Han pasado algunos meses desde que el COVID-19 llegó a nuestro país y ya hay evidencia de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Los indicadores de actividad económica y empleo se han deteriorado significativamente y las expectativas también. Las necesidades de las personas se han reconfigurado y esto se comienza a reflejar en diversos estudios. Una reciente encuesta de Activa Research, situó a la salud como el principal problema que actualmente enfrentan los chilenos, seguido por el desempleo y las pensiones. La pobreza en tanto aparece en séptimo lugar y con clara tendencia al alza.

Considerando los rezagos de la pandemia es esperable que en los próximos años la pobreza vuelva a tomar protagonismo dentro del mundo de las políticas públicas y junto con ello, una realidad muy particular y con necesidades urgentes: la pobreza rural.

El 83% de la superficie del país corresponde a zonas rurales, las que según cifras del Banco Central representan cerca del 17% del PIB, y donde habita el 12% de la población total de Chile según el Censo 2017.

Resulta evidente entonces la importancia de los programas destinados al desarrollo económico y social de este sector. Sin ir más lejos, la pandemia dejó en evidencia el rol estratégico de la agricultura familiar campesina en el resguardo y desarrollo de la cadena de abastecimiento de alimentos para todo el país. Sin embargo, y pese a ello, la sensación en el mundo rural sigue siendo la de "invisibilidad" en un Chile con una mirada cada vez más urbana.

Acortar la brecha entre lo urbano y lo rural es un desafío de todos. El diseño de las políticas y programas debe considerar las características e idiosincrasia de las familias que habitan en territorios rurales.

Evaluar esta realidad desde una mirada urbana carece de sentido de realidad. Los objetivos individuales, las aspiraciones materiales, las expectativas de desarrollo son entre sus habitantes, con seguridad, muy distintas a las de la población urbana.

En esa tarea tanto Indap como Fundación para la Superación para la Pobreza tienen una larga trayectoria y puntos de encuentro en los territorios. Uno de ellos ha sido el programa Prodesal y las unidades de fomento productivo en los municipios, donde se ha hecho un esfuerzo por ejecutar planes pertinentes a las realidades locales. Un aporte que no sólo considera la entrega de subsidios, sino también de herramientas sociales y laborales que inciden en el bienestar y calidad de vida de las personas.

Hacerse cargo de la pobreza rural no implica postergar la urbana. Tampoco convertir todo potencial impacto en números. Se requiere de una mirada descentralizadora que incorpore las necesidades de quienes viven en contextos distintos y considerarlos como parte esencial de nuestro país.

Dos importantes iniciativas se concretaron en el mes de octubre por parte de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Corporación de Asistencia Judicial en la Región de Antofagasta que permitirán entregar una atención especializada a dos grupos prioritarios para el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera: los adultos mayores y los niños, niñas y adolescentes que se encuentren separados de sus familias en el contexto de medidas de protección.

La primera consiste en la implementación del Programa de defensa jurídica integral para adultos mayores que está conformado por una abogada y una asistente social, quienes están encargadas de entregar orientación, información y representación judicial y social a adultos mayores de la región.

El objetivo de este programa será mejorarles el acceso a la Justicia, al otorgarles una atención preferencial, proporcionándoles defensa jurídica de manera integral, especializada y acorde con sus necesidades en caso de ser víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso económico proveniente de familiares o terceros que pretenden detentar su cuidado o privarlos de sus derechos patrimoniales, así como del maltrato y discriminación en su condición de personas vulnerables, problemáticas que con recurrencia afectan a la población adulta mayor.

Mientras que la segunda iniciativa corresponde al Programa Mi Abogado, que está compuesto por 7 profesionales (abogados, asistente social, psicólogo) y su objetivo es asegurar una defensa jurídica integral, especializada e interdisciplinaria ante los tribunales de familia y que garantice el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido destacada a nivel nacional y regional por diversas instituciones y este 2020 todas las regiones ya cuentan con este programa.

Los NNA que se priorizarán con su atención, proyectados en 325 a nivel regional, serán que por una resolución judicial se encuentren en modalidades de cuidado alternativo; lactantes que se encuentran junto a sus madres privadas de libertad en recintos carcelarios, NNA que se encuentren internados en recintos hospitalarios por maltratos y; hermanos o hermanas menores de 18 años de NNA que se encuentren en las situaciones ya mencionadas, y que cuenten con una medida de protección distinta a la separación de la familia de origen.

Estos dos programas ya están siendo ejecutados por la Corporación de Asistencia Judicial en la Región de Antofagasta, que, a pesar de la emergencia sanitaria, fueron implementados, con atención de forma remota, cumpliendo así con nuestro compromiso de gestión liderado por el Intendente Regional, Edgar Blanco. Sin duda, son avances significativos y muy esperados por nuestra región con un gran desafío por adelante que nos permite hacer visible nuestra principal misión como lo es el acceso a la Justicia de todas las personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes y adultos mayores.

Paula García Barría

Seeremi de Justicia y Derechos Humanos

Víctor Pérez Varela se convirtió en el primer ministro del Interior desde el retorno de la democracia en ser suspendido de su cargo, decisión adoptada por la Cámara y que derivó en su inmediata renuncia al alto cargo. Su participación fue breve, después de que dejara el Senado para asumir la posición, tras la salida de Gonzalo Blumel, también apremiado por una acusación constitucional promovida en el marco del estallido social. Antes de Blumel, estuvo Andrés Chadwick, también acusado y sancionado con la imposibilidad de ejercer cargos públicos hasta 2024.

La lista de secretarios de Estado caídos comienza a ser cada vez más larga y ha tenido en la cartera de Educación otro de sus "flancos favoritos": Yasna Provoste (actual senadora) y Harald Beyer (actual rector), también salieron del cargo tras las imputaciones de los diputados, en dos de los procesos más oscuros e injustos desde el regreso a la democracia.

El libelo contra Pérez logró avanzar al Senado con 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención del diputado Pablo Lorenzini (ind-ex DC). En el libelo impulsado por todas las bancadas de oposición se le imputó a Pérez por no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro de camioneros y una diferencia en el trato respecto a las manifestaciones mapuche en La Araucanía. También por no ejercer control jerárquico sobre Carabineros, a raíz del caso del joven de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho tras -según la Fiscalía- una "arremetida" de un carabinero.

Tras su renuncia, Pérez dijo: "El debate de hoy era imposible convencer a absolutamente a nadie".

El Presidente Piñera -cada vez más inexistente- añadió: "El rol de la oposición no es hacer todo lo que esté a su alcance para dañar al gobierno democráticamente elegido, el rol de la oposición es, desde sus propios puntos de vista, contribuir al bien de Chile".

La caída de Pérez es un fracaso -otro más de la política- y vuelve a exponer todas las debilidades del gobierno y la oposición, en su incapacidad para llegar a acuerdos y corregir una gobernabilidad extraviada de la que nada bueno puede salir.