Preocupación regional
La mala imagen de nuestras ciudades es una cuestión de percepción, pero con anclaje en hechos concretos, que son de responsabilidad y deben ser solucionados desde lo público. El cóctel es muy perjudicial para la imagen que nuestros territorios proyectan, especialmente Antofagasta y Calama.
El alto costo de la vida y la delincuencia, aparecen como las dos principales preocupaciones de los habitantes de la Región de Antofagasta, según reveló la última versión del Barómetro, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte.
Se trata de un número que no es sorpresivo; en realidad es coherente con las cifras anteriores de un estudio que lleva el pulso ciudadano hace ya seis años.
La percepción de este problema debe calibrarse en toda su magnitud, pues revela inquietudes que parecen cada vez más arraigadas, pues no han sido solucionadas al nivel esperado, por los sucesivos gobiernos comunales y regionales.
Ante ello son coherentes otros datos relevantes, por ejemplo, el ligado a la percepción que tienen los habitantes para con sus ciudades: mientras un 49%, se manifiesta "satisfecho", un 47%, manifiesta que está "insantisfecho" o "muy insatisfecho", una respuesta que es transversal al nivel socioeconómico y el tramo etáreo. El asunto se repite con la interpretación de los avances y retrocesos. Un 27% sostiene que la calidad de vida "ha mejorado"; un 26%, que "permanece igual" y un 41% que ha empeorado "algo o mucho".
¿Pero qué es lo más difícil? La ciudadanía parece tener dimensiones bien precisas: el 41% acusa que el "alto costo de la vida" es el factor crítico, mientras 32%, identifica a la delincuencia. En tercer lugar aparece la "contaminación (16%), seguida de la falta de áreas verdes (5%) y falta de calles pavimentadas (3%).
El cóctel es muy perjudicial para la imagen que nuestros territorios proyectan, especialmente Antofagasta y Calama, como enclaves costosos, inseguros y contaminados.
Ciertamente hay un problema con el alto costo de la vida y dificultades objetivas con la seguridad, cuestiones que deben ser abordadas y solucionadas desde la autoridad y los organismos del Estado, para lo cual se requerirá originalidad y agresividad especialmente en política habitacional. Es un hecho que el déficit es enorme (supera las 20 mil unidades) y el ítem implica un enorme esfuerzo económico para las familias, que llegan a destinar, en promedio, entre un 30% y 40% de sus ingresos en el arriendo o compra de su vivienda. Se trata de un asunto de bien común que solo será resuelto con política pública y trabajo de largo plazo coordinado y planificado.