Ante las reiteradas quejas de vecinos, el concejal Darío Quiroga presentó el pasado lunes 11 de enero en concejo municipal, un plan que busca disminuir las dificultades que provocan los locales nocturnos en zonas residenciales, proponiendo limitar aún más los horarios que ya existen.

Implicancias

La propuesta que realiza el concejal, se basa inicialmente en tres aristas para ser discutidas en el concejo municipal e implementadas durante este año.

"En primer lugar, la propuesta consiste en la conformación de mesas de trabajo en los diversos barrios, donde se sentarán los vecinos junto a los dueños de patentes de alcohol, carabineros y el municipio. Este proceso debiera durar el primer semestre de 2016, en los cuales se buscará establecer cuáles son las dificultades concretas de cada uno de los barrios de Calama, respecto a botillerías, salas de cerveza, restaurantes y otros locales que venden bebidas alcohólicas", explicó Quiroga.

Según lo mencionado por el concejal, estas instancia servirán para un mayor intercambio entre todos los involucrados, y la generación de iniciativas por parte de los dueños de estos locales a problemas cotidianos que muchas veces son de fácil solución.

La segunda fase de la iniciativa, es la creación de una ordenanza municipal consensuada con todos estos actores que limite el horario de los locales que venden alcohol, pero de manera parcelada dependiendo del tipo de local, del barrio en que se encuentra y del día de la semana.

"Esto se podría realizar entre julio y septiembre del próximo año, para darse el tiempo de un trabajo prolijo en materia legal y que aborde las conclusiones que la propia comunidad a definido", enfatizó Quiroga.

Finalmente propone que esta ordenanza, se implemente como marcha blanca, el último trimestre de 2016, con lo cual los locatarios tendrán un tiempo para ajustar su funcionamiento interno, incluido los hábitos de consumo de sus clientes.

Labores

Respecto al liderazgo por parte del municipio que supone implementar este plan, Quiroga expresó que "como municipio pienso que nuestro rol es ser mediadores de los diversos intereses legítimos que tienen los vecinos, desde aquel dueño de botillería cuyo objetivo es vender lo máximo, hasta el vecino que no toma y quisiera que no existiera el alcohol, en Calama todos pueden tener cabida, pero limitando los muchos efectos negativos del consumo excesivo", finalizó el edil.

Por ello, el concejal iniciará una ronda de diálogos con juntas de vecinos en enero, para luego durante febrero realizar un proceso de recolección de firmas que apoyen esta iniciativa.

Para poder ser entregada al alcalde, cuando se reinicie el funcionamiento del concejo municipal, el que se acordó para fines de febrero.

Redacción

Luego de consultar con la actuaria del Primer Juzgado Civil de Calama, el principal dirigente de la toma emplazada en el sector poniente de la comuna, Juan Navarro, confirmó el veredicto desfavorable que dicta la salida de los ocupantes del sector en los próximos días.

Sin embargo, ante el adverso panorama, Navarro manifestó que apelarán a la decisión y que están dispuestos a gastar todas las instancias que ofrece la justicia chilena y que incluso llegarán hasta la Corte Interamericana de Justicia para encontrar una solución.

"Luego que se supiera la noticia del desalojo, nos quedan varios días antes que se nos informe oficial mente la dimisión. Esto, ha generado una sicosis entre los pobladores que ya totalizan cerca de 450 familias, quienes ven con temor lo que ocurrirá en las siguientes jornadas, pero apelaremos y luego iremos a la Corte Suprema, eso nos debería dar tiempo hasta octubre, que es cuando se desarrollarán las elecciones municipales. Por último nos queda un recurso de derecho internacional", expresó el dirigente.

Desvirtuado

El propio Navarro reconoció que las condiciones en que habitan los ocupantes de las tomas no es la más apropiada, puesto que no tienen sistema de alcantarillado, ni agua y electricidad regularizada, además, que la gran mayoría de quienes se tomaron el terreno ya no habitan ahí, sino que son otros los que intentan por este medio alcanzar alguna solución habitacional permanente.

"En un comienzo éramos cerca de 100 familias, pero con el correr de los días y la intervención de la municipalidad de Calama, muchos aceptaron las propuestas del personal consistorial, pero ellos, dejaron a familiares y amigos viviendo en la toma. Eso, hizo crecer más y más el grupo que vive acá. En Navidad entregamos 430 regalos para niños, pero estimamos en 650 el total de menores que integran las 450 familias emplazadas. Por mí, me iría hoy mismo, pero no puedo abandonar una batalla que yo comencé, ni dejarlos solos", expresó el dirigente.

Del total de usuarios del espacio, 210 son familias extranjeras, destacando 66 grupos de colombianos, además de peruanos, bolivianos, ecuatorianos, dominicanos e incluso cubanos que habitan en este sector.

Cortes

Alejandra Cajas, jefa de Desarrollo de Hábitat Norte Grande de la Fundación Techo Chile, quien asesora legalmente a cientos de familias en su lucha por tener un hogar, acompañará jurídicamente a la toma, teniendo ellos buenos antecedentes en la Corte Interamericana de Derecho.

"No puedo revelar cuál será nuestra estrategia de trabajo, para que la municipalidad no coarte nuestra labor, pero estamos apelando a un derecho humano y la dignidad de las personas que están buscando un lugar donde vivir y que hoy ven vulnerados sus derechos. No nos detendremos hasta que se les brinde una solución definitiva a estos pobladores", expresó la abogada.

Milko Zenteno, director Regional de la Fundación Techo Chile, expresó su opinión sobre la situación que viven hoy estos pobladores.

"Nos resulta curioso que, existiendo programas de campamentos que buscan dar una solución a las familias, no se estén generando espacios de diálogo entre familias y autoridades. Desde su creación, las familias han debido realizar diversas gestiones para conformarse como un comité de vivienda, manifestando sus intenciones de obtener una vivienda definitiva mediante las políticas públicas habitacionales vigentes. Sin embargo, diversos pasos previos fueron obstaculizados por burocracia, como la negativa por parte del municipio de acceder al Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social) y la constante estigmatización que existe en torno al campamento, asociando a las familias con delincuencia, homicidios y narcotráfico. Si bien una solución inmediata son los subsidios de arriendo, debido al costo de vida de la ciudad y a la cantidad de integrantes de cada familia, no parece suficiente", dijo.

Además, expresó que no pueden pasar por alto que Chile ha ratificado su respeto a Tratados Internacionales el Derecho a la Vivienda Adecuada. "Invitamos a las autoridades a no olvidar que tratamos con personas, quienes al igual que todos nosotros, esperan que sus derechos humanos fundamentales sean respetados", agregó.

Futuro

De acuerdo a Juan Navarro, el problema de fondo no es prolongar o no el desalojo, sino, que qué pasará una vez estas familias sean echadas de la toma. ¿Dónde vivirán? Pues muchos no tienen trabajo o los precios encarecidos de los arriendos no les permitiría esperar hasta una solución definitiva.

"Existen varias convenciones a los Derechos Humanos a los que está suscrito Chile y que debe cumplir, entre los que se destaca a la dignidad de las personas y en especial de los niños. Por ello, es que nos preocupa qué va pasar. Por mientras seguiremos gastando las instancias que nos otorga la Ley, pero la solución de fondo es cómo entregar una vivienda a quién la necesita. Cualquier extranjero con residencia puede postular a una vivienda, o sea, es su legítimo derecho y fácilmente esto se puede prolongar otro años más", concluyó Navarro.