La Cámara de Diputados descartó la acusación constitucional presentada contra el Presidente Sebastián Piñera -la primera en 63 años contra un mandatario chileno-, luego de dar lugar a la llamada "cuestión previa" planteada por la defensa del jefe de Estado y que consideraba que el libelo no contaba con los requisitos establecidos por la Carta Fundamental.

Con los 79 votos a favor y los 73 en contra de la "cuestión previa", se entiende por no presentada la acusación. El rechazo a esta contó con preferencias de cuatro legisladores de la DC, dos radicales y dos independientes de oposición.

"Ayer (miércoles, cuando se aprobó la acusación contra Andrés Chadwick), fue un día triste en el Senado, donde se acogió una acusación sin fundamento. Hoy (ayer), se ha hecho justicia y esperamos que esto marque una etapa distinta para que podamos crear climas de entendimiento y hacernos cargo de la agenda social", comentó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. "Es positivo que se impongan el derecho, los argumentos, la deliberación", agregó el jefe de gabinete.

Argumentos

En la extensa sesión, de más de seis horas, el abogado del mandatario, Juan Domingo Acosta, habló del compromiso del Presidente por velar y cumplir con la Constitución y las leyes, y expuso sobre el contexto social que vivió el país. "No hay un libreto para enfrentar situaciones como las vividas", apuntó, y añadió que la voluntad de Sebastián Piñera al actuar implicó siempre pensar en el interés superior del país y de sus habitantes.

Acosta dijo que la instrucción presidencial a las Fuerzas Armadas y de Orden en el marco del estado de excepción consideró en todo momento velar por el respeto de las leyes, de los protocolos del uso de la fuerza y de los derechos humanos.

Luego siguió la exposición de los cinco participantes de la comisión que analizó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el gobernante: Gastón Saavedra (PS), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Boris Barrera (PC), Sofía Cid (RN) y Daniel Verdessi (DC).

El diputado Saavedra estimó que hay una construcción artificiosa, tendiente a evitar el escrutinio de la Cámara respecto de los actos del Presidente de la República, y reiteró que se discutía la responsabilidad política que le cabría al mandatario por las graves violaciones a los derechos humanos. "Se imputan (al gobernante) decisiones conducentes a acciones y omisiones que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible", afirmó.

"En Chile se produjeron violaciones graves y extendidas a los derechos humanos" y estas son "imputables al Presidente de la República", agregó el legislador socialista.

Gastón Von Mühlenbrock consideró la acusación como "una oportunidad para desestabilizar este Gobierno" y recalcó que las eventuales vulneraciones a las leyes y protocolos policiales, así como violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estado de emergencia deben ser abordadas a través de la Justicia.

El gremialista dio cuenta de las veces en que el Presidente solicitó a FF.AA. y de Orden que se respetaran los derechos humanos de los manifestantes y sostuvo: "La acusación deber ser rotundamente rechazada, porque no se ha demostrado que haya actos de su administración que hayan infringido las leyes y la Constitución, como tampoco han sido posible demostrar que se ha comprometido el honor de la nación", expuso.

"Se ha hecho justicia y esperamos que esto marque una etapa distinta para que podamos crear climas de entendimiento".

Gonzalo Blumel, Ministro del Interior

El Presidente Sebastián Piñera sostuvo que la crisis social que ha vivido el país es "algo que nadie anticipó", ni siquiera él, y que "nunca había ocurrido", desatándose "una ola de violencia brutal en la que pequeños grupos ejercieron una violencia sin dios ni ley".

En entrevista con la cadena española Ser, donde abordó también la cumbre climática COP 25 -que iba a organizar Chile y que finalmente acogió España, donde finalizará hoy-, el gobernante expuso que "el país venía progresando, pero se venía acumulando un malestar, no en el Gobierno que yo presido, sino que venía de gobiernos anteriores. Hubo muchas conductas monopólicas en industrias básicas, y muchos escándalos e irregularidades en el uso de recursos públicos. La gente fue acumulando este malestar y se expresó de repente con mucha fuerza. Nosotros hemos tratado de escuchar con mucha atención y mucha inquietud lo que debió de haberse escuchado décadas, más vale hacerlo ahora que nunca".

Consultado si él tampoco lo vio venir, respondió: "No, no lo vi venir. El país había tenido un tercer trimestre muy positivo en crecimiento, en creación de empleos, en inversión y en mejoría de la calidad de vida. Estábamos preparándonos para ser la sede de la APEC y de la COP25, que iban a celebrarse en Chile en noviembre y en diciembre, respectivamente. Un 18 de octubre que nunca lo voy a olvidar, se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país". Agregó que esto es investigado por "nuestras agencias de inteligencia", las que a su juicio "no estuvieron a la altura".