V. Toloza Jiménez

Un total de US$ 3.430 millones invirtió BHP para la construcción de la segunda desaladora de minera Escondida en Coloso, la más grande de Sudamérica. La obra que exigió trabajos entre 2013 y 2017, cuando fue inaugurada, es emblemática en distintos aspectos: por el avance de la minería en tratamiento de aguas para su producción, pero también porque deja en evidencia la enorme asimetría sufrida por la Región respecto de la inversión pública.

El desarrollo de Escondida Water Supplies supera en casi US$ 300 millones el total de la inversión pública efectiva materializada en la zona entre 2011 y 2019.

El sector público desembolsó en nuestra región, por medio del FNDR, sectorial (ministerios) y municipal (solo inversión; no pago de remuneraciones o recursos para funcionamiento) US$ 3.152 millones, algo así como 350 millones por año entre 2001 y 2009 (ver recuadros).

El estado al debe

La brecha entre la inversión pública y privada es lo primero que llama la atención y hay varios ejemplos. El proyecto termosolar Cerro Dominador (US$ 1.400 millones), equivale a la mitad de todo lo desembolsado en obras por el Estado en la década pasada. La ampliación del proyecto "Desarrollo Minera Centinela", (grupo Antofagasta Minerals), que permitirá extender sus operaciones hasta el año 2056, exigirá US$4.350 millones, casi un 50% más de lo invertido por el sector público en el mismo lapso.

Un ejemplo más cercano es la autopista que unirá a Calama con el sector de El Oasis. Esa obra (US$ 310 millones para poco más de 110 kilómetros) equivale casi a la inversión fiscal de un año en las nueve comunas de la región.

Las cifras no fueron muy distintas en el período 2001- 2010: El desembolso total del fisco en obras concretas llegó a US$ 2.168 millones; un 4,19% del total nacional (dólar promedio de 2019), cifra que se incrementó a los citados US$ 3.152 millones de la década pasada, lo que implicó un leve repunte en la torta país: 4,25%, según el análisis hecho por el Instituto de Políticas Públicas UCN, sobre la base del FNDR e información sectorial y Subdere, entre otras.

¿Invierte poco el Estado en la zona?

Cuatro exintendentes estiman que sí.

Marco Antonio Díaz, exintendente en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cita que esta realidad ha contribuido a instalar una "sensación de profunda injusticia" en la asignación de recursos públicos y ha "frenado un desarrollo de vanguardia" para esta región.

"Los únicos afectados han sido nuestros ciudadanos y sus necesidades más urgentes en salud, vivienda, educación, calidad de vida, etc. Por ello, resulta impostergable una descentralización política, administrativa y especialmente fiscal, que se haga cargo de asignar más potestades y recursos para nuestra región, corregir las brechas que genera el alto costo de vida que soportamos quienes vivimos acá; así como también entregarnos una potestad tributaria negativa que nos permita, desde la región, entregar beneficios y/o exenciones a quienes quieran venir a invertir a nuestra región, bajo nuestras reglas", detalló.

La descomposición

Según los datos del FNDR, la región tuvo US$ 668 millones en el período 2001- 2010 y US$ 1.037 millones en el lapso 2011- 2019, es decir, unos US$ 100 millones anuales, representando poco más del 7% del total nacional. Debe recordarse que la región concentra poco más del 4% de la población total nacional. La importancia de este fondo es que es supervisada por el Gobierno Regional.

El problema se produce fundamentalmente con la inversión sectorial (que ejecutan los ministerios y su distribución está a cargo del nivel central), donde se llegó a US$ 1.526 millones en la década pasada (ver recuadros), lo que alcanzó al 3,28% del total país.

El exintendente Valentín Volta (gobierno de Michelle Bachelet II) observó las mismas características. En su opinión, la poca inversión pública es expresión de la "escasa e irrelevante presencia del Estado en la región", lo que ha traído como consecuencia los déficits históricos en al menos dos ámbitos: débil desarrollo social, especialmente en vivienda, salud, educación, infraestructura urbana y programas de integración social; además de servicios públicos débiles.

"Por el contrario, la inversión privada es de las mayores en el país, solo superada -a veces- por la Región Metropolitana. Salvo por algunas acciones e instancias de responsabilidad social empresarial, en general los beneficios de esas inversiones no están ni quedan en la región. Siempre he creído que desde Santiago se ha definido que por haber tanta inversión privada en la región, no es necesaria tanta inversión pública, como si acaso el privado se hiciera cargo de lo público y sabemos que eso no ha sido así", señaló.

Al analizar dónde se invierte más (período 2011- 2019), la Región Metropolitana concentró casi el 18% del total; Biobío poco más del 14,3%; La Araucanía, el 8,49% y Valparaíso el 8,34%. Antofagasta, en el total consolidado se ubica en la novena posición.

Otra cosa que llama la atención es que toda la macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama) están en la zona de retaguardia. El grueso de la inversión pública tiene por foco la zona centro y sur de Chile.

Singularidades

La Región de Antofagasta exportó durante 2019, un total de US$ 22.365 millones, fundamentalmente en productos mineros, recursos no renovables. El total país ascendió a US$ 69.682 millones en el período, es decir, casi un tercio de los envíos del país salieron desde nuestro territorio.

Esa inequidad, entre otras, es la que genera molestia entre los actores locales.

Los indicadores macro -salvo en este período de crisis- son positivos para la Región. El desempleo está habitualmente bajo la media nacional, con excepción de los períodos de baja del precio del cobre. El PIB per cápita alcanza los US$64 mil dólares (similar al de Emiratos Árabes Unidos, dato de 2015), siete veces superior al de La Araucanía que está en el fondo de la tabla.

Pero las paradojas están a la vista: la zona tiene un déficit de 10 mil viviendas, hay siete mil 641 familias viviendo en campamentos, es una de las que menos bienes de uso público tiene, lo mismo que baja cantidad de áreas verdes, entre otras, todas brechas que no tienen que ver con lo privado, sino con ausencia de lo público.

Jorge Molina, exintendente durante la administración de Ricardo Lagos, estima que la desigualdad no se explica por la diferencia entre los desarrollos públicos y privados.

"Nuestra región tiene factores que le perjudican, como el alto ingreso per cápita regional, ya que se calcula sobre el PIB regional, que es alto por la incidencia de los ingresos mineros; y además tenemos una población escasa para un extenso territorio regional, concentrada en ciudades con una baja población rural. Es difícil aumentar los ingresos fiscales, y además el año 2003 la oposición de ese entonces, rechazó la idea de legislar sobre royalty minero, lo que habría aportado ingresos directos a nuestra Región, ya que el impuesto específico a la minería ingresa a arcas de la nación", indicó.

Molina también fue enfático: por esta desigualdad territorial "urge descentralizar el país, dotar a las regiones de más autonomía decisional y legislar sobre tributos con asignación regional directa e incentivos para atraer inversión distinta y diferente a la existente".

"Urge descentralizar el país, dotar a las regiones de más autonomía decisional y legislar sobre tributos con asignación regional directa".

Jorge Molina, Intendente Ricardo Lagos

"Los únicos afectados han sido nuestros ciudadanos y sus necesidades más urgentes en salud, vivienda, educación, calidad de vida".

Marco Antonio Díaz, Intendente Sebastián Piñera II

"Siempre he creído que desde Santiago se ha definido que por haber tanta inversión privada en la región, no es necesaria tanta inversión pública".

Valentín Volta, Intendente Michelle Bachelet II