Siguen sumándose antecedentes respecto a W.P.B., el exfuncionario de la Delegación Presidencial Regional a cargo de supervisar las operaciones de drones, y que fue detenido la semana pasada junto a otras tres personas transportando 23 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, valorizados en 154 millones, además de armas. Actualmente, el imputado se encuentra en prisión preventiva junto a los otros acusados.
W.P.B., además, es militante de Renovación Nacional (RN), y distintos actores políticos lo vincularon con trabajo de campaña en terreno con candidatos oficialistas. Sin embargo, durante el lunes pasado ningún militante de esa colectividad en la región reconoció vínculos, ni trabajos, con el exsupervisor.
Programa piloto
Fuentes conocedoras del funcionamiento de la unidad de prevención del delito en la región, explicaron que el detenido tuvo acceso a información privilegiada, debido a que una de las funciones que realizaba tenían relación con el apoyo a la labor del OS7, el departamento especializado en la investigación de drogas en Carabineros.
El proyecto "Televigilancia Móvil" se encarga de la operación de aeronaves remotamente pilotadas con cámaras de alta definición para obtener información visual y transmitirla a una central de monitoreo regional. La iniciativa, que se inserta en el plan "Calle Segura" de la SPD, era utilizada también para la búsqueda de personas extraviadas, monitoreo del caudal del río Loa por aluviones, vigilancia de quebradas y durante las protestas del estallido social, entre otras.
Su puesta en marcha e implementación, desde noviembre del 2018 a diciembre del 2019, fue financiada con recursos del la SPD por un total de $585 millones. Para dar continuidad al periodo 2020-2022, la subsecretaria firmó un convenio con el Gobierno Regional para el cofinanciamiento del programa por un total de 1.253 millones de pesos.
Con ello, el proyecto piloto que se inició con tres drones (dos en Antofagasta y uno en Calama) fue ampliado a un equipo permanente en Tocopilla y un equipo adicional en la capital regional.
Finalmente, el 21 de agosto del 2020, con la firma del exintendente Edgar Blanco, el programa fue traspasado oficialmente a la Intendencia Regional, actual Delegación Presidencial Regional.
Durante todo ese tiempo W.P.B. fue el supervisor del contrato y tuvo acceso directo a importante información de seguridad regional, como por ejemplo, las sesiones regionales del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), junto con autoridades de Carabineros y de la ex Gobernación Provincial, según se observa en fotos publicadas en Twitter por la coordinadora regional de Prevención del Delito, Valeria Ibarra (RN).
Además, según publicó ayer La Tercera PM, durante el 24 de octubre se efectuó una reunión entre los imputados en las dependencias de la DPR afirma en el artículo que "el vínculo de operaciones de narcotráfico, tratadas y acordadas en dependencias de un ente gubernamental, preocupa a las autoridades regionales, y también a las policías, dado que el grupo pudo haber obstruido una operaciones relaciones al narcotráfico en la región".
Más antecedentes
El fiscal jefe de Sacfi, Juan Castro Bekios, explicó que este caso "se trataba del transporte de drogas entre la Región de Tarapacá y Antofagasta. A propósito de esa investigación de drogas, el día 26 de octubre se realiza un control a dos vehículos, que se aproximaban a la ciudad de Antofagasta (...). En el segundo vehículo iba una persona, que trabajaba en el programa de drones, con el cargo de supervisor. En ese vehículo se incautaron 23 kilos de droga, dos armamentos prohibidos -adaptadas para el disparo, pero que sí tienen capacidad de fuego-, y municiones".
El fiscal añadió que "en la audiencia de formalización, se comunica que el segundo de los vehículos llevaba una señalética del Gobierno de Chile, que evidentemente tiene que ser periciada para saber si es auténtica o no. Y el conductor del vehículo llevaba una credencial de la central de televigilancia que está a cargo de los drones que se utilizan en las diversas vigilancias. Este elemento también tiene que periciarse, pero eso no tiene que ver con que efectivamente esta persona trabajaba en la central de televigilancia".
Finalmente, el fiscal declaró que se decretó el secreto de la investigación.
Presidente de RN
Ayer, en tanto, el presidente nacional de RN, Francisco Chahuán, solicitó al Tribunal Supremo aplicar la máxima sanción que disponen los estatutos del partido para el imputado.
"En mi calidad de presidente nacional del partido y en representación de un importante número de militantes que han tomado contacto conmigo, como también de la presidenta regional de Antofagasta (…), es que vengo en solicitar se proceda a disponer el aplicar la máxima sanción que disponen los estatutos del partido, esto es la expulsión inmediata, por las graves faltas a los principios y valores que inspiran a este partido", se lee en el escrito.
Cuatro días después de conocidos los hechos, la subsecretaria de Prevención del Delito María José Gómez, manifestó que, si bien los drones fueron financiados por su entidad, su ejecución estaba a cargo de la DPR. "Apenas se conocieron estos hechos, esta persona fue desvinculada inmediatamente", dijo Gómez, y agregó que "además la delegación, en las próximas horas, va a presentar una querella para perseguir los hechos que se imputan a este supervisor", dijo.
En paralelo, ayer la diputada Marcela Hernando emplazó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a realizar una reunión junto a las autoridades y todos los parlamentarios de la región, y recalcó que "es gravísima la situación".
