En las últimas horas la diputada Marcela Hernando envió un oficio al intendente Edgar Blanco para denunciarle el intento de tomas en la comuna de San Pedro de Atacama, y para ello le mandó fotografías del intento de un grupo de familias por iniciar un campamento en el sector de Larache, y lo que la parlamentaria calificó como un serio riesgo que amplíe el contagio de COVID-19.

"Es preocupante lo que está ocurriendo en el sector Larache de San Pedro de Atacama, en donde en varias ocasiones algunas personas han querido tomarse los terrenos y armar un campamento, algo que tiene preocupados a los vecinos, ya que han denunciado y aún la autoridad local y regional no toma ninguna medida", expresó Hernando.

Hay sectores de San Pedro en los que se desató de manera escandalosa las tomas, pero lo más preocupante es qué son sitios aluvionales o de paso de agua, además de ser demanda territorial de nuestras comunidades indígenas, lo que hace inviable la regularización. Poco o nada podemos hace al respecto nosotros como concejales, sumar fuerzas con otros actores del territorio y buscar mecanismos legales o de denuncias que nos permitan avanzar en soluciones", agregó la concejala de esa comuna, María Teresa Véliz.

"Aún se está a tiempo de tomar medidas para evitar que se concreten la toma de terreno en el lugar, algo que abriría un nuevo foco de preocupación en el contexto de pandemia por el COVID-19, sobre todo dada la alta incidencia de casos en San Pedro", puntualizó la diputada Hernando.

Esta situaciones ya se habían manifestado en el sector de Carmen Alto, cercano a una quebradas y que estuvo en riesgo tras las lluvias estivales del año pasado.

Actualmente el ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja en la elaboración de una fotogrametría de la comuna, que permita establecer con precisión los sitios de riesgo, la ubicación y tamaño de tomas y campamentos en San Pedro de Atacama.

Se informó además que durante el último intento de toma hubo una docena de detenidos tras la intervención de Carabineros del poblado.

"Aún se está a tiempo de tomar medidas para evitar que se concreten la toma de terreno en el lugar".

Marcela Hernando, Diputada

13 de abril

Pablo Orellana G.

En acuerdo unánime del Concejo Municipal de Calama se aprobó ayer la ordenanza que establece el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas que transiten la vía pública, medida que juicio del alcalde Daniel Agusto "se requiere debido a las serias imprudencias que hemos constatado en los espacios públicos", dijo el edil.

"Planteada la posibilidad y efectuado el estudio y el cambio a esta ordenanza, es que los concejales y yo acordamos que se utilice en todo desplazamiento por la vía pública y por espacios públicos mascarillas, que en forma preventiva, ayuden a evitar contagios por coronavirus", agregó el jefe comunal sobre esta medida que comenzará a regir desde el próximo lunes 20 de abril, "y mientras dure esta pandemia, o bien las autoridades sanitarias recomienden que ya no es necesario su uso en lugares públicos", dijo Agusto.

"Es una necesidad, es importante que como personas nos cuidemos, este es un tema serio, nos ataca a todos como sociedad, altera temas sociales, económicos y de toda índole. Tomar un resguardo así me parece que se ajusta a un requerimiento, de prevención", agregó el concejal José Mardones tras la modificación a la ordenanza que se requería para ser aplicada a contar de la próxima semana.

Alcoholes

Otro de los cambios discutidos y aprobados es la restricción horaria que tendrán los expendios de bebidas alcohólicas, el cual establece que podrán efectuar ventas desde las 11 de la mañana y hasta 19 horas. "Hemos detectado un porcentaje de casos de violencia intrafamiliar que están asociados al consumo de bebidas alcohólicas en estos. Eso nos preocupa, el distanciamiento social puede alterar las conductas de las personas, y el abuso de bebidas alcohólicas es una variante siempre presente en ellos. Normar el horario en este contexto es también una medida preventiva aún cuando sea impopular", explicó el alcalde de la ciudad sobre esta otra normativa.

La medida fue comentada por un propietario de una botillería del sector oriente de Calama, y dijo "afectará en las ventas, eso está claro, pero ya teníamos una restricción por toque de queda que fijaba un horario. Ahora se adelanta, no la entiendo mucho, pero deberá ser respetada, y ojalá no altere más la posibilidad de abrir el local".

Un aspecto que tanto el alcalde Agusto como el concejal Mardones abordaron "es la fiscalización. Esto debe ir acompañado de un control efectivo. La gobernación provincial por ejemplo ya cuenta con la ubicación de los locales clandestinos, y puede hacerse parte en la intervención efectiva. Que en conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones y los militares hagan la pega, y los intervengan", dijo José Mardones.

Aunque el alcalde aseguró que esta normativa contará con el apoyo de inspectores municipales, "requerimos colaboración a las autoridades. Así se lo he planteado al general José Miguel Aguirre en nuestra última conversación. Requerimos de colaboración en esta medida, porque se hacen necesarias, insisto preventivas, y ayuden a sobrellevar esta pandemia", agregó el alcalde Agusto.

No descartó la aplicación de más normativas, y dijo "es una posibilidad, hay muchos elementos que analizar y que se podrían aplicar en la medida que avanza esta pandemia. El foco está puesto en lo sanitario, en lo preventivo. quien no respete estas dos primeras, será castigado con multas de 1 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y hasta las 6 UTM para dueños de botillerías que infrinjan la medida".

"Se requiere debido a las serias imprudencias que hemos constatado en los espacios públicos".

Daniel Agusto, Alcalde de Calama

"Es una necesidad, es importante que como personas nos cuidemos, este es un tema serio, nos ataca a todos como sociedad, altera temas sociales".

José Mardones, Concejal

5 podría llegar a pagar una persona que no cumpla estas dos modificaciones.

UTM ordenanzas

2 fueron modificadas para el uso obligatorio de mascarillas y venta de alcohol.

FISCALIZACIÓN