"Se ha instalado en la sociedad el debate sobre si es procedente el retiro de fondos", dijo el ministro Óscar Clavería, miembro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación con la solicitud de la profesora María Ojeda, quien exige que la AFP Cuprum le entregue los recursos de su pensión para enfrentar las contingencias económicas derivadas de sus exiguos ingresos.

El juicio del ministro es correcto: hay una conversación abierta en este ámbito, tanto en Chile, como en el extranjero, habría que agregar. La declaración del magistrado es también política; evidentemente su lectura del fenómeno tiene que registrar ese aspecto. Aquello explicita las complejidades del abordaje de la justicia, que no es una acción que ocurre en un laboratorio inocuo, limpio y sin contaminación, sino que se acomete en lo que llamamos la realidad misma.

Claro está, la justicia se administra no por mera subjetividad, sino por marcos legales que definen lo posible de lo ilegal, diferencian aquello que la sociedad tolera o castiga para buscar obviamente- el bien común.

Hay que detallar que los fondos administrados por las AFP, son de propiedad del ahorrante, eso nadie lo discute, pero tienen un fin específico: construir la pensión. Esto no es una cuenta de ahorro que el usuario pueda disponer ante una emergencia, o para cumplir sus deseos contingentes.

Y aquello es -cómo no- una decisión política, una de las tantas arquitecturas que modelan la sociedad. No se trata de la "verdad", se trata, en este caso y en cualquier otro ordenado por la ley, de lo que se estima que es mejor para la sociedad.

Otro detalle inmenso es que pareció que el Tribunal Constitucional zanjó la discusión hace algunas semanas cuando rechazó, por unanimidad, los dos recursos que solicitaban el retiro de los ahorros previsionales administrados por las AFP. Pero vemos que no.

Ante ello, debe recordarse que el juez imparte la justicia, el legislador aprueba leyes que el gobierno propone y promulga; es un entramado complejo, lento, que es móvil en el tiempo y que se transforma en función de una ciudadanía que jamás es la misma.

Quizás lo más interesante de estos días es que la sociedad está viva y bullente, expresando sus dolores y preocupaciones, exigiendo cambios efectivos y rápidos. Así, por ejemplo, aparece la demanda de la señora Ojeda y también las sorprendentes conclusiones del magistrado Clavería.

Serán otros quienes deberán discutir si esa aproximación al problema es el correcto o incluso lícita, pero qué duda cabe que al menos en la formulación del asunto, es bien evidente que el país tiene aquí, y en tantas otras materias, discusiones y debates pendientes, abiertos y en desarrollo.

En tiempos de crisis, uno podría esperar que La Moneda se preocupara por los ciudadanos de este norte andino y minero, cumpliendo su deber con esta ciudad en que vivimos en medio de la pampa, entre la cordillera y la contaminación minera que no deja ver el hermoso cielo estrellado y privilegiado con que contamos, un territorio que día a día aporta riqueza al erario nacional con que en Santiago se construyen hospitales, metros y plazas, y con que se financia probablemente en gran parte el Espacio Riesco y las residencias sanitarias de las familias de los subsecretarios y diputados.

Uno podría tener esa esperanza de que atiendan de una buena vez las necesidades, en crisis sobre todo, de Calama y el norte en general, más aún si hoy tenemos autoridades regionales incluso con vínculos familiares en La Moneda. Pero no, desgraciadamente no y, junto a la ciudadanía, comenzamos a exigir al gobierno medidas sanitarias y beneficios sociales dignos, porque a pesar de ser la comuna que más riqueza aporta al país, es una de las más empobrecidas, una gran injusticia considerando que es nuestra gente de Calama la que debe vivir en la contaminación que genera la gran minería.

El gobierno se hace el sordo, incluso autoridades locales que militan en el partido de gobierno, RN, se sumaron a las exigencias y críticas por televisión y redes sociales (aunque aún no renuncian al partido). La conclusión es que el centralismo se nota aún más en tiempos de crisis: en Santiago no les creen a las autoridades regionales ni locales, tuvo que bajar de una pequeña nube un Subsecretario para que se tomaran medidas reales, concretas, aunque falta.

Tajante es la conclusión, pues tuvimos que invitar al Ministro Paris a visitar Calama, algo que Mañalich no quiso hacer, porque nos han hecho creer que así funciona esto, que es La Moneda la que manda a destajo y lo hace notar. Parece una actitud de manual si consideramos que toda la vida ha sido así, un reciente ejemplo, Piñera tuvo que bajar del Olimpo y llegar a Calama en febrero de 2019 tras las lluvias y crecidas producto del invierno altiplánico para decretar zona de catástrofe y ayudar a nuestro pueblo nortino.

Esto que vivimos es la máxima expresión y el acabose del centralismo. Si antes recurrimos a los tribunales para presionar al gobierno a decretar cuarentena para Calama, mañana no nos temblará la mano para perseguir las responsabilidades criminales por las muertes de nuestras madres, abuelas, hijas, de nuestros padres, abuelos e hijos.

Esteban Velásquez Núñez

Diputado de la República

No me había pasado hace tiempo: volver a sentir la indignación por eso que llamamos "el centralismo asfixiante". En mediodía de domingo el ministro de Salud anuncia, un poco a la pasada en su informe diario el inicio de la cuarentena de Antofagasta, Mejillones y Tocopilla. ¿Por qué? Porque no les queda otra que tomar una medida reactiva por el desastre sanitario que hoy tiene a Calama como foco principal, pero que en rigor involucra a toda la región, conectada en su enorme cadena de generación de valor minero.

El desastre de las medidas erráticas, la falta de coraje para tomar aquellas que pongan el foco en la salud de la población y de humildad para escuchar más a los especialistas y representantes de la sociedad civil, ha sido una constante de la política sanitaria a nivel central, pero la indolencia para mirar los datos desagregados fuera de Santiago y actuar en consecuencia raya en negligencia.

A principios de mayo el entonces ministro Mañalich habló en detalle, en cada punto de prensa y matinal sobre "La Batalla de Santiago", metáfora bélica con que la autoridad sanitaria buscaba revertir el relajo que la misma autoridad había reforzado ninguneando la suspensión de clases o invitando a tomarse cafecitos con cuatro amigos.

La batalla de Santiago fue entonces un esfuerzo tardío, lleno de metáforas inaplicables por las propias deficiencias del Estado. Solo un dato, mientras en Chile el Ministerio de Salud contaba con 80 operadores telefónicos para seguir la trazabilidad de los contactos cercanos de cada nuevo caso positivo (desde la semana pasada esa cifra subió a 500) en Wuhan fueron casi 10.000 operadores con la mitad de población de Chile.

La Batalla de Santiago era batalla perdida, pero al menos se concentraron los esfuerzos por hacer creer a la población durante varias semanas, que el castillo no era de naipes, y que las cajas de alimentos solucionarían la ausencia de políticas públicas robustas que cuidaran el día a día de la población confinada. Y si todo fallaba, la ilusión de los ventiladores mecánicos que día a día fueron recibidos en la loza del aeropuerto Pudahuel le dejó claro a todos los chilenos que la Batalla era en Santiago. Obviamente, esta batalla se perdió, porque el general de la gesta movió sus piezas cuando el enemigo ya había entrado hasta la cocina.

En nuestro norte, más allá del testimonial viaje del subsecretario Zúñiga, las medidas han sido casi inexistentes. Antofagasta y Mejillones hace menos de un mes salieron de una cuarentena que a todas luces era insuficiente. Pero claro, "parar el norte" le sale muy caro al resto del país.

La rutina de Calama es tan constante y predecible que da escozor que solo ahora se tomen medidas como detener la movilidad de miles de trabajadores que viven a lo largo del país y que cada semana colapsan el aeropuerto de El Loa o que se decida mover la producción minera solo con trabajadores residentes en la ciudad, medida que probablemente llega 2 o 3 meses tarde. En Calama vengo escuchando hace meses la necesidad de medidas más efectivas, de parte del Colegio Médico, la Mesa social y otros muchos actores sociales. En Antofagasta hubo muchas voces contrarias a terminar en mayo la mini cuarentena de 21 días.

En el Norte ni siquiera hubo batalla.