Mayor compromiso con la educación superior
"Cada año vemos con frustración que desde Ejecutivo disminuyen el presupuesto para educación superior".
Las universidades públicas juegan un papel fundamental y determinante en la democratización del conocimiento y en el desarrollo y progreso de la nación, al asignárseles, a través de la Ley 21.094, las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio y el territorio.
De acuerdo con este mandato legal, su función va estrechamente ligada al desarrollo y progreso de la nación, y constituyen la principal fuente de generación de conocimiento en las más diversas disciplinas. Cumplen además la tarea de formar el capital humano avanzado que debe sustentar el avance y crecimiento del país.
Desde la Universidad de Antofagasta, tenemos plena conciencia de esta enorme responsabilidad, la que hemos asumido con entrega y compromiso a lo largo de nuestra trayectoria institucional, y muy especialmente en este periodo de pandemia, donde hemos sido actores relevantes. Es justo mencionar que esta crisis sanitaria ha servido para poner en valor la importancia que tienen el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el país.
Pese a lo anterior, sentimos un total abandono de parte del gobierno, pues el trato que se nos da, no se condice con los desafíos que se nos imponen, dado que no hay una señal clara de financiamiento basal para las universidades del Estado. Cada año vemos con frustración que desde el Ejecutivo disminuyen el presupuesto para educación superior, afectando principalmente a las universidades regionales, que ya venimos arrastrando un déficit significativo.
El pasado 29 de septiembre, en sesión plenaria de los rectores que integran la Asociación de Universidades Regionales, AUR, se analizó el presupuesto 2022 para educación superior, que considera un reajuste cercano al 4% (sin considerar los incrementos necesarios para gratuidad para las nuevas instituciones privadas que ingresan al sistema), lo que está muy por debajo del IPC proyectado para el año 2022, que alcanzaría el 5.3%. A ello, se deben añadir los costos correspondientes a los reajustes en las remuneraciones del personal académico y administrativo, y la baja presupuestaria de -1,9% para la ciencia y -4,8% para la cultura.
Todo lo anterior nos deja en un escenario complejo. Estamos conscientes que transitamos por una crisis y que debemos ser austeros, pero no podemos poner en riesgo la sustentabilidad de las universidades del Estado, especialmente las regionales, que deben competir en condiciones muy desiguales con el resto de las instituciones de carácter privado.
En nuestras aulas y laboratorios damos acceso a los jóvenes que serán los profesionales y ciudadanos que liderarán al país en los más diversos escenarios. Impulsamos con fuerza el desarrollo de la investigación y propiciamos espacios de discusión y de reflexión profunda, para aportar a la mirada de la sociedad que queremos construir. Es por ello que esperamos que el Parlamento considere nuestros argumentos y que se nos permita revertir el adverso escenario que hoy nos tiene en alerta.