Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas
"Este servicio será un acto de justicia con las víctimas entregándoles una atención completa".
Con el objetivo de crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción de forma eficiente, cercana e integral, con un especial foco en apoyar a las víctimas en el proceso penal, el Presidente Sebastián Piñera junto a los Ministros del Interior y de Justicia y Derechos Humanos, presentaron el Proyecto de Ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, el cual fue considerado con suma urgencia.
Con este proyecto lograremos crear una única institucionalidad, que hoy está en distintos ministerios, servicios y programas, bajo el alero de una Política Nacional de Acceso a la Justicia. Con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral, de familia, civil y penal. Es la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia, que ha sido un proceso trabajado desde el primer día que asumimos como Gobierno. Esperamos que ese esfuerzo continúe en el Congreso para que en breve plazo este proyecto sea una realidad.
Este servicio será un acto de justicia con las víctimas entregándoles una atención completa que abordará lo jurídico y también el necesario apoyo psicológico y social que necesita una persona afectada por un delito.
Esta iniciativa considera cuatro líneas de acción: una línea general que comprende la oferta programática que actualmente tienen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia civil, laboral, de familia, entre otros; una Defensoría de Víctimas de delitos que entrega asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido víctimas de un delito, otorgándoles, además, apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho.
Asimismo, comprende una línea de Derechos Humanos que considera la asesoría y representación jurídica a personas cuyos DD. HH han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales) y una línea especializada con toda la oferta programática diseñada para abordar las necesidades y problemáticas que afecta a algún determinado sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como el Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes y Defensa Integral de Adulto Mayor.
Finalmente, y con el objeto de abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se creará un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Con este mismo propósito se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.
Paula García
Seremi de Justicia y Derechos Humanos