Redacción

El director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, ayer presentó la Primera encuesta nacional de funcionarios públicos, donde el 36% reconoció haber ingresado al Estado por "pituto", es decir, con la ayuda de familiares, amigos u otros contactos personales. Contraloría calificó la situación como "terrible".

Que uno de cada tres empleados del Estado afirmara que debe su trabajo a un conocido, "es terrible, tenemos que cambiar esto", publicó en Twitter "Contralorito", el personaje mediante el cual Contraloría responde a las preguntas ciudadanas en redes sociales.

Sin embargo, explicó después el organismo "es importante establecer que los concursos públicos (para acceder a empleos del Estado) no siempre fueron la regla, esto es algo relativamente nuevo", pero que es deber de la Contraloría fiscalizar "que un concurso público no esté 'arreglado'". Ante cualquier indicio de un proceso de selección irregular, la oficina pidió dar aviso en el sitio www.contraloria.cl/denuncia.

El senador de Evópoli, Felipe Kast, señaló al respecto que "más de la mitad de los programas sociales (han sido) mal evaluados y 36% de los funcionarios públicos reconoce entrar al Estado por 'pituto': la fragilidad de nuestra democracia tiene directa relación con el Estado capturado. Devolvamos el Estado a los ciudadanos, más meritocracia y menos pitutos".

"lo podemos permitir"

La encuesta fue realizada a 21.443 trabajadores de 65 instituciones, aunque, "si desglosamos ese dato y comparamos por antigüedad", dijo Weber a radio Cooperativa, "encontramos que aquellas personas que ingresaron hace 20 ó 25 a la administración (pública), cerca del 45% dice que ingresó por pituto; versus los que ingresaron en los últimos cinco años, que señalan más o menos un 10%, 15%, que ingresaron al Estado gracias a la ayuda de terceros".

"Si nos comparamos con el promedio de los países OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que tienen nivel de institucionalidad en materia de personas mucho más desarrollados, estamos muy por detrás de lo que está en el estándar internacional", afirmó el director del Servicio Civil.

Otro dato relevante de la encuesta fue que "casi el mismo tercio de funcionarios dice creer que para su futuro desarrollo, eso significa mejor remuneración o asumir mayores responsabilidades, creen que van a necesitar la ayuda de políticos o amigos para poder hacerlo. (...) Eso es algo que podemos permitir en el Estado", dijo el psicólogo organizacional, máster en administración de empresas y en política de desarrollo internacional.

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) manifestó ayer su "repudio" hacia la turba de encapuchados que ingresó a saquear el edificio de El Mercurio de Antofagasta, provocando graves daños y focos de incendio la tarde de este lunes. La condena se suma a la que ya había expresado la Asociación Nacional de la Prensa.

El ente gremial afirmó que "repudia y lamenta los ataques sufridos por el diario El Mercurio de Antofagasta y El Mercurio de Valparaíso (ocurrido en octubre pasado), quienes vieron afectada la seguridad de sus trabajadores e instalaciones físicas por grupos violentistas que irrumpieron para ocasionar destrozos y limitar el funcionamiento de estos medios escritos".

La Asociación de Televisión agregó que "en los últimos meses, hemos constatado con preocupación cómo la prensa escrita, la radio y la televisión han sido objeto de amenazas y, lamentablemente, en algunos casos de agresiones a los periodistas limitando su libre ejercicio del periodismo, expresión democrática esencial en una sociedad".

El senador independiente por la Región de Antofagasta, Pedro Araya, manifestó en su cuenta de Twitter un "absoluto rechazo a los hechos ocurridos en El Mercurio de Antofagasta. Atacar a profesionales de la prensa y destruir su lugar de trabajo no es protesta social. Toda mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del medio".

La diputada RN Paulina Núñez señaló que "no da para más la situación" en la ciudad: "Todos los días más destrozos y delincuencia. Espero rechazo transversal. (...) Entrar a El Mercurio es atentar contra la libertad de expresión, (minutos después) destrozar el Colegio Santa María es violencia contra los estudiantes". Su par (PR) Marcela Hernando publicó su "más irrestricta solidaridad" con los funcionarios del diario. "La legítima protesta social no se debe empañar con violencia y destrucción, la cual rechazo tajantemente. Protestamos exigiendo dignidad y esa dignidad también se la debe a todos los trabajadores".

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer las fechas claves para el plebiscito donde la ciudadanía decidirá si es necesaria la escritura de una nueva Constitución o se continuará con la actual, de 1980, mediante las opciones "apruebo" (una nueva Carta Magna) o "rechazo".

El 27 de enero comenzará el proceso, cuando el organismo estatal publique los padrones electorales auditados en su sitio web -tras procesos como, por ejemplo, el cambio de domicilio, cuya fecha límite fue en diciembre -, junto a la nómina de electores inhabilitados para sufragar. Los reclamos pueden ser presentados durante los siguientes diez días, a desde el 28 de enero.

El 26 de febrero comenzará la propaganda en la prensa, radio y espacios públicos, para difundir la opción "apruebo" o "rechazo", para luego marcar qué tipo de órgano debiese redactar la eventual nueva Carta Magna: "Convención mixta constitucional" o "Convención constitucional".

Aquel mismo día se publicarán los padrones electorales definitivos y se determinarán las mesas receptoras de sufragios.

Un mes después, el 27 de marzo, comenzará la emisión de la franja de propaganda gratuita en los canales de televisión abierta.

El 4 de abril, se publicará en la plataforma del Servel la nómina de vocales de mesa y de los locales de votación habilitados para el proceso. 48 horas más tarde y hasta el día 8, quienes hayan sido designados como vocales de mesa podrán presentar sus excusas, para finalmente el 11 publicar quiénes serán vocales reemplazantes.

La propaganda electoral deberá terminar el 23 de abril, porque desde las 00:00 horas del día siguiente se prohibirá toda manifestación o reunión pública de carácter electoral.

El 26 de abril, a las 08:00 se abrirán los locales de votación en Chile, en el extranjero la hora será definida por cada embajada, para cerrar a las 18:00 horas (local) y comenzar el conteo.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo ayer que en el polémico informe de Big Data -donde se establecía que las protestas eran incentivadas por diversos actores desde el extranjero- "no hemos encontrado ningún valor".

"Hemos tomado ese informe como antecedentes que vienen de fuentes abiertas, redes sociales, y que eventualmente podrían tener algún valor en una investigación. Por ahora no hemos encontrado ningún valor y en consecuencia no ha sido necesario indagar el origen del mismo", señaló el persecutor.

Esta declaración respondió a los cuestionamientos por la procedencia del documento, debido a que el Gobierno confirmó que el Quiñenco, matriz del Grupo Luksic, contactó a La Moneda con la empresa española Alto Analytics, especialistas en big data o análisis de gran cantidad de datos.

Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmó que "las actividades de inteligencia se rigen por un marco normativo y se tratan con prudencia. Las acciones de inteligencia se ejecutan y no se comentan".

Abbott agregó que el informe que recibió del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Jordán, aún no puede ser incluido en una investigación, ya que no se ha levantado el secreto.