Cristián Venegas M.

En enero de 2018 Corfo y SQM firmaron un acuerdo de conciliación para modificar y extender los contratos de extracción en el salar de Atacama hasta 2030. Convenio que el Consejo de Pueblos Atacameños, que aglutina a 18 comunidades de la cuenca donde la minera tiene sus operaciones, cuestiona por su impacto medioambiental y la falta de consulta indígena.

El 26 de diciembre del 2019, en tanto, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de las comunidades atacameñas por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la empresa a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), para la extracción de litio en el salar.

Ese PdC aprobado, y que tuvo un costo de implementación de US$25 millones, fue presentado por la empresa en el marco del proceso sancionatorio llevado a cabo por la SMA y que concluyó con seis cargos, algunos leves, otros graves y uno de carácter gravísimo.

Posteriormente, en julio de este año, el Primer Tribunal Ambiental ordenó ejecutar la sentencia que acogió la reclamación de las comunidades y dejó sin efecto el programa de cumplimiento presentado por SQM Salar, aunque no acogió la consulta indígena.

En paralelo, la comunidad de Camar alcanzó un acuerdo extrajudicial con SQM, línea en que estarían avanzando otras comunidades. Mientras que el CPA presentó una acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender su postura. Además de acordar no recibir los recursos del acuerdo Corfo-SQM, que permanecen empozados y que ya suman cerca de US$30 millones.

Comuneros

Sobre los dineros empozados (US$30 millones), el presidente del Consejo, Sergio Cubillos, aseguró que no existen discrepancias entre las comunidades por recibirlos, esto, "porque el dinero no es la preocupación, más bien la principal preocupación es el cuidado y protección del territorio".

Del mismo modo, el dirigente dijo que el acuerdo extrajudicial de Camar con SQM no ha significado una "complicación", y que el CPA, al menos, "continuará en el proceso y es respetuoso de la decisión que se adoptó por parte de la comunidad, lo que no significa que se restará del resto del proceso".

Respecto de la Corte Interamericana, detalló que "la demanda internacional sigue avanzando, esperamos tener muy pronto noticias sobre ello, ya que tenemos la convicción que existen pruebas y argumentos suficientes para comenzar un juicio con el Estado por la vulneración de nuestros derechos en la celebración del contrato entre Corfo y SQM".

Recursos pendientes

Consultada SQM Salar respecto de los dineros empozados, explicaron que como empresa han dispuesto de todos los recursos para las comunidades, acordados por contrato, a Corfo, y que "de acuerdo con este mismo documento estamos a la espera de las definiciones de Corfo para concretar la transferencia de recursos".

"Entendemos que pueden existir criterios diversos dentro de las comunidades respecto de cómo deben ser entregados estos recursos y esperamos se logren los acuerdos necesarios para materializar el aporte. Somos respetuosos del rol que tenemos cada uno de los involucrados en este proceso cuya finalidad es aportar al desarrollo de las comunidades vecinas", añadieron.

No es extrajudicial

Respecto al acuerdo extrajudicial suscrito con Camar, desde la empresa aclararon que es uno de largo plazo que "se da en el marco del respeto a la autonomía de las comunidades y el fomento del diálogo que nos interesa abrir como compañía. En este sentido, este acuerdo no está asociado controversias judiciales, por lo que no tiene la consideración de extrajudicial". Convenios que la minera ha firmado con tres comunidades y ya trabaja con otras.

"En particular, el convenio suscrito con Camar busca aportar al desarrollo de la comunidad y es reflejo del compromiso con nuestro entorno. El objetivo del convenio incluye concesiones recíprocas, incluida instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas", precisaron.

"Esto, permite desarrollar una nueva forma de relacionamiento que, desde el reconocimiento, el respeto mutuo, la buena fe entre las partes y en una relación de paridad".

2018 Corfo y SQM firmaron

2020 un acuerdo de conciliación para modificar los contratos en el salar de Atacama.

Una serie de gestiones realizaron los directorios de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata ante organismos y autoridades, a fin de denunciar las malas relaciones laborales que mantienen con la administración de Codelco; los sobrecostos de sus principales proyectos de desarrollo y estructurales; y la externalización de áreas clave que lleva adelante la división, entre otros temas.

Como parte de este esfuerzo los directivos se reunieron con el Senado; el delegado nacional y encargado del Cono Sur y la encargada de Relaciones Sindicales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Consejo de Transparencia (que sugirió plantear estas denuncias a Cochilco); y la Superintendencia de Salud (que anunció una fiscalización en menos de 30 días y un informe posterior).

Además, se dieron cita con el contralor general Jorge Bermúdez, quien anunció fiscalizaciones a Chuquicamata; y con la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, donde surgió la iniciativa de llevar adelante una comisión investigadora, para lo que se requiere de 62 firmas de parlamentarios, pues este tipo de órgano exige el apoyo de 2/5 de la Cámara, según precisó el diputado Esteban Velásquez.

Quien recalcó que los temas que exponen los dirigentes son importantes tanto para la Cámara de Diputados, como para todos los chilenos, por tratarse de Codelco, la principal empresa del Estado.

Temas centrales

Entre los temas que plantearon los trabajadores estuvieron el sobrecosto del proyecto Mina Subterránea (la mayor inversión en la historia de la Corporación con US$5 mil millones); las pérdidas en las Fundición de Concentrados (Fuco) y la venta indiscriminada de concentrado de cobre; la privatización de la Gerencia de Extracción y Lixiviación (GEL), del Hospital del Cobre, y de la Refinería, entre otras áreas. Además del ingreso a las fichas médicas de los trabajadores para desvincularlos.

62 firmas de diputados requiere una Comisión Investigadora para validarse e iniciar su proceso de fiscalización.

30 días se tomará la Superintendencia de Salud para realizar una fiscalización y entregar sus resultados.