El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reactivó el debate sobre el control de armas, uno de los más intensos y estériles de la política estadounidense, al pedir la prohibición del armamento de asalto después del tiroteo masivo en la localidad de Boulder, Colorado.

Biden habló un día después de que un hombre de 21 años, identificado como Ahmad Al Aliwi Alissa, mató a diez personas en un supermercado con un rifle de asalto AR-15. El presidente había evitado mencionar el tema la semana pasada, cuando otros tiroteos dejaron ocho muertos en Atlanta.

"No quiero esperar otro minuto, ni otra hora, para dar pasos que son de sentido común y que salvarán vidas en el futuro", dijo Biden.

Vetar armas de asalto

El presidente pidió "prohibir de nuevo las armas de asalto y los cargadores de munición de gran capacidad", en referencia a un veto nacional de ese tipo de rifles que se aprobó en Estados Unidos en 1994, pero que caducó en 2004, sin que el Congreso lo renovara.

También urgió al Senado a aprobar "inmediatamente" dos proyectos de ley que ya recibieron el visto bueno de la Cámara Baja y que "cerrarían los vacíos legales en el sistema de verificación de antecedentes" de los compradores de armas.

Es improbable que alguna de esas medidas reúna los 60 votos necesarios para salir adelante en el Senado, donde la estrechísima minoría demócrata debería convencer a diez republicanos de sumarse a ellos.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo poco después que Biden podría usar también su poder ejecutivo para impulsar un mayor control de armas, pero su capacidad para hacer cambios unilaterales al respecto es limitada.

Estéril debate

Cuando era vicepresidente de Estados Unidos, Biden y el entonces mandatario, Barack Obama, impulsaron una serie de reformas para controlar las armas, pero el Congreso no aprobó incluso la que generaba más consenso en todo el país: un sistema de verificación de antecedentes de los compradores de armamento.

Ayer, Obama contribuyó a retomar el debate sobre el tema, al pedir que se "supere la oposición de los políticos cobardes y la presión de un lobby de las armas que se opone a cualquier límite a la capacidad de cualquiera de reunir un arsenal".

El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo que la centenaria reclamación marítima de su país es una cuestión "abierta y pendiente" y anunció que retomará las políticas establecidas durante el Gobierno de Evo Morales en busca de un acercamiento con Chile para solucionar el problema.

"Bolivia reitera a la comunidad internacional que la cuestión del acceso soberano al mar para Bolivia es una cuestión abierta y pendiente", sostuvo Arce en el discurso pronunciado con motivo del Día del Mar, en el que los bolivianos conmemoran la pérdida de su litoral ante Chile.

La solución a este asunto "preocupa a la comunidad internacional" y "debe ser alcanzada a través de un diálogo sincero y mutuamente beneficioso para generar un clima de buena vecindad", agregó.

El país vecino conmemora el Día del Mar el 23 de marzo porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia del país ante lo que las autoridades bolivianas califican como "invasión" de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año.

En la llamada Guerra del Pacífico, Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

Centenaria demanda

Arce hizo un repaso de estos acontecimientos históricos y las medidas asumidas por el anterior Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) al mando de Evo Morales, incluida la decisión de llevar la reclamación marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2013.

Con esa demanda, el entonces Ejecutivo boliviano buscó un fallo que obligara a Chile a negociar de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico perdido en 1879.

En octubre de 2018, el tribunal de Naciones Unidas determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia.

Sin embargo, las entonces autoridades bolivianas aseguraron que la corte también señaló en su sentencia que aunque Chile no tenga esa obligación, eso no supone un impedimento para que ambos países dialoguen.

Ese argumento fue reiterado por Arce, quien aseguró que esos aspectos de la sentencia "deben ser las bases para rediseñar una renovada política exterior marítima de Estado con Chile".

Acercamiento bilateral

El mandatario boliviano aseguró que su Gobierno dará "continuidad a la senda trazada en 2019" por Morales con una serie de pasos que incluyen la búsqueda de un "acercamiento bilateral con Chile" y la insistencia en dialogar para "identificar fórmulas de entendimiento" que permitan encontrar una solución efectiva a la reclamación marítima boliviana.

Además anunció que se buscará restablecer las instancias de cooperación bilateral con Chile, así como las negociaciones para "precautelar los derechos de Bolivia frente a la privatización unilateral de los puertos chilenos que afectan los intereses" del comercio internacional de su país.

También retomará proyectos promovidos por Morales como el ferrocarril para unir a través de Bolivia puertos de Brasil y Perú, la potenciación de la hidrovía Paraguay-Paraná como salida al Atlántico y del puerto peruano de Ilo como acceso preferente al Pacífico para dejar de depender de los puertos del norte chileno.

Arce sostuvo que se requiere el "compromiso y esfuerzo inagotable de los bolivianos en una sola dirección" con el objetivo de "retornar al mar con soberanía. Por justicia, historia, derecho, razón, paz y hermandad entre los pueblos, mar para Bolivia", concluyó Arce.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene una amplia ventaja frente a sus rivales en las elecciones generales celebradas ayer, con opción de formar Ejecutivo si la coalición derechista Yamina se une a sus socios garantizados, según sondeos a pie de urna al cierre de esta edición.

"Ciudadanos de Israel, ¡gracias! Distéis una gran victoria para la derecha y el Likud bajo mi liderazgo", reivindicó Netanyahu, que según medios locales contactó inmediatamente al líder de Yamina, Naftali Benet.

El juicio por corrupción que afronta Netanyahu no impediría que su partido Likud vuelva a superar los 30 escaños, mientras que el bloque de formaciones que se enfrentan a él, desde la derecha al centro-izquierda, rozaría la mayoría pero con menos posibilidades de conformar coaliciones.

"Haré solo lo que sea bueno para el Estado de Israel", dijo Naftali Benet, líder de Yamina. Con siete u ocho escaños según los sondeos, se perfila como la llave de Gobierno para que Netanyahu revalide el cargo, que ocupa ininterrumpidamente desde 2009.

Más de 6,5 millones de israelíes estaban llamados a votar ayer en las cuartas elecciones que celebra Israel en menos de dos años, y de cumplirse las estimaciones de voto, darían por una opción factible para salir del bloqueo político.

Netanyahu ya cuenta con el apoyo de sus socios tradicionales: Shas (ultraortodoxo sefardí) y Judaísmo Unido de la Torá (ultraortodoxo ashkenazí), que según las principales encuestas obtienen en conjunto entre 14 y 16 diputados.

Aparte de estos, también tiene garantizado el respaldo del Partido Sionista Religioso, una coalición de extrema derecha y abiertamente homófoba y anti-árabe. Entre todos suman 53-54 escaños, y si Yamina se integra permitiría superar la mayoría de 61 diputados de los 120 del Parlamento.

La votación estuvo marcada por las medidas sanitarias con centros de votación especiales para contagiados y ciudadanos en cuarentena.