Desde el estallido social del 18 octubre ha sido posible apreciar con preocupación un progresivo deterioro del respeto que las personas deben a la autoridad y las normas que regulan la vida en sociedad en Chile, generado por escándalos de corrupción en que se han visto envuelto no sólo una parte de nuestra clase política, sino también otros actores relevantes.

La situación antes descrita, paradójicamente ha generado una percepción de frustración y desamparo en la ciudadanía, pues, a pesar de que en los últimos treinta años Chile ha alcanzado niveles de prosperidad y desarrollo no visto en periodos previos de nuestra historia, la población siente que los beneficios de tal progreso sólo han llegado a un grupo limitado de personas.

Sin lugar a dudas, el problema previamente expuesto ya significa un desafío muy relevante para cualquier democracia en tiempos normales, pero con una crisis como la que estamos viviendo producto de la pandemia del COVID- 19, puede implicar un esfuerzo mucho más importante para sustentabilidad de la convivencia nacional.

Es en estos tiempos complejos cuando se necesita más que nunca que las personas confíen en sus autoridades y en la legitimidad de las normas que los regulan: es por ello, que resulta tremendamente preocupante que, en algunas localidades, se pretenda imponer de facto por los ciudadanos, medidas tales como, la prohibición de ingreso; como también cuarentenas y otras restricciones a las libertades personales que algunos alcaldes han pretendido instaurar en sus comunas, cuya constitucionalidad es -por decir lo menos- discutible.

No cabe duda de que todas esas medidas son bien intencionadas y obedecen a lo que el buen sentido común les dicta a muchas personas: e, incluso, desde el punto de técnico, podrían estar justificadas y ser la respuesta a una percepción de inactividad del gobierno central. Sin embargo, nada de ello puede justificar que en pos de una causa justa una autoridad o persona pueda atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, una facultad que la Constitución o las leyes dictadas conforme ella no le han concedido.

En un Estado de Derecho, es fundamental que tanto los ciudadanos como las autoridades se sometan al principio de la legalidad en todas sus actuaciones para garantizar la estabilidad democrática y el respeto de los derechos fundamentales, ya que se si revisamos la historia, en el nombre de causas nobles se han cometido las mayores atrocidades.

En consecuencia, en momentos tan complejos como el que estamos viviendo debemos cuidar con mayor celo los valores del respeto de las normas y de las autoridades legítimamente establecidas, pues ciertamente el logro de cualquier objetivo por más legítimo que sea, no puede obtenerse por cualquier medio. La sobrevivencia de nuestra democracia depende de ello.

Muchas veces la naturaleza ha golpeado rudamente gran parte de nuestro territorio nacional, ahora nos golpea el coronavirus, poniendo a prueba, como pueblo, nuestra entereza y capacidad para reaccionar adecuadamente al infortunio. Y también nuestro espíritu.

Esta tragedia ha servido para comprobar que este sentimiento tan noble y generoso y excelso, cuya existencia anterior al mismo la hubiéramos estimado con escepticismo, está latente en todos los pueblos de la tierra.

Creo no equivocarme. Nos emociona cuando vemos a un pueblo unido en esta lucha titánica. Y reflexionamos que si el hombre se desprendiera definitivamente del egoísmo y practicara esta virtud que nos enseña la vida en sociedad, se abriría otra ancha vía para la felicidad colectiva.

Desgraciadamente, la nobleza humana aflora sólo en estas desgracias circunstanciales y pasado el efecto que la produce, se hace tenue y aún desaparece.

El hombre debe ser solidario, como fundamento básico de su conciencia y comportamiento social.

Nosotros no podemos desoír la inspiración de la solidaridad; es nuestro deber como miembro de la especie humana, es nuestra obligación como seres sensible y como hombre de bien es nuestra natural función. Si acudimos generosos y pronto a aliviar el dolor y no nos queda otro sentimiento que la satisfacción del deber cumplido, actuamos solidariamente. No otra satisfacción ni recompensa debemos esperar, que comprobar que nuestra mano tenida, hizo menos angustiosa una necesidad o sirvió para truncar una amargura en felicidad.

Hecho breve comentario de esta importante virtud, no cabe otra conclusión para que cumpla su objetivo, debe ser práctica diaria y natural en el hombre de bien. No aprovecharemos su enseñanza si nos conformamos con su conocimiento en abstracto, si no le damos validez vital y efectivo dentro de las familias y en la comunidad.

Arturo Mardones Segura,

Rotary Club Chuquicamata

El gobierno comprometió recursos fiscales por 11.750 millones de dólares con el fin de enfrentar la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Con esos dineros, se espera reforzar el presupuesto de Salud, proteger los ingresos familiares, el trabajo y el funcionamiento de las pequeñas empresas (pymes).

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, precisó que si bien el golpe afectará la producción y el empleo "nos vamos a recuperar". Para ello es necesario que las personas se queden en sus casas para evitar el contagio y el aparato productivo nacional pueda funcionar cuando sea superada esta crisis.

Precisamente ayer el Mandatario promulgó la iniciativa que establece medidas en apoyo a familias y mipymes. Se incluye el "bono COVID-19" de $50.000, el cual será entregado a partir de abril a los grupos más vulnerables, unas dos millones de personas.

Otra de las medidas es la creación de un fondo solidario para la crisis, consistente en 100 millones de dólares, destinado a atender emergencias por las caídas en las ventas del micro comercio, mientras que a las empresas se les anticipará la devolución del impuesto a la renta que corresponde a las pymes y la postergación del pago del mismo impuesto para las pymes, hasta julio de 2020.

Hay que considerar que las pequeñas y medianas empresas fueron perjudicadas por los ataques y saqueos ocurridos durante las jornadas de protesta de los últimos meses, o porque tuvieron un funcionamiento irregular debido a episodios de violencia. Influyó que esas pequeñas empresas, especialmente del comercio, no pudieron funcionar con regularidad, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas, de modo que sus ventas decayeron fuertemente.

La micro, pequeña y medianas empresas son el 98% del total de unidades productivas que funcionan en Chile, aunque sus ventas sólo representan el 13,7% del total. No obstante, ese sector es el gran generador de empleos. De ahí la necesidad de cuidar y proteger a las pymes y los puestos de trabajo, por lo cual el paquete de medidas anunciado por el gobierno, que si bien no dejará satisfechos a todos, es un primer paso -no el único- para abordar el presente y el futuro.