Conflicto en el sur del país
Los hechos ocurridos en La Araucanía, que llevan décadas de escalada, son la muestra evidente de una incapacidad para entender fenómenos complejos... y solucionarlos. Por doloroso y difícil que sea deben entenderse las causas de la violencia, que no sólo sinsentido, lo que no implica que deban apuntarse que cada uno de los hechos son delitos graves.
Un detective y un parcelero muerto, comuneros heridos de diversa gravedad, son parte de los últimos hechos ocurridos en La Araucanía, un territorio muy complicado con el nivel de violencia experimentada con fuerza durante las últimas décadas.
A lo anterior debe agregarse otro hecho grave: la imposibilidad que tuvo Rodrigo Delgado, ministro del Interior, de acceder al velorio del agricultor Orwal Casanova. Una situación inédita, inaceptable para muchos, comprensible para otros, pero que gráfica la gravedad de lo allí ocurrido.
Parte de los propietarios acusan que hace rato no existe Estado de Derecho en parte de las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, porque habría zonas dominadas por fuerzas paralelas, que no son las del Estado, las que, como sabemos, tienen el monopolio de la fuerza.
El caso divide a la sociedad y al país, a favor y en contra de ambas posiciones, dando cuenta o recordándonos la peligrosidad de leer la vida en clave binaria.
Se estima que la actual coyuntura tiene su hito primero en 1997/1998, cuando por primera vez fueron quemados camiones forestales en la comuna de Lumaco, zona eminentemente forestal; aunque historiadores y analistas precisan que lo ocurrido con el pueblo mapuche es una herida abierta desde la llamada "Pacificación de La Araucanía", por allá en 1880, después de concluida la Guerra del Pacífico. Con todo, podrá certificarse que es en los recientes 25 años, que la escalada no ha sido detenida, debido a un error fundamental: observar los hechos como un asunto de orden público y no como el problema de dimensiones políticas que es.
El símil con el estallido social es evidente y una muestra de la poca flexibilidad de los organismos de la república para entender fenómenos complejos.
Decir que el asunto es grave es una obviedad, más bien habría que decir que es un asunto profundamente político que se ha abandonado a la lectura casi estrictamente policial.
Si eso no cambia, el fracaso continuará y el daño involucrará no solo a las regiones afectadas, sino a todo el país.