Avances de la Ley de Discapacidad
Un 9,3% de la población adulta de la Región de Antofagasta se encuentra en situación de discapacidad, según estudios del Ministerio de Desarrollo Social y Senadis. Respecto del tramo etario de 18 a 44 años, un 15,9% se encuentra en situación de discapacidad; de 45 a 59 años un 27,7%, y un 56,4% de la población regional de 60 años y más años.
Hace algunos días se cumplieron dos años desde que entró en vigencia la ley Nº 20.422, que estableció normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social y laboral de personas en situación de discapacidad.
La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.
Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad (el 9,3% de la población de nuestra región). La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.
En lo fundamental, lo que ha pretendido esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Es cierto que hay avances, pero aún falta mucho. Las municipalidades han dispuesto rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen.
Pero una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.