Seis carabineros de una comisaría de Recoleta fueron detenidos ayer por su presunta vinculación con una banda de delincuentes que perpetró varios robos en Santiago. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que lo ocurrido es "inaceptable". "Cuando un carabinero, y en este caso han sido seis, se transforman de policías en delincuentes, reciben de inmediato no solo el rechazo del Gobierno, sino la advertencia de que se aplicará el máximo rigor de la ley por haber transgredido sus deberes y haber generado un daño importante y grave a la confianza ciudadana", dijo Chadwick.

Los funcionarios fueron detenidos por personal de la PDI en un operativo que incluyó la detención de 13 presuntos integrantes de la banda que perpetraba los robos. Carabineros informó que otros tres funcionarios fueron apartados: dos por temas administrativos y el oficial a cargo de la 6° Comisaría por su responsabilidad del mando.

La Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto que aumenta sanciones de cohecho y soborno, terminando su tramitación legislativa. La sala de la Cámara aprobó de forma unánime el informe de la comisión mixta que el miércoles fue ratificado por la sala del Senado. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que "sin lugar a dudas que esto merece una celebración ciudadana, transversal, de la más alta envergadura", agregando que "el Gobierno ha avanzado en la agenda de transparencia y probidad, en la promoción de la ley de integridad pública y ahora este estatuto de corrupción en donde hemos tenido un rol activo y proactivo en la comisión mixta, junto con todos los parlamentarios". La iniciativa, que tipifica el delito de soborno entre particulares y el cohecho sin tener que probar la contraprestación, surgió en 2016 con los senadores Pedro Araya, Felipe Harboe (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), además de los actuales ministros Alberto Espina y el propio Larraín.

En plena Sala, la diputada de RN, Camila Flores, aseguró ayer que "no existió ánimo de injuria o descrédito" contra su par comunista Carmen Hertz. Esto a raíz de los dicho de la parlamentaria oficialista en un programa televisivo, en el que acusó a la legisladora de oposición de haber "llamado a la lucha armada" durante el régimen militar. "No existió un ánimo de injuria o descrédito (...) eso además ha quedado claro en nuestra conversación franca, sincera y de respeto mutuo entre ambas el día de ayer", dijo Flores, tras lo cual Hertz anunció que desistió de presentar una querella por el hecho, como había anunciado.

El Presidente Sebastián Piñera presentó ayer un proyecto de ley que busca a combatir los delitos informáticos, iniciativa elaborada después de los diversos ataques sufridos este año por bancos y otras entidades financieras.

El proyecto reemplaza a la ley vigente desde 1993, considerada obsoleta, y se enmarca en un Plan Nacional de Ciberseguridad, sumándose a otro proyecto que ya se tramita en el Congreso, sobre la protección de datos personales.

Según anunció el Mandatario al presentar el proyecto de ley, ambas iniciativas fortalecerán la coordinación y las respuestas frente a los ataques informáticos que, según cifras oficiales, aumentaron el año pasado un 74% respecto de 2015.

"Estamos en una situación vulnerable", reconoció Piñera, quien alertó que la modernización del país, que supone la incorporación de nuevas tecnologías, amplía al mismo tiempo las posibilidades de que organizaciones criminales vulneren los sistemas gubernamentales, bancarios o financieros.

Lo anterior, enfatizó, hace obligatorio ir actualizando los niveles de seguridad a la par de los avances tecnológicos. "El cibercrimen es una amenaza real, latente", sostuvo Piñera.

El proyecto tipifica siete delitos en el ámbito de la informática, con penas que fluctúan entre los 61 días y los cinco años de cárcel, además de multas que pueden alcanzar a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a unos $2 millones.

Los delitos tipificados son perturbación informática, acceso ilícito (hackeo), interceptación o interferencia, daño informático, falsificación informática, fraude informático y abuso de dispositivos.

El Presidente además dio a conocer un nuevo "Instructivo Presidencial de Ciberseguridad para el Estado" que dispone que cada organismo público tendrá una persona a cargo de la ciberseguridad de la institución, medida que ya se ha puesto en marcha.

Además, los servicios públicos deberán velar por la aplicación y actualización de las normas técnicas, para que los sistemas tecnológicos se mantengan protegidos.

También se deberán realizar informes en casos de riesgo en ciberseguridad o de evaluación, que deberán ser enviados a un nuevo Centro de Coordinación de Entidades de Gobierno.

Matías Jullian Velásquez

Las víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima presentaron ayer una querella por el delito de perjurio y falso testimonio en grado de consumado contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz.

En la acción judicial, James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz apuntan al obispo emérito de Santiago como "autor del delito de falso testimonio, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 209 del Código Penal".

La acción judicial también está dirigida "contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del mismo delito".

"Acabamos de poner un querella criminal por perjurio y falso testimonio contra el cardenal Francisco Javier Errázuriz. ¡Basta de mentiras y delincuentes!", señaló Cruz a través de las redes sociales.

Audiencia de conciliación

La querella de ayer se suma al recurso de reposición que el abogado que los representa, Juan Pablo Hermosilla, presentó la tarde del miércoles contra la audiencia de conciliación por la demanda contra el Arzobispado, fijada para el 20 de noviembre.

La Novela Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago los citó oficialmente en medio de la polémica por la filtración de un supuesto fallo sobre la indemnización demandada por encubrimiento a los abusos cometidos por el ex párroco de El Bosque.

Sin embargo, los querellantes esperan que la conciliación quede sin efecto y buscan que se dicte una sentencia.

Al respecto, el sacerdote Eugenio de la Fuente, víctima de abuso de conciencia, planteó a radio Cooperativa que "no se van a someter a una conciliación que no se abra directamente y absolutamente a la verdad y ellos lo saben. Entonces, la verdad es que me duele, más encima se ha filtrado que, o lo dijo la misma Corte, había acuerdo. Que después de eso, con todo tipo de explicaciones de las máximas autoridades de la Corte de Apelaciones, estén explicando qué pasó, con dimes y diretes, cuesta comprender realmente qué fue lo que ocurrió, no huele bien".

Denunciantes de otros casos también siguen de cerca el avance de este proceso, como Jaime Concha, víctima del caso Maristas, quien confirmó que analizan la posibilidad de una demanda indemnizatoria.

"En el caso del resto de los sobrevivientes, obviamente estas situaciones pretenden amedrentarnos, pero nos refuerzan en nuestra convicción de que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. A través de las cartas que hemos recibido, reconociendo el daño, pidiendo perdón, tanto a las congregaciones como a las iglesias, creemos que es prueba suficiente como para poder solicitar esa justa y necesaria reparación económica", dijo Concha a Cooperativa.

de noviembre quedó fijada la audiencia de conciliación de las víctimas de Karadima con el Arzobispado. 20