Pablo Orellana G.

Según cifras entregadas por el Centro de Observación y Control de Medidas de Protección, en la capital loína existen 363 casos de vulneración y abusos contra menores que están a la espera de ingresar a algún programa de atención del Servicio Nacional de Menores (Sename) de la región, sean estos ambulatorios, de intervención o de residencias.

Estas cifras guardan relación "con la creciente violencia contra los menores que se han dado en los últimos años y que sin duda son motivo de preocupación y de seguimiento de nuestro servicio, debido a que han crecido de sobre manera", explicó Patricio Reyes, director regional del Sename en torno a este fenómeno.

De acuerdo a datos entregados por el Sename desde su creación en el año 2007 el programa Cenim, perteneciente a Fundación Mi Casa, pasó de las 35 plazas originales a albergar 175 atenciones "lo que un poco ejemplifica la creciente vulneración contra los más pequeños", agregó Reyes sobre esta creciente demanda de dar respuesta a casos complejos en Calama.

Atenciones

En relación a las cifras emanadas desde el Centro de Observación y Control de Medidas de Protección el director regional del Sename explicó que " en algunos casos hay demoras de hasta cuatro meses. No obstante, cuando se trata de casos donde hay extrema violencia o con resultados de lesiones graves debemos intervenir de inmediato, garantizando que el menor afectado ingrese inmediatamente a nuestros programas de intervención y asistencia", precisó el profesional.

Esta creciente violencia contra niñas y niños ha motivado la creación "de 15 programas nuevos, tanto de asistencia, reparación y de internación para los casos más complejos y que deben necesariamente ser atendidos en dependencias del Sename debido a su complejidad. Además, sólo en Calama existen 250 beneficiarios a nuestros distintos convenios, lo que grafica en parte este aumento de casos y que también explican algunas demoras en ingresos a centros de especialidad del Sename", agregó Patricio Reyes.

Inversiones

Al creciente aumento de casos de violencia en los dos últimos años el Sename regional ha invertido más de 747 millones de pesos en distintos programas en Calama. Además, otros 600 millones en la Oficina de Protección de los Derechos infanto-juveniles (OPD) en la capital de El Loa. "Y que suma otro foco de atención en torno a esta problemática", agregan desde el Sename.

A esto último se deben agregar más de 65 millones de pesos que se han invertido en programas de asistencia a jóvenes menores de edad que han sido infractores de ley.

"Entendemos que las listas de espera y el ingreso de casos a nuestro servicio demoran. Así también la evolución de estos, pero se trata de situaciones complejas, donde hemos advertido además que ya no se trata sólo de abusos y vulneraciones; las violaciones también han comenzado a aumentar y debemos atender a ese índice y cómo mejorar, ante una escenario complejo y cambiante que nos suele desafiar de forma constante", cerró Reyes.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentado en favor de Juana Idulvina González Cayo, ciudadana boliviana perteneciente al pueblo indígena quechua, quien fue expulsada del país el 11 de enero pasado.

La ciudadana fue sorprendida por personal del Ejército en el sector fronterizo, reconociendo que habitualmente viajaba entre el poblado chileno de Coska y Pajancha.

Ello debido a lazos familiares y de intercambio que por décadas se mantienen entre los poblados, ambos de raíces quechuas.

En fallo unánime l a Primera Sala del tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución dictada por la Intendencia Regional de Antofagasta, por considerar que carece de fundamentos y omite calificar y ponderar las circunstancias sociales y personales de la amparada.

"En el presente caso, desconocer el hecho de que la amparada, como se señaló y acreditó en el recurso, pertenece al pueblo indígena quechua que habita, entre otras zonas, el territorio fronterizo de nuestro país con la República de Bolivia. Además de la relación y parentesco con habitantes de ese poblado andino", precisó el documento.

Una joven de 18 años que caminaba junto a algunas amigas por el centro de Calama fue violentamente atacada en la intersección de calle Latorre con Antofagasta, recibiendo una brutal descarga de golpes y agresiones.

El hecho, según testimonio que la afectada entregó a la policía, se produjo cuando junto a algunos amigos fue abordada por una grupo de jovencitas en la intersección antes mencionada, cuando éstas comenzaron a amenazarlas. En ese instante sus compañeras arrancaron debiendo enfrentar sola la compleja situación.

En superioridad numérica y con la clara intención de quedarse con las pertenencias de la afectada, las atacantes comenzaron a propinarle golpes e insultos para luego sustraerle su celular más un anillo de plata que portaba en ese instante.

Producto de los golpes recibidos la joven quedó con lesiones de carácter menos graves, por lo que debió trasladarse hasta un centro asistencial para recibir atención médica luego del ataque sufrido.

La joven afectada por estas agresiones explicó a Carabineros en su denuncia que las agresoras aparecieron en la escena de forma sorpresiva, con decisión y que no escatimaron en intimidar a las amigas que la acompañaban al momento de interceptarla.

Sobre esta violenta agresión, Carabineros busca a las responsables de asaltar y agredir a la joven afectada quien explicó a la policía uniformada desconocer la identidad de quienes la atacaron.

Un aspecto que es indagado por Carabineros, el cual llamó la atención, se trata del hecho que hayan sido mujeres jóvenes quienes perpetraron este ataque con violencia, el cual se trata de un asalto poco común.

Una joven pareja que iba a bordo de su vehículo fue asaltada al interior del móvil al detenerse en la intersección de las calles Pedro Yutronic con Esteban Tomic.

Los afectados explicaron que al llegar al cruce de esas calles dos desconocidos ingresaron al vehículo y con la empuñadura de un arma de fuego comenzaron a propinarle a ambos golpes para intimidarlos y con ello quitarles los objetos de valor que portaban.

Sorprendidos y asustados los ocupantes del vehículo debieron entregarles 200 mil pesos en efectivo que portaban, relojes y celulares que rápidamente fueron sustraídos en base a las agresiones efectuadas.

Según los afectados, los atacantes actuaron siempre de forma rápida y coordinada, por lo que no tuvieron tiempo de reacción y que el contexto y el lugar -el automóvil- les impidió solicitar ayuda o bien pedir auxilio.

El avalúo hecho por los afectado alcanzó los 500 mil pesos entre dinero en efectivo y especies.

Las víctimas explicaron además que los asaltantes no les solicitaron que abandonaran el vehículo, por lo que tuvieron suerte que este delito no incluyera el robo del automóvil, justo cuando se encontraban detenidos y a merced de los antisociales.