Los resultados de la última Prueba de Transición (PDT) mostraron nuevamente que la educación municipal no está logrando preparar a los jóvenes para superar el escollo de las pruebas estandarizadas de admisión a la educación superior.

Sea PAA, PSU o PDT, el problema parece el mismo.

La semana pasada, se conocieron los resultados de PDT en la comuna de Antofagasta, los cuales sirven como ejemplo para el análisis, pues no difieren mucho en el resto de la región, o el país.

Según los datos de la Cmds, de una muestra de 1.084 alumnos que autorizaron conocer sus resultados este año, sólo el 20,8%, es decir, uno de cada cinco postulantes, obtuvo puntajes sobre los 500 puntos, con un promedio de 435 puntos para el sistema.

El año 2019, los alumnos sobre ese puntaje fueron el 20,4%, o sea, casi la misma proporción.

En el detalle, en Antofagasta hubo un estudiante del sistema público con puntaje sobre 700 puntos y 19 sobre 600.

En Calama debe recalcarse que un estudiante que logró puntaje nacional en Matemáticas, del liceo Luis Cruz Martínez.

Parece evidente que las brechas de acceso de los estudiantes de la educación pública a la superior subyacen al tipo de prueba, y tienen que ver más bien con las diferencias de base que persisten, y que incluso pudieron verse acentuadas por la pandemia.

Alumnos que provienen de familias vulnerables, que habitan en entornos de riesgo o poco estimulantes y asisten a escuelas con mala infraestructura, destecnoligizadas, con un alto nivel de pérdida de clases y con docentes mal preparados, tendrá siempre menos chances que uno que proviene del mundo particular o particular subvencionado.

Es verdad que los programas propedéuticos, el PACE y otros mecanismos han avanzado en la igualar hasta cierto punto la cancha, pero son insuficientes.

Mientras el acceso a educación superior dependa de un prueba estandarizada, habrá que pensar en políticas que pongan foco verdaderamente en la calidad de la enseñanza pública, de lo contrario, las brechas seguirán existiendo y los cambios de prueba sólo serán calmantes para este dolor nacional.

La transformación digital que se ha evidenciado desde el estallido social y la pandemia ha tenido una derivada nada agradable. Según lo informado por la firma Karpesky, durante el 2020 los ciberataques aumentaron un 450% en Latam y, de acuerdo con lo informado por Fortinet, sólo en Chile se registraron más de 525 millones de intentos de ciberataque durante el primer semestre de 2020. Y este 2021 el escenario podría ser similar.

Los datos son poder y éstos pueden usarse para bien o para hacer daño. El año 2005 se creó la ISO 27001, norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y que describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. La transformación digital reforzó la necesidad de encontrar los mecanismos adecuados para proteger los datos.

Para Fastco Group este es un aspecto fundamental y por lo mismo desde el 2015 contamos con dicha certificación, ya que tenemos la responsabilidad no sólo de proteger la información de nuestros clientes, sino también un fuerte compromiso con el resguardo de los datos de las personas en general. También entendemos que esta certificación debe ir acompañada con la capacitación y concientización de nuestros colaboradores, por lo que ambos esfuerzos lo hacemos de la mano.

Si bien la normativa nacional sugiere adherir a la certificación, lamentablemente ésta no es obligatoria. En temas de ciberseguridad a Chile le resta un camino muy largo por recorrer. En el Congreso descansan proyectos de ley sobre esta materia - Ley de Protección de Datos Personales, de Delitos Informáticos y de Ciberseguridad, y de Infraestructura Crítica - pero la falta de consenso y asignación de prioridades entre los involucrados, junto con la pandemia, han retrasado sus promulgaciones. Es urgente que la ley acompañe el esfuerzo que muchas empresas del ámbito privado ya hacen en materia de seguridad de la información.

Dada la contingencia del último año y su implicancia en el teletrabajo, sumado a la tendencia del aumento de los ciberataques, es que muchas empresas han tenido que invertir aún más en robustecer su infraestructura tecnológica en pro de asegurar la continuidad operacional del negocio, protegiendo así la seguridad de la información.

Actualmente el comercio electrónico sabe muchísimo del consumidor (nombre, hábitos, días de compra, medios de pago, nivel de deuda, etc.). Todo se maneja en línea y por eso urge contar con un marco regulatorio nacional robusto, para que esa seguridad que disfrutan los clientes del ámbito privado, se extienda a todos los chilenos por igual.

Entendiendo la difícil realidad por la que atraviesa el país, la seguridad de la información y protección de datos debe ser una prioridad para el legislador este año, para comenzar a cerrar la larga discusión de la ley respectiva a través de un trámite expedito, con asesoría de expertos y la inclusión de la industria. El impulso de la transformación digital en este ámbito es fundamental y ayudará a que la población cuente con más y mejores herramientas de resguardo, así como elevar los estándares de buenas prácticas de las empresas del sector.

Históricamente, el interés de las empresas sólo se centraba en aumentar la producción, reducir costos y mejorar márgenes, entre otros. Esto, en ocasiones a costa de los trabajadores o de la explotación indiscriminada de recursos y altos niveles de contaminación, como son, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero que están llevando a aumentar la temperatura del planeta.

Pese a que los científicos se encuentran hace décadas anunciando los terribles efectos de la crisis climática, ha tomado bastante tiempo -y muchos eventos climáticos desastrosos- para que este tema se encuentre en boca de todos y sea una preocupación a nivel mundial. Similar a esto, a nivel social en Chile, la desigualdad ha sido un tema sin arreglo por muchos años, lo que finalmente explotó con el estallido social de fines del 2019. Afortunadamente, a pesar de su complejidad, ambas crisis están acelerando un cambio de mentalidad importante en las empresas, llevándolas a preocuparse más allá de la producción y haciéndolas incorporar la sustentabilidad ambiental y social en su quehacer diario.

De a poco las empresas se están dando cuenta de que incorporar estas temáticas las ayuda a ser más eficientes, a anticiparse a crisis como la sequía en Chile, que es un ejemplo importante de esto, y a mejorar la visión que los consumidores tienen de sus productos, entre otros beneficios.

Pero lo que es aún mejor, es que preocuparse de temas ambientales, sociales y de gobernanza, no es sólo algo que los consumidores -cada vez más informados- están pidiendo a las empresas, sino que también es algo que los inversionistas toman en cuenta. A través de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance en inglés), quienes invierten buscan conocer qué hacen las empresas en materia de sustentabilidad, y aquellas con un mejor registro de ESG producen retornos más altos a tres años, con más probabilidades de convertirse en acciones de alta calidad y reduciendo la posibilidad de grandes caídas de precios, de acuerdo con Bank of America Merrill Lynch.

Adicionalmente, según estimaciones de JP Morgan, las inversiones en activos que cumplen con criterios ESG representarán la principal clase para mayores asignaciones este 2021, puesto que su adopción se duplicó en 2020, pasando de 3 billones en 2019 a cerca de 7.2 billones en el año que recién pasó.

Para quienes aún no comienzan, ahora es cuando incorporar la sustentabilidad en sus empresas. Esto ya no es una tendencia, sino que es el piso mínimo que todas las compañías deben tener para mantenerse competitivas.

Desde Desafío 10X queremos aportar a la generación de un ecosistema empresarial más sustentable y consciente con su entorno, es por esto que hacemos la invitación a compartir de manera más justa el valor que generan las empresas y a que reduzcan sus brechas salariales por medio de alguno de estos dos compromisos: establecer un sueldo mínimo de 22 UF y/o limitar la brecha a un máximo de 10 veces entre el sueldo más bajo y el más alto de la compañía.

Michelle Senerman

Directora ejecutiva de Desafío 10X