Cuánto nos habrá cambiado la vida la pandemia, está por verse, pero existe certeza que muchas cosas ya no serán como antes, ni en el plano social, ni en el sanitario, ni en otros. El virus puso las cosas de cabeza en muchos sentidos y el mundo post pandemia deberá adaptarse a una nueva realidad que aún no somos capaces atisbar.

En el ámbito laboral ya se anticipan revoluciones. Debido al cierre de las oficinas, un gran número de empresas implementó sistemas de trabajo remoto o "home office", lo que les permitió seguir operando de manera segura en los peores días de la crisis.

Aunque con tropiezos, vacíos e incomodidades, el sistema demostró servir, iniciando a miles en una nueva forma de trabajo que llegó para quedarse.

Al respecto, un estudio de la consultora de recursos humanos Randstad, realizado a más de 400 tomadores de decisión de diferentes sectores, reveló que el 75% planea mantener la modalidad de teletrabajo una vez finalizada la crisis. Un 63% lo hará solo algunos días y 12% lo implementará a tiempo completo.

Del 25% restante, 15% reconoce que aún no ha tomado una decisión al respecto, mientras solo 8% dice que todos deberán volver a la oficina y 2% no ha implementado teletrabajo en este tiempo.

Las áreas en que más se consolidará el teletrabajo, según Randstad, son Administración & Finanzas, con 82%; Recursos Humanos, 71%; y Marketing & Comunicaciones, 62%. Le siguen Tecnología (58%), Compras (52%) y Legal (49%).

El teletrabajo ofrece ventajas, aunque también impone desafíos. En lo primero, es más seguro y cómodo para muchos, optimiza horarios, elimina ciertos costos y facilita la incorporación al mundo laboral de mujeres y jóvenes. Pero en la otra cara, tiene efectos poco estudiados en el entorno familiar, trastoca las relaciones de los equipos laborales, dificulta el seguimiento de las tareas y -según algunos- pone al trabajador en un contexto de mayor estrés, al difuminar la línea que separa al hogar de la oficina.

Se trata de un tema nuevo, al cual habrá que adaptarse desde lo legal, lo profesional y lo social, porque ya está aquí, y cuando la pandemia pase, seguirá presente.

El próximo 25 de octubre decidiremos si queremos o no una nueva Constitución, y si queremos que el Parlamento tome parte del organismo que la redactará para proponerla al país, de modo que el parlamento participará si votamos por Convención Mixta Constitucional, pero no participará el congreso si votamos por la Convención Constitucional (a secas).

Nada tiene que ver el término "mixta" con la paridad de género. Así las cosas, para nadie es un secreto que promuevo el voto por el Apruebo para una nueva Constitución y el voto por la Convención Constitucional para que los parlamentarios no participemos de su redacción y que ésta sea por puño y letra de los conciudadanos que no ostentan un cargo político/público hoy. Creo que Chile hace tiempo merece una nueva institucionalidad constitucional porque el sistema actual está más que roto y bastante tiempo se han demorado los gobiernos en dar este trascendental paso que pone punto final a la denominada transición a la democracia, pues si bien ejercíamos la democracia al elegir a los distintos gobiernos que vinieron después de la dictadura, desde Aylwin hasta Piñera, la soberanía nacional siempre ha estado supeditada al gran empresariado que Pinochet empoderó y le permite hasta ahora hacer y deshacer incluso atentando contra el medio ambiente.

Basta para ello recordar las empresas estatales vendidas "a precio de huevo", como SQM que luego se vio involucrada en casos de corrupción política con el mismo sector que le dio el poder económico del que hoy goza; y también ha estado sometido al poder armado de las fuerzas armadas que se hizo patente en el temor que infundieron desde el 18 de octubre a la fecha en las manifestaciones populares, fuerzas armadas que estando sometidas al poder civil (lo que se hace carne en la facultad de los diputados para fiscalizarlos, y no al revés, pues el diputado según la normativa vigente es además representación de la ciudadanía y, cuando el diputado fiscaliza, lo hace la ciudadanía, pues para eso fue electo, además de para legislar) muchas veces parecen responder a intereses económicos propios y de terceros, pero no al interés superior de la nación.

Una nueva Constitución, una nueva carta de navegación que marcará un solo norte para todos y de ahí la importancia de que todas las zonas del país se hagan presente, pero fundamentalmente este norte grande, este norte andino y minero tan rezagado por años en pro del progreso de la zona central. Vemos cómo en nuestro terruño se hacen grandes obras de extracción, se excava la tierra, se contamina el suelo, se levantan grandes pastelones de relaves mineros, se tira humo por las enormes chimeneas que apuntan al cielo nortino, se contamina el aire y el agua, la ciudadanía se enferma, algunos mueren, son remplazados por afuerinos. El empleo, bajos índices de contratación local. ¿Los impuestos mineros? Para Santiago. Allá se construyen las grandes alamedas subterráneas (los metros), una nueva línea se anuncia cada cierto tiempo. ¿No será tiempo que una nueva Constitución reparta mejor la torta? El Norte chileno debe estar presente en una nueva Constitución, pues somos la puerta de entrada al progreso del país y no es posible permitir que se nos trate siempre como el patio trasero. Sin este norte no hay progreso para Chile. Por eso este 25 de octubre Apruebo una nueva Constitución con Asamblea Constitucional (no Mixta).

Esteban Velásquez Núñez

Diputado de la República

En el año 2015, el Gobierno Regional junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, firman el convenio de programación 2015-2023 "Más Viviendas y Mejores Barrios", comprometiendo una inversión de $172.659.000.000, para la construcción de 6.230 Viviendas Sociales.

De este monto el Gobierno Regional comprometió 1/3 de la inversión, a través de fondos del FNDR y específicamente $56.750.000.000, para la urbanización de terrenos públicos ubicados en la periferia de la ciudad, transferidos por el Ministerio de Bienes Nacionales a Servicio de Vivienda y urbanismo, Serviu, "Plan Zona Norte".

Este convenio, muestra el compromiso Público de enfrentar el grave déficit cuantitativo, que se calcula sobre 21.000 viviendas en la Región, pero deja de lado lo más importante para la superación de la vulnerabilidad social, que es la integración social y el acceso a la ciudad.

El paradigma ha cambiado, la disfuncional y segregadora ciudad en expansión, debe ser remplazada por la ciudad compacta, próxima e integradora. Para esto, el rol del Estado es clave y debe actuar con todas sus herramientas posibles para no someterse a la expansión urbana tendencial y al mercado de suelo, y ser capaz de liderar procesos de regeneración urbana, compactación de las ciudades e integración social.

Si estos $56.750.000.000, lo dividimos por las 6.230 viviendas y a su vez por los 55 m2 construido que tiene cada una, da como resultado $165.621, es decir, 5,8 UF el m2 de terreno, por cada m2 construido. Esto es revolucionario, ya que nos abre otra dimensión de lo que hoy se está dispuesto a pagar por terrenos para vivienda social y nos da nuevas luces de políticas que permitan mejores oportunidades urbanas.

Por ejemplo, si generamos densidades equilibradas con edificios de siete pisos, podemos aspirar a terrenos con una constructibilidad de 3,5 y una ocupación de suelo de 50%, en terrenos de 20 UF el m2.

Estos cálculos son esperanzadores, ya que permiten configurar vivienda social en localizaciones estratégicas, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, cercana al Hospital Regional o al Centro, o en Calama, en plena Finca San Juan. Es urgente que el Consejo Regional, replanteé su postura de no aprobar el "Plan de Adquisición de Suelo para Vivienda Social Bien Ubicada" y no seguir perdiendo oportunidades de generar ciudades más justas e integradas.