Una de las más relevantes consecuencias del Estallido Social de octubre de 2019 fue que la clase política se abrió a la posibilidad de redactar una nueva Constitución Política de la República.

En virtud de ello -y en un nefasto espectáculo que buscó disfrazar los verdaderos intereses de los partidos políticos- la mayoría de la clase política alcanzó el denominado "Acuerdo por la Paz" alcanzado en noviembre de 2019 y por el cual se estableció la necesidad de implementar un plebiscito que determinará si la ciudadanía quiere o no una nueva carta magna para el país.

Sin embargo, y en una clara muestra de egoísmo y ambición por perpetuarse en el poder, los partidos acordaron las formas en la que esto se llevaría a cabo ante el potencial triunfo del Apruebo.

Así entonces, se determinó que el 50% no parlamentario que participaría de una Convención Mixta o el 100% de los elegidos en la opción Convención Constituyente serán electos a través del método D`Hont; mecanismo que -desde el punto de vista de la técnica electoral- se utiliza para garantizar la representación de la mayor cantidad de conglomerados y partidos políticos del país, lo que -en consecuencia- implica postergar las posibilidades que tiene cualquier candidato verdaderamente independiente a salir electo.

Así entonces, y ante esta innegable realidad, el Acuerdo Por la Paz se presenta como un instrumento que protege el poder y los intereses de los partidos políticos, invisibilizándose de facto el sentir de aquella ciudadanía que levantó en las calles la reivindicación constitucional.

Desgraciadamente, y a la luz de los hechos, buena parte de la ciudadanía se encuentra "secuestrada" entre el Apruebo y el Rechazo, y no ahonda en un análisis riguroso respecto a las condiciones del proceso.

Ante esto, es esperable que las instrumentales "consecuencias" del plebiscito -y que en general se traduce en una escasa participación de verdaderos independientes a la hora de discutir y redactar una nueva Constitución- queden en evidencia en forma tardía, generándose las condiciones para que se reactive la molestia ciudadana y se potencie la desconfianza que hoy existe hacia la clase política.

Un total de 88 nuevos casos de contagio de coronavirus registró ayer la Región de Antofagasta, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Salud, con lo que se mantienen los niveles de contagio de las últimas semanas.

Es cierto que los indicadores mejoran, como la cifra de infectados, número de camas ocupadas, decesos, entre otros, pero sorprende e inquieta que las cifras jamás bajaran de los 60 casos.

La cantidad de personas en las calles, la alta movilidad debieran ser las principales causas de este fenómeno que sigue amenazándonos.

Hasta la fecha, según datos oficiales, un total de 17.399 habitantes de la región, algo menos del 3% de la población total, han contraído el virus. Es una cifra menor, pero que implica a lo menos dos cosas: la alta contagiabilidad en apenas seis meses y el desastre que es capaz de provocar si un número alto de personas enferma al mismo tiempo.

Debemos recordar que hasta apenas hace unas semanas, fueron varias decenas de pacientes los que debieron ser remitidos a centros asistenciales de todo el país para salvar sus vidas.

Como se sabe, pese a su anuncio inicial, el gobierno retrocedió ayer e informó que las comunas en cuarentena (Antofagasta, Mejillones y Calama, entre otras) no podrán optar al permiso especial para Fiestas Patrias, que permitirá las reuniones en casa con un máximo de personas, esto en medio de las tradicionales celebraciones de estas fechas.

"Nosotros preferimos eso antes que la gente salga a la calle donde es mucho más difícil tomar el control de las personas", dijo el ministro Enrique Paris.

Debe recordarse que varios peaks de contagio sucedieron durante las celebraciones del día de la madre y el día del niño, cuando mucha gente salió a comprar.

Debe repetirse que nadie puede relajarse ante esta tragedia, menos la autoridad que debe mantener las exigencias y la guardia para no retroceder el camino avanzado. Sin resolver el problema sanitario será imposible retomar cualquier otro objetivo planteado. La experiencia mundial lo confirma.

Este martes 8 de septiembre entra en vigencia la Ley de Portabilidad Financiera, la cual permitirá que las personas puedan cambiarse de un banco a otro con las mismas facilidades como hoy se hace con otros productos o servicios, como, por ejemplo, las telecomunicaciones.

Se trata de un tremendo avance porque históricamente los consumidores se han sentido amarrados a sus instituciones financieras por lo complicado que era cerrar sus cuentas o productos y cambiarse a otro.

Esta Ley facilitará el poder cambiar sus productos de una institución a otra, en forma mucho más expedita. Además, a través de esta normativa se reducen los costos, acortan los plazos y se simplifican los trámites.

Con la portabilidad, los consumidores podrán comparar y elegir aquella institución que más le convenga, y por lo mismo, se va a generar más competencia en el mercado. Los bancos e instituciones financieras van a tener que entregar mejores ofertas, mejor información y reconquistar a sus clientes.

Además, es relevante saber que, ante cualquier infracción relacionada con la Ley de Portabilidad Financiera, los consumidores pueden acudir al SERNAC porque la normativa establece expresamente que como Servicio debemos cumplir un rol activo para verificar el cumplimiento.

De hecho, la Ley dice que, si la institución financiera actual no cumple los plazos al proporcionar lo antecedentes solicitados para realizar la portabilidad, la nueva institución debe acusarla al SERNAC.

Otra novedad es que hay un formato estandarizado de oferta de portabilidad que diseñamos para que el consumidor pueda entender en fácil lo que le están ofreciendo y cuánto gana con ese cambio.

Este proyecto facilitará el refinanciamiento de todo tipo de crédito, entre ellos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, de consumo y automotrices, permitiendo disminuir los costos que pagan las familias de Chile a raíz de sus deudas.

Estos nuevos derechos vienen a nivelar la cancha respecto a un mercado históricamente complejo para los consumidores donde muchas veces la información no se entiende y es difícil comparar; donde los consumidores sienten que cuando tienen un crédito las empresas les están haciendo un favor, y, por tanto, no siempre reclaman o desconocen que tienen derechos, etc.

El SERNAC estará monitoreando el comportamiento de las empresas financieras respecto del cumplimiento de las nuevas obligaciones que tendrán a partir de la entrada en vigencia de la Ley y su reglamento.

Lo más importante es que esta Ley fortalece los derechos de los consumidores en el mercado financiero. Ya dimos pasos importantes con la Ley del SERNAC Financiero para avanzar en mayor transparencia, en que se informara cuánto terminarían pagando, entre otras exigencias.

Recientemente se sumó la ley de responsabilidad por fraudes, normativa que obliga a las entidades financieras a restituir o cancelar el cobro de las operaciones desconocidas por el consumidor; y que además prohíbe los seguros cuya cobertura corresponda a riesgos o siniestros que deban asumir las empresas de acuerdo a lo que indica esta normativa.