A más de un mes de presentarse ante la Contraloría la adjudicación de las obras para terminar el hospital Carlos Cisternas, surgieron ciertos rumores de que finalmente este proceso no prosperaría, lo que implicaría que el Servicio de Salud de Antofagasta deba asumir un nuevo camino.

Trascendió que existen ciertas irregularidades que imposibilitan dar la toma de razón y que el Servicio de Salud habría optado por retirar la solicitud.

Frente a esto, el director del SSA, Zamir Nayar, descartó esto último, pero sí confirmó que existen presentaciones en contra de este proceso y que la Contraloría les ha solicitado una serie de documentos para analizar.

"El único autorizado para retirar la toma de razón de la Contraloría es el SSA representado por su director y eso no ha sucedido. Descartar que nosotros hayamos decidido retirar, hasta el momento, el proceso", dijo Nayar.

Agregó que tampoco ha sido devuelta, ni con resultado positivo o negativo, y que los antecedentes más concretos son que "se sigue analizando por la Contraloría y no tenemos ninguna de las dos cosas que pueden suceder administrativamente".

Obstáculos

Nayar comentó que las presentaciones en contra del proceso son alrededor de cuatro, realizadas por el síndico de quiebras del consorcio Comsa Pilasi y de un particular.

"Me gusta ver el lado bueno y es que ellos están preocupados que esta licitación salga bastante bien, por lo tanto esperamos que todas las presentaciones sean debidamente analizadas por la Contraloría y de existir dudas trataremos de resolverlas y si se presenta alguna dificultad mayor que impida la toma de razón buscar otro camino. Este escenario siempre estuvo considerado", explicó la autoridad.

Recalcó que las licitaciones pueden no prosperar y sólo se sabe cuándo la Contraloría da su respuesta.

En cuanto a los tiempos, que ya superan los 30 días hábiles, dijo que han pedido más información "pero sabíamos que dada la complejidad de este caso el tiempo iba a ser mayor de lo esperado, por lo tanto no nos llama la atención negativamente".

Asimismo, dijo que más allá que la petición de antecedentes cause dudas es tener la seguridad que el proceso se está llevando con transparencia y en la búsqueda de los mejores resultados. "Aquí nadie puede pretender que algo no se ajuste a derecho ni a los procesos administrativos".

Aunque la licitación era la solución más viable, el SSA baraja otras opciones para terminar las obras del hospital.

Consultado si estos caminos eran porque había desconfianza de alcanzar un buen proceso de licitación, Nayar enfatizó que nunca dudaron del proceso de licitación, pero que el proyecto del hospital Carlos Cisternas es bastante complejo y sensible.

"No debemos apostar todo a una vía de solución, sino que se debe estar abierto a otras posibilidades, dadas las complejidades del proceso administrativo y legal que tienen las licitaciones públicas", subrayó.

De esta manera, de no resultar la licitación, Nayar dijo que las opciones administrativas son la relicitación y la contratación directa. Se estima que si esto llegase a ocurrir la entrega de terreno se pospondría hasta marzo de 2016. Con esto se reafirma el incierto futuro del Carlos Cisternas.

Johanna González G.

A fin de mes el Gobierno deberá responder acerca del petitorio que este año hizo la mesa del sector público, instancia que convoca a 15 gremios de distintos estamentos estatales, pues lo acordado comenzará a regir a partir del 1 de diciembre.

El presidente de la Asociación de Empleados Fiscales (Anef) en El Loa, Juan Carlos Chávez, comentó que los nueve puntos propuestos ya han sido trabajados y conversados con el Ejecutivo y con Hacienda, por lo que esperan que exista un término exitoso.

"La Anef tiene una mesa de trabajo permanente y todos los temas que llegan al documento tienen avances. Los cálculos realizados para los reajustes están de acuerdo al presupuesto que se está asignando para el próximo año", explicó.

Si bien todos los años los empleados públicos realizan una negociación buscando mejoras, Chávez argumentó que existen muchos mitos en cuando a la estabilidad, permanencia y remuneraciones en los servicios, comentando que menos del 10% de los funcionarios que hay en Calama son de planta, todo el resto es a contrata u honorarios.

"Trabajo en el ministerio de Educación, somos 18 los funcionarios y sólo uno es de planta. En la mayoría de los servicios ocurre lo mismo, lo que genera una profunda intranquilidad, porque la permanencia es un trámite que se realiza todos los años y en cualquier momento se toman decisiones arbitrarias y puedes quedar sin trabajo a fin de año", precisó Chávez.

El dirigente argumentó que aunque lo ideal es que el 80% sea de planta y un 20% a contrata u honorarios, en el sistema público se da lo contrario y no hay cambios que se vislumbren en esta materia.

"Esto porque no es una política nacional del poder Ejecutivo. Todavía persiste la idea de achicar el aparataje público porque es muy costoso, por lo que quieren trabajadores en condiciones transitorias para prescindir de ellos sin indemnizar o pagar algún beneficio o derecho que se haya adquirido", comentó.

Enfatizó que esta postura gubernamental es contradictoria, porque por un lado aspira a una baja cantidad de funcionarios de planta, pero por otro crea nuevos organismos, como por ejemplo el servicio local de educación que asumirá el proceso de desmunicipalización. Chávez aseguró que se deberán contratar más funcionarios, pero no hay claridad de cuál será su realidad.

Asimismo, dijo que cuando hay demandas de por medio los empleados son considerados conflictivos y "eso es lo que está pasando con los del Registro Civil, a quienes se les ha desprestigiado bastante, pero no se sabe las condiciones con las que trabajan".

Remuneraciones

Este año en el petitorio se detalla un 8% de reajuste en las remuneraciones, cifra que será negociada y según comentó Chávez se aspira a que no baje más allá del 5% considerando que en 2014 se logró un 4,5%.

En este escenario, precisó que a pesar de estos reajustes las remuneraciones no son lo que la ciudadanía se imagina, pues los funcionarios se encuentran divididos en escalas, si son profesionales y a qué organismo pertenecen, entre otras características.

De esta manera, comentó que con los sueldos que se reciben es difícil vivir en Calama, ciudad que se convierte en poco atractiva para los empleados públicos.

"Los directores de servicios son los que tienen una mejor renta, pero son uno y el resto está dentro de la media, apareciendo cercanos al millón de pesos de sueldo. Pero para esta ciudad con esa remuneración no se hace mucho, teniendo en cuenta que solamente el arriendo de una casa es muy costoso. Para un administrativo, que tiene un sueldo de 300 mil pesos es casi imposible vivir en Calama", recalcó Chávez.

Si bien el escenario con los funcionarios del Registro Civil ha sido bastante negativo, Chávez precisó que con la negociación que ellos llevan adelante esto no debiera ocurrir.

"No lo vemos complicado, porque la mayoría de los temas están avanzados con la autoridad. Ese es el trabajo de la Anef, de avanzar en distintas materias, primero con el Ejecutivo y luego con Hacienda. Veo positiva la respuesta del Gobierno porque no se está exagerando y es lo que históricamente se ha pedido y considerado en los pliego de peticiones".

Peticiones

La Central Unitaria de Trabajadores en conjunto con Anef, Colegio de Profesores, Asemuch, Confenats, Fentess, Confusam, Ajunji, Fenpruss, Fenfussap, Confemuch, Fenafuch, Fenafuech, Antue, Fenats Unitaria y Fenats Nacional firmaron la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales del sector público, que además incluye al centralizado y descentralizado.

Son nueve puntos los que engloba el petitorio. El primero dice referencia a fortalecer la función pública y construir más y mejor Estado al servicio de las mayorías de Chile, a través de reformas legales que consoliden un nuevo marco de relaciones laborales que garantice un trabajo decente para los funcionarios público y en que el Estado sea un referente y ejemplo en materia de condiciones de trabajo.

El segundo punto es la continuidad del protocolo de acuerdo 2014, destacando la labor realizada pero solicitando mayor celeridad en su cumplimiento y no esperar las fechas límites.

La tercera solicitud es la cobertura universal y directa de la negociación con financiamiento fiscal, exigiendo "que todas las demandas económicas y laborales que se detallan en el proyecto de negociación se hagan extensivas a todos los funcionarios públicos, indistintamente del marco laboral que los rige".

El cuarto es respecto a las remuneraciones, desglosándose en la solicitud de un reajuste nominal de un 8% para el período diciembre 2015 - noviembre 2016; remuneraciones mínimas del sector público, atendiendo que un auxiliar tenga un ingreso de 372 mil pesos, un administrativo 414 mil pesos, un técnico 440 mil pesos y los profesionales no menos de 850 mil pesos.

Esta petición también incluye los valores de los beneficios como aguinaldos, bonos de escolaridad y vacaciones, además del bono de término de conflicto, cuyo monto será determinado por las partes.

La quinta demanda es un Estado empleador que garantice un trabajo decente, que incluye la erradicación del trabajo precario en el sistema estatal; estabilidad laboral: carrera funcionaria; traspaso del personal a contrata a la calidad jurídica de planta o titular; y la revisión de la escala y estructura de remuneraciones de los trabajadores públicos.

En el sexto la mesa del sector público pide garantizar los derechos sociales con un nuevo sistema previsional, la ampliación del bono postlaboral e incentivos al retiro, seguro de cesantía, cuidado infantil de cobertura universal, y aportes de bienestar.

Condiciones de trabajo es la demanda siete, que implica el reconocimiento del técnico de nivel superior con el pago de una asignación, otorgar el carácter de imponible las asignaciones de zonas, establecer un viático único, eliminando las diferencias por grado y generar una política nacional de autocuidado y entornos saludables.

La penúltima demanda es la igualdad de oportunidades, buscando la instauración de una política de compatibilización de responsabilidades familiares y laborales (en el caso que se requiera cuidar a un familiar con discapacidad o gravemente enfermo), implementar un código de buenas prácticas laborales, perfeccionar la ley de igualdad de remuneraciones, como también las oportunidades y fortalecer los derechos maternales.

El noveno punto es precisamente la libertad sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva, para resaltar el rol de los trabajadores.

"No lo vemos complicado, porque la mayoría de los temas están avanzados con la autoridad. Ese es el trabajo de la Anef, de avanzar en distintas materias, primero con el Ejecutivo y luego con Hacienda".

Juan Carlos Chávez

Presidente Anef en El Loa