Los tratados internacionales vigentes en Chile, la Constitución Política y el Código Procesal Penal establecen claramente el derecho a defensa que todo imputado por un delito tiene desde los primeros actos dirigidos en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia, lo que abarca el momento de su detención en unidades policiales, a la espera de que la Fiscalía decida pasarlas o no a una audiencia de control de detención.

Más allá de algunos intentos de la institución, lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 relevó la necesidad de que la defensa penal pública estuviera presente en los cuarteles policiales, tal como lo señalaron los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco.

Tras la detección de esta brecha y ante la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, la Defensoría solicitó al Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, su acompañamiento para elaborar un modelo de defensa en este ámbito para así contar con una propuesta con los aspectos centrales de la defensa en las primeras horas de la detención.

Esta nueva defensa pública especializada contribuye a mejorar y fortalecer la confianza y legitimidad del actuar de las instituciones del sistema de justicia penal y la vigencia y respeto de los derechos humanos. Como antes fue la defensa penitenciaria, hoy la defensa en los primeros momentos de la detención es un avance relevante, pues se orienta al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la justicia y al debido proceso.

Además, es una salvaguarda en la prevención de la tortura y otras afectaciones a la integridad de los detenidos, lo que ha sido relevado por el Subcomité de Prevención de la Tortura y otros órganos de tratados, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este nuevo rol de la defensa pública permite, de paso, una continua mejora de los procedimientos policiales y un desempeño de mayor calidad en la audiencia de control de detención, lo que se vincula directamente con el derecho de los imputados a contar con los medios y el tiempo necesario para preparar su defensa en el proceso. Esto es muy importante, pues se sabe que el tiempo de entrevista previa entre abogado e imputado antes de esta audiencia es muy reducido.

En un complejo escenario de pandemia, donde todo el planeta tiene centradas sus preocupaciones (y sus acciones) en torno a este tema, hemos de reconocer que otros graves problemas que nos aquejan como humanidad han quedado un poco al margen, los cuales mucho antes de lo que creemos pasarán factura; un ejemplo claro es el agua, tema que especialmente en Chile arrastra históricas complejidades y que promete un futuro no muy positivo en términos de disponibilidad y accesibilidad, si no es que tomamos acciones concretas.

Marzo, mes cuando se celebra el día mundial del agua, oportunidad para promover importantes debates e impulsar decisiones cruciales sobre este recurso insustituible, sin el que ningún ser vivo puede sobrevivir. Sin embargo, este año la fecha parece más un saludo a la bandera, infértil en términos de soluciones.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció de manera rotunda el derecho humano al agua, el acceso y el saneamiento, lo cual reafirma que el agua limpia, potable y su saneamiento son derechos básicos y esenciales de todas y todos los habitantes del planeta. Nadie debería objetar este derecho, pero ¿qué pasa con la naturaleza y sus derechos? Como el de establecer al agua como irreemplazable y propender a tener un recurso no contaminado, ni sobre explotado. Reconocer el derecho de la naturaleza en sí, de mantener nuestros recursos limpios, libres de residuos vertidos al mar, ríos, lagos y cuerpos de agua.

Mantener los glaciares como fuente de agua futura, en especial con la disminución de este recurso por el calentamiento global, debiera privilegiarse, valorarse y ponerse en igualdad de condiciones respecto a su extractivismo. Entenderlo como un bien que se relaciona con la calidad de vida de los humanos.

Hoy se debiera privilegiar la conservación de la naturaleza, ya que ofrece beneficios económicos y para la salud, lo que ha quedado de manifiesto con la pandemia. El tener una población sana, hace que los países prosperen social y económicamente, por lo que mantener y proteger nuestros paisajes, en especial los que contienen agua, debe estar garantizado en la discusión de nuestra nueva Carta Magna, que otorgue al agua los valores que nunca debieran haber estado cuestionados y que le dé a la población mejor calidad de vida. Ojalá esta sea una discusión que no pase desapercibida.

Jadille Mussa

Académica Escuela de Arquitectura y Paisaje, UCEN

Cuando todo esto haya pasado, el personal médico tendrá sus merecidos reconocimientos y, es de esperar, su descanso. Saldremos a la calle, nos reencontraremos y con los años el recuerdo de estos meses de mascarillas y alcohol gel se irán diluyendo. Volveremos a malls, gimnasios, universidades, parques, piscinas y canchas de fútbol. Un grupo recordará las reuniones por zoom, otro recordará con tristeza haber quedado sin empleo y como tuvo que utilizar sus propios ahorros para sobrevivir, y otro que a pesar de la pandemia y el confinamiento, igual debió ir a trabajar. Entre ellos el personal de salud, pero también trabajadores de aseo, cajeras de supermercado, micreros, colectiveros, conductores de camiones, cuidadoras de adultos mayores y ciclistas de deliverys. Ellos son las otras líneas de contención de la pandemia, con empleos la mayoría de las veces precarios, pero que han seguido trabajando para que el resto de la ciudad pueda estar en casa.

Subcontratados por empresas licitadas por el Estado como en el caso del personal de aseo, por lo que no tienen los beneficios de un funcionario estatal a pesar de que su labor es crítica; con un algoritmo como "jefe" (que además niega serlo) como en el caso de los ciclistas de los deliverys; y pagando cuotas por trabajar, como en el caso de muchos choferes de micros que deben arrendar sus máquinas.

La pandemia debería ayudarnos a reflexionar pero también a tomar acción -que en este caso corresponde a los parlamentarios a través de proyectos de ley- para dar más protección y estabilidad a los trabajadores de este tipo de empleos que han mostrado ser esenciales, no solo por la pandemia.

Otro punto importante es que las cajeras de supermercado a pesar de su importancia, no han sido consideradas prioritarias aún en el proceso de vacunación. Es de los empleos con más interacciones con la población y por lo mismo con más riesgo de contagio, pero aún no están en la fila.