Una visita al sector de Jama efectuó ayer el intendente Edgar Blanco, en donde revisó los circuitos aduaneros de la comuna de San Pedro de Atacama, instancia en que recorrió éstas y además explicó que el turístico poblado podría tener controles de ingreso que permitan efectuar mejores pesquisas por posibles casos de COVID-19, y que además sirva para evitar su propagación a otros sectores.

Sobre esa posibilidad, Edgar Blanco dijo que "estamos estudiando algunas medidas en particular como para controlar y revisar a las personas que hacen ingreso al poblado y mañana -hoy- podremos anunciar algunas. De momento efectuaremos controles en la aduana sanitaria del aeródromo El Loa, revisando a los pasajeros que llegan a la zona", dijo la autoridad regional.

Turistas

Sobre los casos reportados por los habitantes de San Pedro y otras localidades como del Alto Loa, quienes han incumplido las medidas sanitarias en medio de esta pandemia, el intendente Blanco dijo que "hemos reforzado el trabajo con Carabineros en la vigilancia de los distintos sectores. También entendemos que de a poco ha ido bajando el flujo de turistas, y en las videoconferencias que hemos tenido con el alcalde de la comuna nos ha manifestado que aún quedan grupos que no han entendido esto, y ahí tenemos que ir con el aviso previo de las mismas personas de la localidad e ir con la fuerza pública".

En cuanto a si se tomarán algún tipo de medidas especiales con las comunidades rurales de la provincia de El Loa, que permitan dar mayor seguridad sanitaria ante esta pandemia, Edgar Blanco dijo que "principalmente lo que estamos haciendo es hacer los controles en las ciudades principales, y de esta manera evitamos que las personas puedan acercarse o bien ser chequeadas antes de ingresara ella y movilizarse a localidades más pequeñas. Insisto, por el momento y como no tenemos casos en pueblos pequeños, no hemos tomado medidas con respecto a ello".

Servicios

En caso del poblado de San Pedro de Atacama, donde funcionan cooperativas a cargo de la energía eléctrica y de agua potable, la autoridad regional comentó que "estamos constantemente revisando los protocolos y la forma en que están trabajando cada una de estas cooperativas y sistemas de Agua Potable Rural (APR). No podemos garantizar que estén al cien por ciento funcionando, pero sí teniendo en cuenta que todos los planes y protocolos que se estén usando sean los correctos, y tanto las secretarías regionales ministeriales de Obras Públicas y de Energía están constantemente supervisando y vigilando y colaborando con las comunidades para que esos servicios se entreguen lo mejor posible a la gente de la comuna".

Por último Edgar Blanco explicó que "estamos esperando que el ministerio de Salud autorice los test rápidos y de esa manera podemos tener instalados algunos en los dispositivos de Salud de San Pedro de Atacama, y de esta manera entregar soluciones más rápidas los exámenes. De momento esas serían las opciones de instalar pruebas rápidas de respuesta en esa comuna".

Largas filas a las afueras de las oficinas de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) son la tónica de los últimos días no solo en la región, sino a lo largo de todo el país.

De acuerdo a los datos de la Dirección del Trabajo (DT), entre enero y febrero en Antofagasta recibieron 22.879 cartas de término de contrato en la zona, unos 8 mil documentos más que en el mismo periodo de 2019, con un aumento porcentual cercano al 36%.

Las aglomeraciones afuera de la AFC también fueron influenciadas por la aprobación del proyecto de ley del gobierno para proteger el empleo, no obstante esta normativa solo entrará en vigencia en los próximos días, cuando sea publicada en el Diario Oficial.

Preocupación

Desde el Ministerio del Trabajo explicaron que lo importante frente al cobro de los seguros de cesantía es recalcar que la AFC no es una repartición pública, sino un ente privado que es supervigilado por la Superintendencia de Pensiones.

Y reconocieron que hay preocupación para que funcione bien, "porque ante la mayor demanda de los últimos meses, producto del estallido social y ahora por el coronavirus, no ha mostrado agilidad en atender a un número creciente de personas que acuden a ella en búsqueda de información o el pago de sus seguros".

En la repartición gubernamental aseguraron que ya en marzo el superintendente de Pensiones Osvaldo Macías, ofició a la AFC respecto de la implementación de una serie de medidas tendientes a facilitar la realización de trámites para la solicitud y pago del seguro.

"Lo que falta es una mejor comunicación y atención en la fila. Las personas están viniendo mucho porque no saben que hay una página web donde lo pueden hacer, pero también porque creen que está vigente la ley de protección al empleo. Esa ley se aprobó en el Congreso pero aún no está vigente y todo se va a hacer por internet", dijo Macías a este Diario.

Alcances

Respecto de los alcances del nuevo cuerpo legal, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, explicó que tiene cuatro objetivos.

"Proteger los ingresos, las fuentes de trabajo de esos trabajadores y lo que nosotros queremos es que una vez que haya terminado esta crisis la gente pueda volver a trabajar en el mismo lugar que tenía anteriormente y es por eso también que se protege la relación laboral", aseguró.