A lo menos nueve exfuncionarios de la Seremi de Gobierno renunciaron a su cargo o fueron desvinculados de sus labores durante los dos años que lleva de gestión la titular de esa cartera, Stefanía Carvajal Tabilo (DC).

Actualmente la vocera de gobierno enfrenta una investigación de Contraloría por un supuesto maltrato a una secretaria de la repartición, que se habría registrado en la inauguración del Cesfam "Dra. María Cristina Rojas" en la visita de la Presidenta Michelle Bachelet.

La rotación de personal en la Seremi de Gobierno, según los consultados, queda en evidencia con las sucesivas salidas de los periodistas Aníbal Reyes (trabajó hasta agosto de 2014) , Carolina Cáceres (octubre 2014) y Daniella Jeria (mayo 2015), quienes atribuyeron su renuncia a nuevas expectativas laborales.

También desertó de su cargo Claudia Fuentes, asistente de la Dirección Administración y Finanzas (agosto 2015) y Karolina Ramírez, asistente de la Dirección de Organizaciones Sociales (marzo 2016).

Testimonios

Pese a que renunció por una nueva oferta laboral, Aníbal Reyes aseguró que su experiencia en esta cartera no fue de las mejores. El periodista argumentó que la militante de la DC no se caracterizaba por escoger bien sus palabras al momento de dirigirse al grupo. Ejemplo de ello eran las reuniones de equipo como en las conversaciones privadas.

"Usaba la palabra 'mediocre y gana panes' para referirse a nuestro desempeño. Yo le adjudiqué ese comportamiento a su inexperiencia y juventud", comentó.

Si bien Aníbal trabajó pocos meses con ella, insistió en que el trato que tenía la seremi hacia el personal gatilló su salida. "Allí el trato no era bueno, preferí marcharme. Y si me preguntan, sí, vi a mis compañeros muy afligidos desde su llegada", aseguró.

Otra periodista que tuvo problemas con Carvajal fue Carolina Cáceres, quien públicamente dijo haber sido víctima de menoscabo por parte de la seremi. Al ser consultada al respecto sostuvo que volverá a hablar su situación sólo si se lo solicita la Contraloría.

Durante su gestión, la seremi ha desvinculado a cuatro personas: María Elena Gálvez, Sandra Molina, Eduardo Mujica y Esmeralda Valenzuela. Esta última también entregó su testimonio y precisó que Carvajal es una persona "muy desconfiada".

'rechazo'

En las últimas declaraciones entregadas a la prensa, la seremi rechazó "rotundamente" los hechos que se le atribuyen. Además el pasado lunes, el intendente Valentín Volta la respaldó a través de un comunicado de prensa. Hasta el momento Carvajal continúa con su agenda de manera normal.

Este Diario intentó contactarse con ella. Sin embargo, desistió entregar declaraciones sobre los testimonios entregados anteriormente puesto que ya había hablado con otros medios de comunicación.

Contraloría Regional desestimó los antecedentes presentados por el intendente Valentín Volta en relación a una presunta intervención de la consejera regional, Silvia Soto Ovies (candidata DC a la alcaldía de la ciudad) en el concurso correspondiente al año 2014 del fondo 2% Seguridad Ciudadana.

Según los antecedentes presentados por el jefe regional, el 30 de septiembre de 2015, mediante un memorándum reservado de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, tomó conocimiento de la supuesta participación de Soto en reuniones con diversas juntas de vecinos en compañía de representantes de una empresa proveedora de alarmas comunitarias, en las cuales se habría explicado "la forma y el monto al cual postular" para acceder al fondo.

Aquello -indicaba la denuncia del intendente- de resultar efectivo, "podía constituir una infracción flagrante a los procesos que regulan los concursos públicos".

Recibida la presentación, Contraloría dispuso el inicio de una investigación especial que consideró la toma de declaración a dirigentes vecinales adjudicatarios de los fondos y a la propia consejera falangista.

En su informe final, el organismo explica que los dirigentes consultados negaron que la consejera Soto haya tenido participación en la elaboración de los proyectos y que los contactos con la empresa en cuestión fueron iniciados por ellos mismos, en vista de los positivos resultados que arrojó un proyecto similar en población Ana Giglia Zappa.

A su turno, la misma Silvia Soto declaró ante Contraloría que una de las funciones de la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana, que ella preside, es efectuar capacitaciones y difusión de los procesos de postulación a proyectos con cargo al 2% del FNDR en las distintas comunas de la región, situación que la ha llevado a participar en procesos de este tipo en Antofagasta y Calama.

Vínculo

Contraloría además investigó posibles nexos de parentesco entre la consejera y representantes de la empresa, sin establecer conexión alguna.

"No se advirtieron hechos que hagan presumir la existencia de conflictos de interés o situaciones que resten imparcialidad en el desempeño de la función pública que la consejera regional desarrolla", concluye el informe, que ya fue notificado a las partes.