Cuestionan nombramientos de cargos en Inspección Fiscal del Hospital y el Serviu
POLÍTICA. Contraloría objetó designación de Sonya Giménez en la Dirección Regional del Serviu, mientras que gremios aseguran que la labor del exgobernador provincial Constantino Zafirópulos, como del inspector fiscal de la concesión del Hospital Regional, ha sido deficiente.
Una de las criticas más recurrentes, tanto de los gremios de salud del Hospital Regional, como de los representantes del sindicato N°1 de la Operadora Salud Siglo XXI, dependiente de la concesionaria Sacyr, es el rol que ha jugado la inspección fiscal en la serie de incidentes que se han presentado al interior del establecimiento.
Fugas de gases, caídas del sistema informático, deficiencias en la disponibilidad de ascensores, y blackout eléctricos por casi tres horas, son parte de las más graves reportados en los casi tres años de funcionamiento del modelo concesionado. En cada uno de ello la inspección técnica fiscal, dependiente de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, juega un papel fundamental por cuanto es quien fiscaliza y supervisa el cumplimiento del contrato de concesión.
Para la diputada Marcela Hernando, uno de los principales problemas del modelo concesionado se originó con la decisión del Minsal de incorporar los servicios de aseo y lavandería a la concesión. "Se consideraron auxiliares y que no iban a afectar la parte clínica, pero en la práctica queda demostrado que sí terminan influyendo en la actividad. Ese fue el pecado original. Es un contrato que maneja el MOP que no dejó influir a Salud a la hora de hacer las bases de licitación. Y cuando quieres reclamar algo, el Minsal no tiene ninguna herramienta. La única es la evaluación semestral de servicios que muy pocos conocen", indicó.
Para Hernando, el perfil del inspector técnico, como las atribuciones de salud sobre el contrato, deben modificarse.
"Constantino Zafirópulos representa al MOP. Es un nombramiento político y lo único que va a hacer es pedirle a la concesionaria que cumpla con el contrato. Y para eso la vuelta es enorme, improductiva para el trabajo de un hospital. Este es un modelo perverso. Hay que cambiarlo y darle más atribuciones a Salud para que interactúe directamente con la concesionaria", señaló.
La figura de Zafirópulos, relacionador público de profesión, de larga carrera política en el sector del oficialismo, y quién asumió el cargo en septiembre del 2020, es ampliamente criticada por los gremios de salud. Wilson Gallardo, secretario de la Fenpruss del HRA sostuvo que ante las denuncias de fallas en los distintos servicios, existe nula retroalimentación por parte de la inspección fiscal.
"Es el puente entre la dirección del hospital y el concesionario. En la historia de los concesionados en el país los inspectores no duran más de un año medio. Lo dijimos en reiteradas oportunidades. En este cargo, que es clave en la operación, necesitamos un técnico, con conocimientos de salud y que se preocupe de las fiscalización y controles hacia el trabajo y la gestión del concesionario", indicó Gallardo.
Caso del Serviu
El cuestionamiento a las competencias técnicas de cargos estratégicos de la administración pública, también alcanzan al Serviu de Antofagasta.
A través de un pronunciamiento del 2 de septiembre, la Contraloría Regional determinó que quién ejercía el cargo como directora subrogante, Sonya Giménez Muñoz, no cumplía con los requisitos indicados en el estatuto administrativo, ni en los establecidos por el propio MINVU para la subrogación de un cargo definido por Alta Dirección Pública (ADP).
A juicio de la CRR, Giménez, ingeniera comercial, se desempeñaba como encargada suplente del Departamento de Programación y Control del Serviu, cargo que no la habilitaría como parte del estamento directivo del servicio y por ende no la calificaría para asumir labores de subrogancia del primer nivel jerárquico, tal como indica la normativa.
"En ese contexto, esa Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, deberá informar a esta Entidad de Control, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio, respecto de las medidas adoptadas para regularizar la situación expuesta, pues al no cumplir la citada funcionaria con la exigencia de desempeñarse en la plaza directiva de Jefe de Departamento de Programación Física y Control, requerida para ejercer la subrogancia en examen, ésta se deberá dejar sin efecto", indica el dictamen.
Consultado al respecto, desde el Serviu afirmaron que el nombramiento de Giménez sí se ajusta a la norma y que continuará en la subrogancia del cargo mientras se resuelve el concurso público por ADP.
"Atendida la inquietud planteada por Contraloría General de la República, esta Subsecretaría ha estimado prudente hacer uso de la facultad otorgada a la autoridad por el art. 81 del DFL N° 29/2004 como regla supletoria al DS N° 355/1977 para resguardar el ejercicio de la Sra. Sonya Giménez Muñoz como Directora (S) mientras se resuelve el Concurso de 1er Nivel Jerárquico que lleva adelante el Servicio Civil, el cual, de acuerdo a la información obtenida del portal de Alta Dirección Pública (ADP-7052), se encuentra en etapa de reclamación", indicaron.
Para Freddy González, presidente regional de la ANEF, la situación del Serviu puede tener alcances críticos por cuanto el dictamen no solo genera efectos en el nombramiento sino además en toda la documentación firmada por Giménez durante la subrogancia, la que sería nula o ilegal.
"Vamos a entregar todos los antecedentes a nuestros asesores jurídicos con la idea de poner un recurso de protección en tribunales para que se de orden de cumplimiento a este dictamen y que estas autoridades respeten el estado de derecho. Que es para todos y no solo para un sector político", indicó el dirigente.