Cristián Venegas M.

En noviembre de 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un proceso sancionatorio contra SQM Salar por su afectación en el Salar de Atacama, que concluyó con seis cargos, algunos de ellos leves, otros graves y uno de carácter gravísimo. Fue así que la empresa debió, para reparar el daño y evitar la sanción, elaborar un Programa de Cumplimiento (PDC) con el que la SMA y las comunidades atacameñas de la cuenca no están del todo de acuerdo.

El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza explicó, en relación al procedimiento sancionatorio que la SMA lleva adelante en contra de SQM Salar, que "recientemente se dictó la Resolución Exenta N 34 que resuelve lo siguiente: En primer lugar, la empresa en relación a su Programa de Cumplimiento (PDC) deberá incorporar una serie de observaciones técnicas que se realizaron en el documento".

"También observaciones de la comunidad atacameña de Toconao y además, se le entregó la calidad de interesada a la comunidad atacameña de Socaire, lo que le permite a ella incorporar algunas observaciones respecto de la propuesta de SQM Salar y su Programa de Cumplimiento", agregó la autoridad del SMA, organismo que dio a SQM un plazo de 15 días hábiles para cumplir el requerimiento, es decir, hasta el jueves 9 de septiembre.

Parte del proceso

Desde la empresa, en tanto, comunicaron que "efectivamente recibimos las observaciones por parte de la autoridad, de la presentación que hicimos en octubre pasado, por lo que ahora corresponde que entreguemos la propuesta con las mejoras solicitadas. Esto es parte normal del proceso".

Incertidumbre

Respecto de las observaciones ordenadas por la SMA a SQM Salar, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Manuel Salvatierra, se mostró crítico y expresó que la "salud" del Salar es en donde se centra su preocupación y que fue precisamente por ese interés que concurrieron ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que estableció "fundadamente el principio de incertidumbre".

"La SMA, agregó el comunero, da nuevamente opción para que SQM presente nuevas medidas al Programa de Cumplimiento, y esperamos que estas medidas puedan razonablemente salir del estado de incertidumbre para proteger la vida del Salar de Atacama. Estamos llanos al diálogo, pero esperamos que la sustentabilidad no sea 'parcial', sino completa y suficiente, por sobre todo con transparencia y responsabilidad".

"Es lo mínimo"

Por su parte, el coordinador de la unidad de Medio Ambiente del CPA, Francisco Mondaca, dijo que lo solicitado por la SMA "es lo mínimo que debiera realizar, entendiendo que el PDC cumplimiento de SQM sigue siendo deficiente y no reduce la incerteza científica que existe en el Salar de Atacama, los informes técnicos no profundizan, sumado a la gran incongruencia de los Planes de Alerta Temprana que existe en el salar y que el estado está haciendo omisión, ósea cada empresa por su lado".

"Ahora, este proceso sancionatorio pasó a ser vicioso, desde el año 2016 que sigue esto, dando una y otra oportunidad a la empresa mientras sigue operando normal, en donde las exigencias cautelares no se hace cargo del todo de las variables críticas, por lo que acá vemos que predomina lo económico por sobre los ecosistemas que hoy en día están en alarma de acuerdo al informe entregado por el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y que ya se está evidenciando en la zona", añadió el profesional del CPA, que aglutina a 18 comunidades.

US$25 millones estaba avaluado el PDC de SQM Salar, unos 17 mil 205 millones de pesos aproximadamente.

18 comunidades indígenas atacameñas conviven en la cuenca del Salar de Atacama ubicado en San Pedro.

15 días hábiles tiene la minera para resolver las observaciones hechas a su Plan de Cumplimiento (PDC).

El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, se excusó de participar en la próxima sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza la licitación y adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), que en enero de este año fue adjudicada al consorcio estadounidense Associated Universities Inc. (AUI).

El candidato presidencial de "Chile Podemos +" argumentó que no tiene antecedentes que aportar en la materia, "pues mientras fui vicepresidente ejecutivo de Corfo, no tocó participar en la adjudicación (...) mientras ocupé dicho cargo solo se realizó la etapa previa a la licitación y adjudicación".

Sichel, quien detalló que su paso por Corfo se extendió hasta el 14 de junio de 2019, cuando la etapa de "solicitud de información" continuaba en desarrollo, y agregó que espera que el interés de la Comisión "sea apoyar el desarrollo de la innovación en Chile, en tiempos en que el trabajo legislativo y labores de investigación deben estar concentradas en el bienestar futuro del país y sus ciudadanos y no en buscar objetivos políticos de corto plazo".

"habría sido muy útil"

Por su parte, la diputada de la Región de Antofagasta e integrante de la Comisión Investigadora, Marcela Hernando, lamentó la negativa de Sebastián Sichel, como sí lo hizo el también ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, "quien fue capaz de contarnos todo lo que él había visto respecto de este Instituto para Chile".

"Me parece que el señor Sichel no puede lavarse las manos y decir que él no tuvo nada qué ver en el asunto, o que no formó parte, o que solamente se hicieron las etapas previas de la licitación, porque era el responsable de ese organismo cuando se estaban preparando precisamente esos procesos y habría sido muy útil que fuera él, el que de alguna manera, nos diera los antecedentes para definir que él no tuvo ninguna participación", añadió.

"Esto de negarse a ir a una comisión investigadora y, además, en su carta de excusa acusarnos de que queremos solamente la utilización política de corto plazo, me parece un despropósito, qué pena que él no esté disponible para la transparencia necesaria en este proceso", dijo Hernando.

2021 en enero de este año fue adjudicado el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) al consorció AUI.