La pandemia que afecta al planeta y que, por cierto, no excluye a nuestro país, ha venido en cambiar nuestra forma de vida, en todos los ámbitos, desde nuestra libertad de desplazamiento, las formas de trabajo, de estudio, hasta las formas de convivencia, lo que inevitablemente trae aparejado consecuencias positivas y negativas para nuestra sociedad y en particular en la Región de Antofagasta, en materia de acceso a la justicia.

En este sentido, para quienes nos desempeñamos en el ámbito de la justicia, específicamente en la Corporación de Asistencia Judicial, la pandemia ha significado un importante desafío para todos los actores de las misma, en cuanto a lograr consagrar el principio de que todas las personas, sin distinción de ninguna especie, tengan un real acceso a la justicia y en particular para ser representados por un abogado que pueda defender sus derechos, ya que el año 2020 fuimos testigos de una paralización casi generalizada de todos los juicios que se realizaban en los distintos tribunales de nuestro país.

Las suspensiones de audiencias y la falta de notificaciones sucedieron en principio, pero con el transcurso de los meses y fruto de la coordinación de todos los actores y la implementación de una nueva forma de trabajo, como es el sistema remoto, se logró reanudar los juicios, notificar las resoluciones y agendar las audiencias que se encontraban suspendidas.

Así las cosas, nuestra institución, la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, se ha constituido en un actor principal de este cambio, al poder representar a nuestros usuarios en los distintos juicios de nuestra competencia, concurrir en calidad de curadores en los juicios de niños, niñas y adolescentes y de adultos mayores, representar a víctimas de delitos en los tribunales penales y en general, entregar orientación e información a todos y a cada una de las personas que se acercan a nuestras unidades en búsqueda de una solución a sus problemática.

En este contexto, quisiera destacar que nuestra Corporación durante el 2021, en la Región de Antofagasta entregó orientación e información a 19.964 personas, mientras que 4.686 causas fueron patrocinadas, durante en este mismo periodo.

La coordinación con el resto de los actores involucrados y el real acceso a la justicia se ha erigido como el eje central de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsado por el Gobierno el Presidente de la República Sebastián Piñera y el Intendente Rodrigo Saavedra, dando preponderancia a los grupos más vulnerables de nuestra Región de Antofagasta.

Giancarlo Fontana

Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial

Se atribuye a las grandes crisis el legado de grandes lecciones. Pero sería engañoso pensar que se trata de un proceso natural, tal como nos ha mostrado con dureza la pandemia. Chile ha pagado un costo humano y económico demasiado elevado por la tardanza en llegar a aprendizajes compartidos.

En el Día de la Tierra, esta limitación en la toma de decisiones debe llamar a reflexión. La ONU y la Organización Meteorológica Mundial informan que la pandemia no ha detenido el calentamiento global: la desaceleración económica produjo una baja temporal de los gases de efecto invernadero, pero no cambió los niveles de concentraciones atmosféricas. En simple, estamos sellando la década 2011-2020 como la más calurosa de la que se tenga registro y con el 80% de las aguas marinas con aumentos de temperatura.

Por sus características geográficas, Chile cumple nada menos que siete de nueve criterios de vulnerabilidad climática. En la Región de Antofagasta, esta crisis se verá en la disminución y calidad del agua y alimentos; en las costas con aumentos en el nivel del mar, en intensidad de eventos hidrometeorológicos y de ocurrencia de periodos de escasez hídrica.

Lo relevante es que al igual que con el Covid-19, hay maneras de actuar a tiempo. No pretendamos detener el cambio climático, pero al menos aspiremos a moderar sus efectos más perjudiciales. La adaptación climática es el proceso de ajuste en nuestras manos para reducir los impactos negativos e incluso aprovechar oportunidades. Por cierto, esto requiere que muchas voluntades digan presente.

Primero, para destinar recursos fiscales a la altura del desafío. Como parte de un proceso de transición ecológica -que descarbonice aún más la matriz energética y cree nuevas industrias donde la innovación remplace la mera extracción de materias primas-, la adaptación climática invita a repensar nuestra mirada de la infraestructura y las obras públicas. Se necesita invertir más y mejor en obras portuarias, viales, hidráulicas, de canalización y diques, en cortafuegos, sistemas de alerta temprana, viviendas eficientes o soluciones basadas en la naturaleza. El Banco Mundial calcula que por cada peso invertido en infraestructura resiliente, se generan cuatro en beneficios.

Segundo, para convocar a una planificación de desarrollo territorial por encima de los ciclos electorales. Tenemos una oportunidad única de repensar nuestras regiones con autoridades que ahora serán elegidas en las urnas y por ende deberán rendir cuentas de sus acciones e inacciones. La nueva institucionalidad de los GORE debe usarse para acordar una ocupación del territorio más sostenible y políticas económicas, educacionales y sociales de largo plazo.

El tiempo es ahora. Los hechos no esperan. Bien lo decía Churchill, si no tomas el cambio por la mano, te tomará por el cuello.

Hace ocho meses que el comité asesor de ministros del Ministerio de Medio Ambiente entregó el Plan de Descontaminación Ambiental para Calama y zona circundante. La noticia fue recibida con alegría y con esperanza por la población calameña que estaba esperando por años que se contara con instrumento lo suficientemente claro para bajar los índices de polución ambiental en la comuna.

Existía la declaración como zona saturada por material particulado PM10 hace más de una década y aunque fue momentáneamente levantada, por razones que pocos conocen, existía la certeza sobre la necesidad de aplicar planes para mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Por ello la alegría al conocer que el plan estaba listo para su promulgación y pronta aplicación.

Lamentablemente una vez más existe tardanza en las aprobaciones finales. Falta que una de las instituciones importantes firme el documento para que luego sea despachado por el Poder Ejecutivo y pueda aplicarse.

Han transcurrido ocho meses, pero en realidad son más de 11 años los que Calama y su gente ha esperado para que se adopten medidas para descontaminar su ambiente. De allí que hoy surjan presiones, bien intencionadas, para que los inconvenientes se resuelvan prontamente y el plan se oficialice y dé tranquilidad a una comunidad que siente que los avances para mejorar su calidad de vida cuesta que se aborden, pero lo peor es que una vez abordados tardan en su aplicación o ejecución.

Los calameños merecen conocer claramente cuáles son los índices de contaminación, cuáles son los principales agentes contaminantes, cómo se medirá la calidad del aire, quién lo hará y lo más importante cuáles serán las medidas que se tomarán y el plazo para que los índices mejoren.

Ya no es tiempo de dilaciones o demandas que signifiquen que el anhelo de una comunidad se eternice en la burocracia o en solicitudes extemporáneas. Más de una década es tiempo suficiente para los análisis y propuestas, lo que resta es que el instrumento hecho y aprobado se aplique a la brevedad.