Un tren estadounidense de la empresa Amtrak sufrió ayer un grave accidente al atravesar un paso sobre nivel cerca de Tacoma, en Washington, precipitando algunos de sus carros sobre una carretera, matando al menos a seis personas, según las autoridades locales, aunque se espera que el número de muertos aumentara.

78 pasajeros y cinco miembros de la tripulación estaban a bordo cuando el tren que se movía a más de 125 kilómetros por hora se descarriló a unos 100 kilómetros al sur de Seattle en una ruta recientemente inaugurada. Aún no se conocen las causas del accidente.

Un oficial informado sobre la investigación dijo a la agencia de noticias AP que las señales preliminares indican que el Tren 501 pudo haber golpeado algo antes de descarrilarse. El funcionario no estaba autorizado a discutir la investigación públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce, en tanto, dijo que varios vehículos en la carretera, la Interestatal 5, fueron alcanzados por la caída de los vagones del tren y que varios automovilistas resultaron heridos. No se reportaron muertes de automovilistas.

La posibilidad de que el accidente fuera causado por algo en las vías alimentó las preocupaciones expresadas por los funcionarios locales sobre el riesgo de que los trenes de alta velocidad crucen las calles concurridas. De hecho, el alcalde de un pueblo cercano al descarrilamiento había advertido sobre el peligro de un accidente en una reunión pública hace sólo dos semanas.

Matías Jullian V. / Agencias

El oficialismo argentino consiguió dar inicio ayer a una sesión en el Congreso en la que busca aprobar una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones con la que pretende recortar el déficit fiscal, mientras se registraron graves incidentes entre policías y manifestantes en las afueras del Parlamento.

Antes de la discusión de la iniciativa -que contempla una reducción de los sueldos y que ya cuenta con la aprobación del Senado- sindicalistas y militantes de agrupaciones sociales y políticas tiraron escombros, bombas de estruendo, una bomba molotov y volcaron varias de las vallas con las que cientos de agentes de la policía protegían la sede legislativa. Poco después, los miembros de las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar a los manifestantes con carros lanzagua y balines de goma.

Los enfrentamientos, que fueron subiendo rápidamente en intensidad y violencia, se trasladaron a la popular avenida 9 de julio, dejando decenas de heridos y cientos de detenidos.

Paro nacional

Al mediodía y pocas horas antes del inicio del debate parlamentario, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto.

"Constituye una rebaja de los salarios de jubilados, pensionados y los sectores más vulnerables de la sociedad", denunció Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales la central, en una rueda de prensa en la que anunció el cese de actividades, que comenzó ayer a las 12:00 y se extenderá hasta hoy.

Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital se suspendieron, dejando a miles de pasajeros afectados.

Sin embargo, los sindicatos del transporte automotor, de los trenes y del metro iniciaron la medida de fuerza en horas de la tarde para permitir a los manifestantes regresar a sus casas.

Según Schmid, desde la CGT repudian la iniciativa porque no participaron en su articulación ni su debate y, sobre todo, porque mantiene una "lógica" que no pueden compartir "en ninguno de sus términos".

Para que, apuntó, dejen de acusar al sindicato de recurrir solamente a "la protesta", propuso al Ejecutivo y a las fuerzas parlamentarias que tengan el "sentido común" de convocar una consulta popular con el objetivo de "ver si la sociedad argentina está de acuerdo con que se lleve adelante un ajuste de esta naturaleza".

Con el apoyo de varios opositores, la coalición oficialista Cambiemos logró que 130 diputados se sentaran en sus bancas -uno más de los necesarios- para comenzar a debatir. Al cierre de esta edición, la discusión se mantenía.

Legisladores opositores insistieron ayer en que votarán a favor de la destitución (vacancia) del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al rechazar las explicaciones que dio el domingo sobre sus consultorías a la empresa brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007.

La congresista de la mayoría opositora en el Congreso, Úrsula Letona, del partido Fuerza Popular, señaló a un medio local que "efectivamente una empresa de su propiedad ha recibido dinero de la empresa más corrupta de Latinoamérica: Odebrecht".

Letona agregó que Kuczynski confirmó el domingo, en una entrevista a varios canales de televisión, que había recibido dividendos cuando los contratos de asesoría financiera fueron suscritos mientras él era ministro del ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

"Estas confesiones no hacen más que ratificar la aparente incapacidad moral en la que habría incurrido para seguir ejerciendo el cargo de Presidente", expresó Letona, cuya bancada tiene 71 de los 87 votos necesarios para la destitución del Mandatario.

Su colega y vocero de bancada, Daniel Salaverry, declaró que duda muchísimo que "él (Kuczynski) con este tipo de explicaciones pueda cambiar la realidad de los hechos".

"Ha quedado demostrado que el Presidente no tiene argumentos para explicarle al país los hechos que le imputan. Ha quedado clarísimo que él cobró utilidades de su empresa unipersonal", señaló en referencia a Westfield Capital, firma que estuvo gestionada por su ex socio, Gerardo Sepúlveda, en esos años.

Salaverry añadió que su partido no tiene "ningún apetito de poder para hacernos con la presidencia" porque "quien tiene que asumir en caso al presidente se le vaque (destituya) es el vicepresidente (Martín Vizcarra). Que quede bien claro".

Sin embargo, el legislador oficialista Juan Sheput planteó que, en caso de que PPK sea destituido el jueves en el Congreso, se deberían convocar a nuevas elecciones generales.