Denuncian 18 nuevos fallecidos durante ataque armado en Nicaragua
CRISIS. El Movimiento Campesino responsabilizó a la represión del Gobierno de Ortega, que hasta la semana pasada había costado la vida a más de 351 personas.
El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció ayer el "asesinato" de al menos 18 de sus miembros durante un ataque armado en la zona central del país, del que responsabilizaron al Presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Queremos hacer la denuncia, que hay más de 18 asesinados en Chontales, al lado de (San Pedro) de Lóvago, y que nadie ha dicho nada", informó el Movimiento Campesino en sus redes sociales.
El ataque armado, ejecutado el sábado pasado, es parte de la represión del Gobierno de Nicaragua contra los que protestan contra Ortega, y que hasta la semana pasada había costado la vida a más de 351 personas, según el Movimiento Campesino.
La agresión ocurrió a pesar de que el Movimiento había llegado a un acuerdo con el Gobierno, de abandonar los tranques (bloqueos de vías) levantados contra Ortega, a cambio de la libertad del líder campesino Medardo Mairena, acusado de dirigir supuestos actos de terrorismo, conforme la denuncia.
Entre las víctimas mortales está un hermano del líder, Gabriel Mairena, quien recibió una bala en el pecho durante la emboscada, según los campesinos.
"Los sobrevivientes, heridos, huyeron a la montaña. Fue el Estado. Cese a la represión. Fuera Ortega Murillo", resaltó el movimiento.
"inaceptable"
Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, consideró ayer "inaceptable" el uso de "fuerza letal" en el marco de la crisis en Nicaragua y reclamó al Gobierno que garantice la protección de los ciudadanos.
"El secretario general deplora y condena la violencia contra civiles, incluida contra estudiantes", dijo su vocero Farhan Haq, quien agregó que "el uso de fuerza letal no es sólo inaceptable, sino que es en sí mismo un obstáculo para lograr una solución política a la actual crisis".
En esa misma línea, Unicef exigió que se garantice a las niñas, niños y adolescentes "el derecho a la educación en un ambiente protector".
"La educación, además de ser un derecho fundamental reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, es un derecho que contribuye a la materialización de muchos más derechos", dijo la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, en una declaración pública.