El Gobierno cubano logró sofocar casi por completo la protesta promovida por la oposición con un fuerte dispositivo policial en las principales ciudades, concentraciones de repudio, detenciones de opositores y bloqueos en las casas de activistas y periodistas independientes.
Las calles de la capital, La Habana, aparecían especialmente calmadas sobre las 15.00 horas, cuando se suponía que debía comenzar la marcha cívica del 15N en busca de un cambio político que convocó el colectivo Archipiélago y no autorizó el Gobierno.
La presencia policial en las calles del centro capitalino era mayor de la habitual y en parques y esquinas vigilaban agentes de seguridad del Estado vestidos de civil.
El canciller cubano Bruno Rodríguez habló en una transmisión por Facebook de "operación fallida" de Estados Unidos para vender una "imagen irreal" de su país.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, esbozó un panorama muy distinto y lo calificó como "desolador".
"El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta", agregó.
La situación en las calles era tal que resultaba incluso difícil encontrar peatones en La Habana con prendas blancas, el color elegido como símbolo por los convocantes de la marcha.
La población en general evitaba ese color, consciente de las connotaciones y las posibles repercusiones, según recabó Efe en diversos testimonios que aseguraron temer ser foco de interrogatorios.
Además, muchos edificios oficiales amanecieron cubiertos de grandes banderas cubanas y funcionarios de varios ministerios celebraron junto a sus oficinas actos de reafirmación oficialista.
Detenciones y bloqueos
La jornada se mantuvo en una tensa calma con múltiples denuncias de detenciones a opositores cubanos.
En este contexto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció la detención de su vicepresidente, Manuel Cuesta Morúa, mientras que en redes se denunció el arresto de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, Ángel Moya.
Agentes de la seguridad del Estado impidieron a otros salir de sus casas, como es el caso de los periodistas Abraham Jiménez Enoa y Camila Acosta.
"Sigo sitiado por policías y agentes vestidos de civil. Vecinos me dicen que el operativo de hoy es superior al de ayer. No lo puedo ver desde mi balcón porque un árbol los tapa. Solo veo sus pies. ¿Le temen tanto al periodismo, a que salga a contar la verdad?", reclamó Jiménez.
En este difícil contexto, grupos afines al Gobierno cubano realizaron "mítines de repudio", una especie de concentraciones intimidatorias frente a domicilios de activistas, como Saily González, del colectivo Archipiélago.
El líder de este grupo disidente, Yunior García Aguilera, también se vio forzado a quedarse en su domicilio, como pudo comprobar Efe. En la víspera ya no había podido salir por la presencia de agentes de la seguridad del Estado cuando había querido marchar en solitario por La Habana en la antesala del 15N.
La ONG opositora Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, ha registrado más de 200 "actos represivos" en los últimos tres días, entre ellas al menos 49 retenciones en domicilios y 25 casos de amenazas.
El gobierno se impone
El régimen cubano consideró "ilícita" la protesta y no la autorizó -como ninguna previa convocada por la oposición en seis décadas- acusando que detrás se encuentra la "estrategia imperial" de Estados Unidos, como dijo la semana pasada el presidente Miguel Díaz-Canel.
Además, el Gobierno tenía interés en acallar la protesta porque la fecha tenía un significado muy distinto en su calendario. Coincidía con la vuelta a la actividad presencial en centros escolares tras el cierre provocado por la pandemia, la reapertura de la isla al turismo internacional y parte de los festejos por el 502 aniversario de la fundación de La Habana.
Esta vuelta a la normalidad es clave para aplacar el descontento social, dado que la pandemia y el desplome del turismo agravaron la ya severa crisis económica -con carestía, colas e inflación- que también se vio empeorada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
