La crisis social del 18 de octubre nos dejó variadas conversaciones abiertas y numerosos mensajes: uno de los más poderosos es el legítimo reclamo de trato digno que pide la población, en especial las clases medias.

Sin duda que otro está determinado contra el abuso de todo tipo. La población estima que sus vidas son difíciles de manejar cuando las condiciones económicas objetivas se deterioran, los costos suben y toda la construcción de sociedad parece determinada exclusivamente por el prisma económico/economicista.

El ejemplo de los 30 pesos de aumento en el precio del valor de algunos tickets del Metro fue un punto cúlmine. Desde el punto de vista técnico, el incremento puede ser incluso impecable (considerando dólar, IPC, nuevos proyectos, precio de la electricidad, entre otros), pero desde lo político fue un profundo error -igual que otros anteriores- que significó un costo millonario enorme y peores consecuencias sociales, como todos lo sabemos.

Se trató, por así decirlo, de un ahorro (subir los pasajes del tren urbano capitalino) carísimo.

Es cierto. No fue ese aumento la causa del estallido, pero sí el punto de inflexión.

Pues bien, con ese contexto, al que debemos sumar el del coronavirus, las isapres, como era previsible respecto a su marco regulatorio, anunciaron alzas en los planes.

De acuerdo a la informado por la Superintendencia de Salud, las isapres abiertas que pretenden nuevas tarifas son: Colmena, con un promedio de 4,9%; Vida Tres con 4,9%; Banmédica con 4,9%; Nueva Masvida con 4,7%; Cruz Blanca con 4%. Por su parte, de las isapres cerradas sólo Isalud reajustará precios, con un promedio de 3%.

El asunto provocó obvias reacciones en la ciudadanía y también en el gobierno, al punto que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la calificó el martes como "inoportuna" y ayer el Presidente anunció que los incrementos serían postergados por tres meses, acuerdo al que se llegó tras una negociación entre el gobierno y esa industria.

¿Era conveniente una medida de este tipo ahora? La respuesta no parece tener dos opiniones, si entendemos como relevante el contexto previamente descrito y peor aún lo que ha citado la Justicia en estos casos de manera constante: tales alzas de precio son arbitrarias e ilegales.

Producto de la llegada del virus COVID-19 a nuestro país, no sólo se ha visto sometida a prueba nuestra capacidad de poder adaptarnos a circunstancias que ciertamente no son comunes a nosotros, ya que hemos debido tomar distancia hasta de nuestros propios seres queridos a modo de protegerlos y a su vez protegernos a nosotros mismos; pero también, este virus ha puesto a prueba la capacidad con la cual nos enfrentaremos a problemas económicos, porque ya lo dijo nuestro Presidente, se vienen tiempos difíciles.

Y sin lugar a dudas, ante estas circunstancias, nuestro Gobierno, tiene claro que no todas las familias podrán sobrellevar esta situación, ya sea desde aquellos hogares que han podido efectuar la cuarentena en sus casas, hasta aquellas que no pueden hacerlo porque deben seguir concurriendo a su trabajo, porque el empleador no ha dado aquellas facilidades o porque los ingresos de ese trabajador o esa empresa son día a día. Inclusive hay trabajadores que deben asistir a sus trabajos sin tener las condiciones de seguridad sanitaria para el desarrollo de sus labores, pero concurren de igual manera por el miedo de que en cualquier momento puedan perder su fuente de ingreso.

Esto último para miles de trabajadores del país termina siendo un agobio, más aún en nuestra región que depende directamente de la actividad minera. Por lo cual el Gobierno ha promulgado una ley que da protección al trabajo mediante el pacto entre empleado y empleador para asegurar el vínculo laboral - en las actuales circunstancias de incertidumbre respecto a la actividad económica - mediante la reducción de la jornada laboral y por ende de la remuneración, pero a aquello se suma un complemento con cargo al seguro de cesantía.

Ciertamente, si bien este virus podrá no contagiar a todos, seremos todos afectados por él, dada sus propias repercusiones en la economía tanto a gran escala como aquellas de pequeña, con lo cual con proyectos como el mencionado en conjunto con el apoyo a las PYMEs se podrá palear de alguna manera las consecuencias del COVID-19. Pero también como dice una frase popular, "todo puede esperar, menos las deudas", es que propuse al interior de la actual ley de protección del trabajo, que a *aquellos trabajadores a los cuales se les vea reducida su jornada laboral y por ende su remuneración, puedan hacer efectivo los seguros de cesantía* para postergar o condonar cuotas de créditos y deudas contraídas con bancos o casas comerciales, cuestión que ha sido incorporada.

Con esto no se pretenden solucionar todas las problemáticas que trae aparejado el COVID-19, pero sí aliviar un poco la carga que tiene cada una de las familias de nuestro país y beneficiar a los hogares chilenos sin discriminación.

Reflexiones de cuarentena

Mientras el mundo parece ponerse en pausa, la vorágine de la conectividad nos llena de informaciones que inevitablemente nos llenan de ansiedad. Nuestros teléfonos, nuestras redes, nuestros correos y las pantallas de televisión parecen explotar con datos sobre mascarillas, salvoconductos, cuarentena, cifras, estadísticas y predicciones apocalípticas.

El anuncio de un cierre sanitario a algunas comunas de la Región Metropolitana provocó que las personas se agolparan en supermercados o farmacias, comprando todo lo que el bolsillo les pudiera aguantar. Así, una medida de contención se convirtió de pronto en la muestra clara de cuán fácilmente olvidamos el bien común, para convertirnos en uno de esos acumuladores que de vez en cuando vemos por la tele.

Esta crisis es compleja, qué duda cabe. Nunca antes en la historia una pandemia había tenido tanto alcance, tanta cobertura mediática. La fragilidad humana puesta en evidencia, tanto en lo meramente sanitario, como en su instinto animal por sobrevivir. Tenemos miedo y nos cuesta reaccionar.

Sin embargo, dentro de toda esta locura, existen casos que nos conmueven. Puestos de comida que dejan disponible su stock para quienes deben seguir trabajando. Supermercados que entregan horarios especiales para tercera edad o personas con movilidad reducida. Vecinos que se ofrecen para "los mandados" de quienes no tienen la posibilidad de salir o están dentro de la población con mayor riesgo.

Pequeños gestos que nos devuelven la cordura, para hacernos ver que somos humanos cuando compartimos en comunidad. Es el momento de apoyar y aportar. Con quedarnos en nuestras casas o comprar solo lo justo y necesario ya estamos contribuyendo a una sanidad mundial.

El desafío que viene es enorme. Debemos recuperar la confianza y reconvertir nuestra forma de relacionarnos. Este virus vino a mostrarnos que nadie se salva solo y que da lo mismo tu puesto, tu cargo o tu sueldo porque en estos momentos, nos necesitamos unos a otros.

¿Qué sería de las ciudades sin los recolectores de basura? ¿Cómo funcionaría la cadena de suministros sin reponedores, sin cajeras, sin personal de atención? ¿Quién te recibiría en un hospital o clínica sin paramédicos, técnicos, enfermeras y los propios médicos?

Nadie sabe cómo terminará todo esto. Por lo pronto, debemos buscar la manera de mantenernos conectados con nuestra gente y nuestro entorno.

En el futuro cercano, tendremos que potenciar a los emprendedores locales que hoy lo están pasando mal, valorando el trabajo y esfuerzo de cada uno. Cuidarnos es sinónimo de cuidar a los demás.

Tomar conciencia de que somos parte de un todo es lo que nos salvará. Esa es nuestra tarea hoy, espero que todos la cumplamos.

José Miguel Castro Bascuñán

Diputado de la República

Nicolás Salinas Sepúlveda

Director área de participación y comunicación, Creo Antofagasta