Las crisis provocan cambios, algunos más profundos que otros, pero transformaciones al fin. La crisis social tendrá los suyos y la pandemia de coronavirus otros tantos.

Desde esta última emerge una bien notable que tiene que ver con el confinamiento en hogares, una exigencia mínima considerando lo que se enfrenta. Es indudable que cada familia ha hecho un análisis de lo que es realmente importante, de aquello que lo parecía y en realidad no lo es. La seguridad y la comida están entre los primeros; los bienes suntuarios, la moda, definitivamente, han perdido parte de su valor.

Entre las primeras también debemos incluir a la transformación digital, que se ha demostrado que es mucho mayor de lo que pensábamos. El teletrabajo sí puede desarrollarse en una cantidad relevante de labores (en cantidad creciente), lo mismo que la educación.

Las universidades plantearon por años las posibilidades, pero avanzaron poco, hasta ahora, obligados por la realidad y la necesidad.

Pero también habrá que discutir que todo esto es posible gracias a internet, lo que implica que son beneficiados solo aquellos que tienen acceso a la red. En la actualidad, puede decirse que quien no está conectado está fuera del juego de la información y el mundo.

Tal cosa nos debiera sugerir que el acceso a un computador/tablet e internet ya debería advertirse como un derecho humano básico, tal como lo es el agua, la salud, o vivir en una sociedad libre, con un medioambiente sano.

En la actualidad, si bien hay una enorme penetración de los smartphones, no todos están con acceso a la web, en especial -para variar- en los sectores más desposeídos. En Chile, según la Ocde (2017) si bien el acceso a internet de los hogares aumentó en la última década, a un 87,5% a fines de 2017, superando el promedio de los países miembros, aún resta mucho camino por recorrer.

Proponerse iluminar aquellos territorios alejados de esta realidad es una obligación ética del Estado. Ya no puede verse esto como un lujo, sino como algo absolutamente indispensable para desenvolverse en la modernidad y el mundo que viene.

Los expertos y las autoridades de salud, a nivel mundial, concuerdan y nos advierten que el coronavirus tiene una transmisibilidad sin precedentes. Por ello es lamentable que aún la ciudadanía no tome el peso real de esta pandemia que a nivel mundial ya costó la vida de 63 mil personas aproximadamente y que en Chile ya tienen 4.815 contagiados y 37 fallecidos.

La porfía de las personas está siendo un gran aliado del coronavirus y con indignación lo vimos en Calama el fin de semana, donde algunas familias aprovecharon de tomar un día de picnic en la ribera del rio Loa, un acto de poca solidaridad e irresponsabilidad con las demás personas.

Toda la ciudadanía debe entender que nuestro sistema de salud no será suficiente si esta enfermedad se sale de control como lo vemos en Italia, España y Estados Unidos; estamos hablando de países cuyo nivel de desarrollo es más avanzado que el nuestro y sin embargo, no pudieron hacer frente, teniendo como resultado miles de muertos diarios.

Como doctora concuerdo con quienes señalan que nuestra región tiene la ventaja de tener dos recintos hospitalarios nuevos. Sin embargo, si el virus continúa su avance, por ejemplo, entre los funcionarios de la salud y se enferman, poco o nada se podrá hacer para atender a los pacientes. El compromiso y la solidaridad, basada en el confinamiento en el hogar y el distanciamiento social es fundamental para aplanar la curva de contagio.

Sabido es que no tenemos suficientes ventiladores mecánicos para ayudar a la sobrevivencia de los enfermos más críticos. Ahora, mientras usted lee esta columna, todos los países del mundo están en una carrera por conseguir insumos médicos, los que comienzan a escasear a medida que aumentan los contagiados. Chile lamentablemente desde hace meses venía con problemas de insumos en sus hospitales, algo que hice ver en la discusión de la ley de presupuesto para el año en curso.

Se nos ha señalado que en el país hay una disposición de 255 ventiladores mecánicos, además un avión de la FACH irá hasta China a buscar una donación de 500 nuevas máquinas que ese país realizó, para que podamos hacer frente a la emergencia. Se está a la espera de una compra realizada por el Gobierno que debería llegar en mayo.

Estos esfuerzos son inútiles sin el compromiso de la población, sólo así podremos recuperar la cotidianidad. Quédate en casa!.

Marcela Hernando Pérez,

Diputada por la Región de Antofagasta

Cuando se habla de delitos y del proceso penal, la expresión ultima ratio se refiere al imperativo previsto en el art. 139 del Código Procesal Penal: que la encarcelación durante la investigación sólo se aplique cuando las restantes medidas (el arresto domiciliario, por ejemplo) sean estimadas por el tribunal como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento y la seguridad de la víctima o de la sociedad.

Esta fue la principal directriz en la implementación del actual proceso penal, armónica con el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, durante estas dos décadas diversas reformas legales ampliaron la aplicación de la prisión preventiva, basadas en el discurso del aumento de la criminalidad, la «puerta giratoria» y la «sensación» de inseguridad ciudadana.

Soslayando el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aboga por una aplicación restrictiva y racional de la prisión preventiva, en nuestro país la encarcelación pasó a entenderse como la prima ratio del Estado, la principal medida cautelar aplicada por los tribunales de justicia, en desmedro de la presunción de inocencia y de otras alternativas adecuadas al caso concreto menos criminógenas.

Recientemente, su desproporcionada aplicación se evidenció en el contexto del estallido social.

En este escenario irrumpe el COVID-19, un factor que ningún libro ni jurista previó como contrapeso en esta materia. El temor a una propagación en los recintos penitenciarios de los que el Estado es garante, que pondría en riesgo la salud de los funcionarios de Gendarmería y la de quienes se encuentran privados de libertad en las cárceles, potencia el mandato de ultima ratio de la prisión preventiva y la de optar por medidas alternativas que se ajusten a la ley y a la emergencia sanitaria.

Considerando el urgente llamado de organismos internacionales, la Defensoría Penal Pública ha solicitado la modificación de las prisiones preventivas para así contribuir al resguardo de la salud mediante la reducción de la población carcelaria, como medida de contención de la pandemia. Esta revisión prioriza la situación de grupos vulnerables por razones de salud y quienes pueden optar a otra medida cautelar menos intensa.

Es imprescindible que en estos casos la emergencia sanitaria permita restablecer el derecho a ser tratado como inocente mientras no se dicte la condena y proscriba la pena anticipada, redefiniendo el carácter excepcional de la prisión preventiva.

Luciano Cisternas Vélis

Asesor jurídico regional Defensoría Penal Pública Antofagasta