Alejandro Ahumada R.

El 15 de marzo, luego de casi ocho meses de concluido el contrato, la Intendencia Regional publicó en el portal de compras públicas, la resolución con la que multó a la empresa proveedora Servicios de Alimentación S.A. por incumplimiento en el tiempo de entrega de 18.142 cajas de alimentos.

La aplicación de la multa, que tuvo un valor de $3.540.225, estuvo condicionada a una de las 38 observaciones que estableció la Contraloría Regional en el informe N° 618, que auditó la entrega de más de 100 mil cajas de alimentos entre los meses de mayo y junio del 2020.

El hecho es solo una parte de los alcances de las investigaciones que la Contraloría está desarrollando al interior del Gobierno Regional.

De acuerdo a lo indicado por el contralor general, Jorge Bermúdez, en la audiencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la CGR iniciará un sumario para la determinación de responsabilidades en la adjudicación de contratos para la provisión de canastas familiares, por cuanto, entre otros hallazgos, ni el objeto social ni el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por parte de EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA, y Servicios Financieros Need Solutions Ltda., guardaban relación con la finalidad de los contrato suscritos.

Algo similar habría determinado, el intendente regional Rodrigo Saavedra quien, afirma, esta semana instruyó un fiscal externo al gobierno interior, para determinar responsabilidades administrativas en el mismo tema. La arista judicial en tanto, sigue en curso y de acuerdo a lo informado, la Fiscalía Regional ha ordenado diversas diligencias a la Policía de Investigaciones en el mismo tono.

Comisión

El impacto de los hallazgos de la Contraloría General en la adquisición de cajas en todo el país, motivó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que deberá quedar conformada la próxima semana.

Sobreprecios en el pago de las canastas de hasta el 55%, proveedores sin experiencia en el rubro de alimentos y falta de control en la entrega y distribución de las mismas son algunas de las observaciones que se remiten en gran parte de las auditorías realizadas.

"Los antecedentes ya identificados claramente por la Contraloría General de la República, en términos de responsables y montos millonarios defraudados, es un tremendo punto de partida para esta comisión investigadora, por lo que espero que el resultado sea contundente, de manera que permita al Ministerio Público iniciar procesos judiciales que terminen en condenas significativas a los responsables", sostuvo la diputada Marcela Hernando.

Para Freddy González, presidente regional de la Anef, la determinación de responsabilidades en los hechos es un tema clave por cuanto en las investigaciones en curso se han visto involucrados funcionarios de carrera que cumplieron instrucciones.

"Lamentablemente tenemos funcionarios involucrados en esto. Ellos actuaron por orden directa de un jefe y resulta que hoy están pagando los platos rotos y pueden terminar siendo chivos expiatorios en muchas de las aristas de esta investigación. Creemos que el gran responsable de todo este asunto es el ex intendente Edgar Blanco, que hoy es subsecretario de Minería. Nos parece que la Contraloría también debería poner atención a ello", indicó el dirigente.

Este Diario intentó obtener la versión por parte del Gobierno Regional acerca de las investigaciones y alcances de la comisión investigadora, sin embargo, al cierre de la edición desde la Seremi de Gobierno indicaron que no contaban con la autorización del nivel central para emitir una declaración.

El titular regional de Transportes en la región, Juan Enrique Jara, explicó que "Calama es la primera ciudad de la región que utilizará esta tecnología, gracias a un proyecto piloto impulsado por la UOCT, donde se fueron integrando seis cruces de la región de forma diferida, de manera de estudiar la conectividad y la latencia de la conexión inalámbrica. Dado el éxito del proyecto piloto se inició la integración en la ciudad de Calama. La integración de los cruces es parte del proyecto 'Mejoramiento de la Gestión de Tránsito Calama, Etapa I', que tendrá una inversión de mil 300 millones de pesos cuyo objetivo es la modernización de semáforos bajo estándar UOCT de 17 intersecciones semaforizadas del sector centro de la ciudad de Calama y la conexión de 36 intersecciones al Sistema Centralizado de Antofagasta".

Los dispositivos contarán además con la renovación de postes y reemplazo de lámparas halógenas por LED (lo que permitirá un ahorro de energía de alrededor de un 80%), controladores de semáforos más modernos y habilitación de GPS para mantener la hora actualizada del controlador del semáforo, de forma que sus programaciones operen de manera adecuada.

"De las 36 intersecciones a conectar al sistema de Control de Tránsito de Antofagasta, 13 lo harán por tecnología 4G y 23 cruces se enlazarán por fibra óptica", agregó el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Enrique Jara, sobre los cruces que han sido modernizados en el sector centro de Calama.

Semáforos modernizados están en la avenida Granaderos con Vargas, Cobija, Vicuña Mackenna, y otras.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) efectuó de forma oficial la conexión de seis cruces -del centro de la ciudad-, con tecnología 4G en Calama, dotando a la ciudad de los primeros dispositivos que vanguardizan el sistema de flujo vehicular en el sector centro de la ciudad.

El proyecto Memorial Topáter, emplazamiento que se ubicará en el sector que lleva el mismo nombre, no presenta avances, y aún se encuentra trabado en el reclamo efectuado por uno de los oferentes que participó en la licitación, situación que al interior del municipio aún no ha podido ser solucionado por el equipo jurídico del consistorio.

De acuerdo a la información entregada por el administrador regional, Rafael Castro, "según la División de Presupuesto e Inversión Regional, han informado que el proyecto ya fue licitado y adjudicado, y que el contratista a cargo de la obra aún no ha presentado al boleta de garantía, y no ha iniciado obras aún".

Hace más de un año, en el 2019 el entonces director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), Enzo Labra, informó que el proceso se encontraba trabado debido a que uno de los oferentes en la licitación hecha por el municipio efectuó un reclamo el que finalmente detuvo el proceso de construcción del Memorial Topáter.

El proyecto Memorial Topáter -que data del año 2014-, no sólo ha sufrido este traspié, ya anteriormente se había denunciado que el emplazamiento se iba a construir en un terreno de propiedad privada, y que luego debió ser aclarado por la anterior administración municipal, permitiendo que continuara su proceso de evaluación y financiamiento por parte del Gobierno regional de la época.

Originalmente el proyecto abarcaba una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, y desde el Gobierno regional el retraso de esta obra de uso público se ha visto complicada además por el recálculo de los trabajos y el costo para el presupuesto, el que varió puesto que el paso del tiempo también hace cambiar los montos.

El administrador regional precisó que "aun estando retrasadas las obras, el proyecto contará con los recursos tras obtener la Recomendación Social por parte del ministerio de Desarrollo".

Pese a efectuar la consulta en el municipio, este medio no pudo obtener una respuesta sobre el estado de avance del proceso legal por el cual el Memorial Topáter aún no inicia obras de construcción, ni de cuándo podría iniciar obras este emblemático proyecto.