Cristián Venegas M.

En abril de 2020 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda contra Minera Escondida, que fue acogida por el Primer Tribunal Ambiental (1TA), por el daño causado en el Salar de Punta Negra. Sector desde donde la operación de BHP extrajo agua para sus procesos productivos entre los años 1990 y 2017, provocando una disminución severa de los niveles del acuífero que compromete su regeneración.

La acción del CDE dio paso a una conciliación en que tomaron parte la comunidad de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y la minera; junto con el Primer Tribunal Ambiental que actuó desde octubre de 2020 como "amigable componedor". Proceso que se extendió hasta el 26 de mayo de este año cuando se dio a conocer el acuerdo que el 1TA llevó a revisión para velar que las medidas propuestas se hagan cargo efectivamente del daño causado.

Hito histórico

Ayer finalmente, en un hecho inédito, el Tribunal informó que aprobó el Acuerdo de Conciliación que considera 19 medidas de gestión, compensación y reparación del daño ambiental ocasionado por Escondida en el Salar de Punta Negra, por un monto que podría alcanzar los 67 mil millones de pesos, unos US$93 millones, y que se pondría en marcha dentro de seis meses.

Desde el 1TA detallaron que en el convenio destaca la conformación de la "Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños" y la elaboración y validación de un Plan de Manejo que llevará adelante la minera para contribuir a la recuperación natural del acuífero.

Este último punto se basa en el artículo 42 de la Ley 19.300 por lo que deberá ser autorizado por el ministerio de Medio Ambiente (MMA), y podrá ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Plan que contempla medidas que permitirán restaurar, compensar, y mantener los múltiples servicios ecosistémicos y la protección de microorganismos del salar, incluyendo los extremófilos, organismos capaces de vivir en condiciones extremas.

En tanto, la Mesa de Gobernanza facilitará el diseño, la co-construcción, ejecución y seguimiento de las medidas de manera participativa, coordinada y en igualdad de condiciones para la Subcuenca del Salar de Punta Negra y estará conformada por dos representantes de Peine; del Estado designados por el CDE en el ejercicio de sus competencias de coordinación; de Minera Escondida; y un representante del CPA.

Los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Óscar Clavería realizaron la revisión del acuerdo con el fin de procurar que éste cumpliese con el principio de indemnidad que le encarga la Ley 20.600 de tribunales ambientales y que tiene que ver con que se implementen medidas de reparación ambiental del daño causado. El monto total del acuerdo es de US$81 millones 192 mil 184, pudiendo superar incluso los US$93 millones.

La empresa

Desde BHP, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida, Cristóbal Marshall, dijo que valoran "el esfuerzo realizado por todas las partes para llegar a este acuerdo. Este es el fruto de un trabajo conjunto en el que primó la voluntad de diálogo y un marcado compromiso por la sustentabilidad del salar de Punta Negra".

"Esta, agregó el ejecutivo, es una gran noticia para todos, pero la tarea continua. Ahora viene la implementación de un plan medioambiental para apoyar la sustentabilidad del Salar de Punta Negra en el que trabajaremos de manera conjunta y coordinada con la comunidad de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y las autoridades medioambientales".

Marshall destacó además que "el acuerdo incorporó las medidas medioambientales que Escondida ha implementado en Salar de Punta Negra desde el año 1996, para permitir la recuperación y conservación de la flora y fauna del sector". Asimismo, dijo que la empresa "asumió un compromiso con la sustentabilidad de largo plazo, dejando de utilizar aguas altoandinas, y reemplazándolas por agua desalada el año 2019".

$67 mil millones costarían las 19 medidas de gestión, compensación y reparación que son parte del acuerdo.

27 años extrajo agua Minera Escondida desde Punta Negra, ubicado a 170 kilómetros

250 km. al sureste de Antofagasta.

A través de una declaración pública, la Comunidad Atacameña de Peine informó el término del proceso de búsqueda de reparación tras el daño ambiental ocasionado por Minera Escondida en el Salar de Punta Negra; resolución que obligará a la compañía a invertir 93 millones de dólares en dicha recuperación.

Se trata de la sentencia dictada ayer, tras la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que fue respaldada por la Comunidad Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños, con el objetivo de buscar una reparación ante el impacto provocado por la minera durante más de 20 años.

"La decisión de sumarnos a este proceso y a su mesa de gobernanza, mandatados por nuestra asamblea, estuvo siempre fundada en el compromiso que tenemos con la defensa del Salar de Punta Negra. Por lo mismo decidimos ser parte de esta demanda, poniendo siempre como principio la indemnidad ambiental, y buscando asegurar que el Estado y la compañía no cayeran en la usual práctica de compensar económicamente los daños ambientales provocados", es parte de la declaración dada a conocer por la comunidad.

En este contexto, su presidenta es enfática en señalar que la conformidad con lo acordado radica justamente en la inversión que significará. "Los 93 millones de dólares que Minera Escondida debe invertir en la reparación del Salar de Punta Negra, no van al bolsillo ni de la comunidad de Peine, ni de ninguna de las comunidades de la cuenca del salar, si no que están al 100% destinadas a financiar cada una de las medidas que se acordaron en esta conciliación, y que buscan recuperar el salar. Esto significa un trabajo inmenso en el que la comunidad está decidida a invertir tiempo y recursos humanos para que esto se logre", sostuvo Amanda Barrera.

En términos más específicos, las medidas que serán aplicadas en un plazo de 15 años, van desde la elaboración de líneas bases inexistentes a la fecha, forénsica ambiental y modelaciones, así como la conformación de una mesa de gobernanza. "Acá se pone en el centro la protección y la recuperación del salar, tanto a nivel superficial, como son los sistemas de vegas, canales y lagunas, como a nivel del acuífero que como ha quedado demostrado en el proceso de conciliación, ha sido afectado durante los más de 20 años de operación de Minera Escondida", comentó Felipe Lerzundi, profesional de la Unidad de Control Ambiental de la comunidad.