Contraloría exige al municipio reincorporar a 7 extrabajadores
HECHO. Son funcionarios a contrata que fueron desvinculados en diciembre de 2016. También ordenó un sumario para investigar un posible ocultamiento de información.
El pasado jueves 16 de agosto, mediante el oficio N°003817, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que se concluyó que varios exfuncionarios del municipio de Calama fueron desvinculados de forma irregular.
Se trata de siete personas que estaban en calidad de contratas, quienes fueron despedidos el 30 de diciembre de 2016 por la actual administración edilicia.
Tras varios meses de investigación, la Contraloría determinó y ordenó a la municipalidad reintegrar a sus funciones a los siete trabajadores involucrados.
Ellos son Adrián Yueng Cubillos, Marino David Zárate, Victoria Lagos Vicencio, Sergia Godoy Torrejón, Jacques Zelada Núñez, Ingrid Ávalos Mérida y Dufy Zambrano Morales.
Según se extrae del dictamen de Contraloría se determina que "procede concluir que la circunstancia de no haberse dispuesto oportunamente la no renovación analizada, dado que hasta el 30 de diciembre de 2016 tal decisión aún no había sido formalmente tomada por el municipio, implicó que las siete desvinculaciones antes pormenorizadas fueran irregulares".
Además se agrega que "corresponde que las contratas respectivas sean prorrogadas por el año 2017 en los mismos términos del último vínculo, reincorporando a los afectados en sus funciones, y debiendo pagárseles las remuneraciones correspondientes por el tiempo durante el cual estuvieron indebidamente separados".
Este proceso debe realizarse durante los 15 días siguientes desde la recepción del documento en el municipio loíno.
Defensa
El abogado de los trabajadores desvinculados, Rodrigo Poblete comentó que hay un imperativo que tienen los municipios y que es que los dictámenes de Contraloría son obligatorios.
Agregó que una de las pruebas que se presentó ante el órgano contralor fue que dichas desvinculaciones no se hicieron como lo determina la ley mediante un decreto especial.
"Logramos demostrar con nuevos antecedentes que fueron saliendo a fines de mayo que lo que nosotros señalamos era efectivo, que fueron desvinculados verbalmente el 30 de diciembre y que ellos en un plazo de 10 días presentaron el reclamo", explicó.
Como se mencionó anteriormente el dictamen no sólo ordena al municipio a reincorporar a los funcionarios, sino que también se deberán cancelar los sueldos de los meses transcurridos durante este 2017.
En este sentido y según las estimaciones del abogado defensor, el monto que debiera desembolsar el municipio por este concepto superaría los $50 millones.
En el reclamo interpuesto ante la Contraloría eran 10 los funcionarios que adujeron que sus despidos fueron irregulares, sin embargo hubo dos de ellos que se desestimaron puesto que realizaron el reclamo fuera del plazo legal, se trataba de Franklin Muñoz Mamani y Patricia Basoalto.
Sin embargo el abogado dijo que llevarán a cabo otras acciones, ya no en la Contraloría sino que a nivel judicial, a través de un recurso de protección.
Agregó que también hay otro caso, el de José Ibaceta, que por falta de algunos antecedentes no se habría entregado una sentencia, pero que ahora se entregarán los nuevos antecedentes y a juicio del abogado, lo más probable es que la Contraloría ordene también su reincorporación.
Sumario
En el oficio de Contraloría también se instruyó un sumario administrativo en el municipio, "para hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren tener lugar con motivo del ocultamiento de información esencial para poder resolver".
Según explica el documento, se había pedido un informe "en varias oportunidades, tanto para los reclamos particulares como para las reconsideraciones estudiadas".
El sumario administrativo lo realizará personal de Contraloría y tras la investigación se deberán determinar las responsabilidades.
"Ahora si de esto hay responsabilidades de parte del alcalde, lo que hace la Contraloría es poner el resultado final del sumario en conocimiento del concejo para que éste determine si es que efectúa una acusación por notable abandono de deberes", dijo Rodrigo Poblete.
Municipio
Según comentó el abogado Poblete, el municipio puede enviar una petición de reconsideración ante la Contraloría, la que se debe realizar entregando nuevos antecedentes.
En tanto el alcalde de Calama, Daniel Agusto dijo que hasta el momento ellos no han recibido oficialmente el oficio de Contraloría y que estarán a la espera para analizarlo junto con el departamento jurídico.
"Desconocemos hasta el momento la oficialidad de eso pero, sin perjuicio de eso, estamos siempre dispuestos a recibir los informes y ver cómo podemos responder alguna solicitud o requerimiento por parte del órgano contralor", comentó el edil.