En pocos meses más, la región contará con algo más de 100 kilómetros extras de doble vía gracias al desarrollo del tramo que une al sector del Oasis con Calama. Ese recorrido se unirá al que ya existe entre ese sector pampeano y Antofagasta.

Como sabemos, caminos de este estándar existen desde la capital regional hacia La Negra y Nudo Uribe y camino a Mejillones por la Ruta 1, hasta el acceso sur, faltando el enlace hacia el terminal portuario y la ciudad.

Demasiado poco para una región con una actividad industrial intensa.

Tal carencia implica pérdida de tiempo, de competitividad y seguridad. Es conocido s que el trayecto hacia la capital de la Provincia El Loa es uno de los más peligrosos del país, lo que confirman las cifras de víctimas fatales y heridos de cada año.

Considerando las demandas de la minería, de las energías renovables no convencionales y en el futuro próximo con el desarrollo del corredor bioceánico que nos unirá con Sao Paulo, Brasil, pasando por el norte argentino y Paraguay e influyendo en el sur de Bolivia y Uruguay, parece obvio que nuestra infraestructura debe prepararse para ello. No sólo por el tránsito de mercadería, también por la activación que tendrá el turismo desde esas naciones.

Definitivamente, la iniciativa permitirá abrir más posibilidades para que el Norte Grande, en especial nuestra Región de Antofagasta, se consolide como una gran plataforma para el conosur latinoamericano. Las ventajas que ofrece nuestro país para ese tránsito son enormes, ya que las mercancías de los países citados llegarán en tiempos más breves que los actuales al salir directamente por el Pacífico. Este ahorro en tiempo implica en la práctica, un ahorro en dinero.

Afortunadamente hay otros proyectos de la misma índole, aunque en etapas más primitivas: la conexión de Antofagasta a Caldera y de Antofagasta a Iquique, lo que extenderá la Ruta 5 en un estándar internacional, cuestión que será de beneficio para toda la población del Norte.

Es el momento de seguir avanzando en ello.

Con admiración y orgullo, el pueblo chileno tuvo este domingo 25 de octubre una ejemplar jornada plebiscitaria, donde optó por abrir las puertas a un proceso constituyente que permitirá edificar -de forma paritaria única en el mundo- una nueva Constitución que fijará nuevas pautas democráticas para la convivencia política y social, y en la búsqueda de construir una sociedad más justa y digna.

Con justo derecho todas las organizaciones quieren ser parte de este histórico proceso, y la nuestra no es la excepción. Tras el arrollador triunfo del Apruebo, la principal demanda es que la próxima Convención Constitucional esté compuesta por una multiplicidad de voces que representen diversos sectores sociales lo que incluye la representación de pueblos originarios e independientes, pues -creemos- que sólo con una real representación y participación se podrá dar respuesta a todas las demandas expresadas por la ciudadanía en la calle y ratificada también en las urnas.

Desde nuestra vereda, lo haremos bregando por la incorporación del Derecho a la Comunicación en el texto definitivo de la nueva Carta Fundamental, pensando en que la libertad de prensa no puede acotarse a la posibilidad de que ciertos sectores económicos controlen los medios de comunicación, sino que debe ser un derecho que permita a la ciudadanía contar con medios públicos, privados, comunitarios, alternativos, populares, locales, regionales y universitarios, que expresen sin tapujos ni mezquindades la rica diversidad de pensamientos y realidades existentes en este bendito país.

El respeto a nuestra profesión y a las comunicaciones, deben estar en la base del desarrollo de toda sociedad, algo que no se ha visto en los últimos años en pleno régimen democrático; sumando, además, una precariedad laboral, largas jornadas e inestables condiciones de trabajo, así como dificultades para ejercer las tareas informativas en medio de las manifestaciones legítimas de un pueblo activo.

Es necesario además exigir al gobierno de turno y a los que vendrán la reducción de las restricciones que existen frente a la labor informativa que se traducen hoy en vulneraciones de derechos a las y los comunicadores y periodistas, quienes han salido a las calles a reportear la situación social, siendo víctimas también de agresiones graves e injustificadas por parte de agentes del Estado.

Pensamos que un proceso constituyente no puede contaminarse ni menos desarrollarse en un clima de impunidad a las violaciones a los derechos humanos vistas y documentadas por diversos organismos nacionales e internacionales.

En resumen, nuestro espíritu y motivación como gremio es participar activamente en las diferentes etapas de este hito histórico con el objetivo de contribuir a mejorar nuestra democracia y fortalecer a los medios nacionales, regionales, locales y comunitarios comprometidos con el justo y necesario Derecho a la Comunicación de todas las chilenas y chilenos.

Hugo Marambio Miranda

Presidente Colegio de Periodistas de El Loa

Las políticas sociales de salud y la participación política están asociadas con cada sistema político y se relacionan con los resultados en la salud pública. Pero, hay una falta de evidencia o estudios de la relación entre política y los resultados.

Las afirmaciones y los llamamientos para la formulación de políticas sobre salud pública para la nueva Constitución ya están descritas en las revistas de salud pública, sin embargo, nuestro conocimiento de las soluciones más propicias para el uso apropiado de la evidencia médica, sabemos que serán incompletos y fragmentados, si no se fomenta la participación por parte de funcionarios que evalúan y participan a diario en salud, incluyendo factores técnicos y políticos relacionados con la salud pública. La ausencia de ellos en el contexto de formulación de políticas puede afectar estos procesos sin lograr localizar, sintetizar e interpretar el trabajo histórico realizado y quizás nunca lograremos formular políticas de salud pública como el país las necesita.

Para los propósitos de esta discusión constituyente, las decisiones de política de salud pública serán aquellas que se tomarán con el objetivo explícito de promover la salud de la población. Debe ser fundamental que aquellos que sean elegidos Constitucionalistas y tengan especialidades en salud pública, tomen en cuenta que es hora de reconocer la importancia ampliamente apreciada de los factores sociales de la salud que influyeron por ejemplo en el desarrollo de la pandemia, y entendiendo que las decisiones políticas tomadas en los ministerios a puertas cerradas, pueden tener impactos significativos sobre salud de la población. Por otra parte, se deben incluir estudios de los formuladores de políticas públicas de carteras aparentemente no relacionadas con la salud, pero cuyas sus decisiones y resultados si impactan fuertemente en la salud pública, como el medio ambiente, el transporte y la seguridad. La salud comienza donde vivimos, trabajamos, aprendemos y jugamos, mucho antes de que visitemos el consultorio del médico o caminemos hacia nuestras farmacias locales.

Estas condiciones se conocen como determinantes sociales de la salud: los recursos sociales y económicos, como la vivienda, la educación, el acceso a los alimentos y el transporte, que respaldan la salud pueden determinar la duración y la calidad de vida. Con demasiada frecuencia los recursos y servicios quedan lejos de las personas. Muchas de las inequidades en salud que experimentan los pueblos indígenas, las personas de bajos ingresos y otras poblaciones vulnerables se deben a la falta de una distribución adecuada de los recursos sociales, arraigada en una historia de discriminación a nivel individual, institucional y estructural. Estos factores sociales y económicos tienen un impacto significativo en la salud a nivel individual y comunitario

Diseñar políticas socialmente inclusivas, considerar las oportunidades del mercado laboral y mejorar el bienestar de la población son estrategias recomendables para los elegidos que desean optimizar los resultados de la salud pública.