesional en una campaña".

"desproporcionado"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, pidió ayer un informe sobre el procedimiento al persecutor de la Región Metropolitana Sur, Héctor Barros, junto con enviar un oficio al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, "por el desproporcionado uso de fuerza en el ingreso a la sede" política, indicó el Ministerio Público. "Lamentamos la forma, no la compartimos", dijo Abbott.

La Asociación de Fiscales, en tanto, subrayó que el allanamiento fue autorizado judicialmente, no obstante, se declaró "impresionada" por las "imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas".

"Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un Estado democrático de derecho", sostuvo el gremio.

El fiscal de Alta Complejidad, Milibor Bugueño, afirmó, a pocas horas de ocurridos los hechos, que "se intentó solicitar la autorización para tener registro en distintos lugares y como no se logró, se pidió la autorización judicial", y el GOPE "concurre por seguridad a todos los ingresos a inmuebles".

"Este tipo de allanamiento no va a entregar evidencia sobre el honorario profesional en una campaña".

Andrés Tagle, Presidente del Servel

"(Fue) una afectación innecesaria a los derechos de los investigados, inaceptable en un Estado democrático".

Asociación de Fiscales