En Las Últimas Noticias se relató ayer el caso de un grupo de personas que llegó hasta el sector donde se busca al pequeño Tomás Bravo, en la provincia de Arauco, para intentar acceder hasta una zona de pozones porque, según información de una vidente difundida en redes sociales, el niño se encontraba en ese lugar.

Los sujetos, posiblemente con la mejor de las voluntades, querían que los equipos de rescate fueran hasta los pozones en medio de la noche porque tenían fe en que encontrarían a Tomás ahí.

Finalmente el grupo fue sin los rescatistas, con el peligro que eso conlleva, y no encontraron nada. Solo terminaron entorpeciendo la búsqueda y las diligencias investigativas. No es primera vez que "videntes" se meten en casos de relevancia nacional para intentar ganar prestigio. Pero nunca entregan información útil, solo generalidades, entorpecen investigaciones o crean falsas esperanzas y finalmente, cuando el caso se resuelve, sostienen que ellos desde el principio dieron las pistas adecuadas, pero no se les escuchó.

Por ejemplo, en 2010 cuando se encontraba desaparecida la contadora Viviana Haeger en Puerto Varas, la llamada "psíquica de Chimbarongo", Isabel Cristina Ávila, dijo a Radio Sago de Osorno que la mujer se encontraba en el Lago Llanquihue, incluso quería rastrear ella misma en el lago con buzos tácticos. También dijo que envió un croquis a la Fiscalía. El cuerpo de Vivian Haeger no fue encontrado en el lago, sino en el entretecho de su casa. Después de eso, la psíquica aseguró en una entrevista que ella había dicho desde un principio que había que revisar la casa.

En esa misma entrevista le preguntaron por la suerte de los mineros de Atacama que habían quedado atrapados en el derrumbe de la mina San José. Al preguntársele si estaban vivos o muertos, se excusó de responder. Si el poder psíquico fuera real, no debería haber sido difícil sentir que los 33 estaban vivos.

En el caso Martinson en San Pedro de Atacama, también los psíquicos enviaron sus presentimientos a la familia. El hermano de Kurt Martinson, que además es fiscal, ha explicado en entrevistas que ningún dato sirvió y solo entorpecieron el trabajo investigativo.

En 1918, Chile vive sus primeros brotes de la letal "Gripe española" y, en paralelo, las universidades nacionales comienzan un complejo proceso de cambio y reestructuración iniciado a fines del siglo XIX, concluido en un espinoso ciclo político nacional que culminó en una nueva constitución para 1925 y cuyo encadenamiento se sumó a un fenómeno global que terminó consolidando la unión entre universidad y ciencia, de forma institucional, para la sociedad civil en general.

Lo anterior, parece ser muy similar a nuestro presente, sin embargo, para el caso de las actuales universidades, al menos, hay dos problemas de difícil pronta solución debido al diseño que ha experimentado la política pública en educación superior.

El primer problema es el rol de las universidades. Durante los últimos 30 años, las universidades fueron parte de las agendas de un nuevo rol en las economías como productoras de nuevas tecnologías e innovaciones en todas las disciplinas centradas en las ciencias aplicadas. La relación universidad-empresa, clusters, patentes y un largo etcétera, forman parte de una serie de experiencias y financiamiento estatal que ha dado pocos resultados por sus diseños y las condiciones estructurales de la economía chilena.

El segundo problema abarca los supuestos, teorías y diseños de las políticas públicas. Por un lado, mientras la teoría económica del agente-principal asume la existencia de un bajo nivel de confianza (por eso la política pública se concentra en diseñar incentivos y sanciones y la medición del desempeño), las teorías gerenciales se concentran en el liderazgo y la innovación (que demandan confiar en la creatividad y emprendimiento de los equipos de gestión, enfatizando la satisfacción de los clientes y la calidad), generando un crecimiento de funciones y programas con baja sostenibilidad que ha ido minando la legitimidad social del sector.

En este contexto, la arquitectura del sector se encuentra en una situación de alta complejidad en que las políticas públicas continúan abordando de forma parcial o bajo esquemas que han presentado problemas a la hora de valorar y evaluar resultados. En este sentido, la pandemia y las agendas de los últimos 30 años en educación superior, deberían constituir un escenario para abordar, por una parte, la forma en que se ha diseñado y financiado la investigación científica de las últimas décadas en el país, ¿qué rol cabe realmente a las universidades en ello? ¿es posible tener ciencia de relevancia con financiamiento estatal a "plazo fijo" ?, y, por otra parte, los supuestos que organizan el financiamiento y funcionamiento de la educación superior, ¿es sostenible un sistema basado principalmente en fondos por cobro de aranceles? ¿es pertinente un crecimiento y modernización institucional en base a una baja confianza en las instituciones? ¿se puede innovar con la actual arquitectura del sector? ¿hemos mejorado sustantivamente las habilidades, experiencia y conocimientos de las últimas generaciones?

Hoy, se escucha mucho en los gestores/as de políticas la frase: "la tecnología ha llegado para quedarse", qué duda cabe, y el Mineduc ha redirigido su Fondo de Áreas Estratégicas (de casi $10.500 millones) a la formación virtual. Pero tal vez, se debería escuchar más cuántas universidades podrán quedarse para utilizar la tecnología y jugar un rol significativo para una sociedad que demanda seguridades.

En las últimas semanas hemos visto a miles de personas mayores asistiendo a diversos establecimientos dedicados a otorgar la tan esperada vacuna para combatir el COVID-19. Ellos, sin duda, no solo dan muestra de responsabilidad y compromiso cívico, sino también de la memoria histórica de la salud en Chile, que confirma la importancia de la estrategia de vacunación.

Si analizamos la historia de la salud en Chile, antes del año 1952, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, veremos cómo las enfermedades infectocontagiosas con una fuerte asociación a causas estructurales como la pobreza, las malas condiciones higiénicas, los problemas de recolección de basura, entre otras, posicionaban a Chile dentro de los países con mayores tasas de mortalidad infantil en el mundo; indicadores que con la generación de una institucionalidad y autoridad sanitaria nacional se fueron reduciendo, lo que permitió mejorar la esperanza de vida y el crecimiento de la población. Entre las políticas de salud pública que permiten estas mejoras, se reconoce a la vacunación obligatoria como una de las estrategias de prevención más exitosa del planeta.

En este proceso histórico vivieron la infancia y juventud nuestros actuales adultos mayores, quienes veían morir a hermanos, madres, padres, en manos de estas enfermedades y que hoy pueden dar testimonio que la instauración de la vacunación obligatoria, y posterior programa nacional de inmunizaciones, generó efectos positivos en la ciudadanía. Enfermedades como la viruela, la poliomelitis, sarampión, hepatitis, difteria, entre otras, fueron enfermedades temidas en el siglo XIX e inicios del XX, y que gracias a la vacunación se redujeron. En muchos casos, incluso, eliminó la prevalencia e incidencia de estas dolencias. La experiencia vivida del impacto de la vacunación está en la memoria de las personas mayores, que vieron cómo les permitió ver crecer a sus hijos y contemplar un mejor futuro.

Lo enriquecedor de una experiencia positiva, según Bandura, es que puede transmitirse a otros y generar aprendizaje (aprendizaje vicario). Reconocer la memoria histórica de las personas mayores nos puede permitir valorar los avances en materia de salud pública nacional y ver a la vacunación como una respuesta segura y confiable para combatir una epidemia y, quizá, así poder convencer a los escépticos que todavía creen en las teorías de la conspiración.