En la segunda jornada de formalización por el caso Penta, el Ministerio Público concluyó ayer su solicitud de medidas cautelares para los imputados. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y para el funcionario del SII Juan Martínez.
Con ello, son cinco las medidas cautelares de prisión preventiva (Carlos Délano, Carlos Lavín, Iván Alvarez, Wagner y Martínez) solicitadas por la Fiscalía, además de tres arrestos domiciliarios (Hugo Bravo, Marcos Castro y Manuel Antonio Tocornal) y dos firmas semanales (Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval).
La jornada de ayer en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago estuvo dedicada a las intervenciones de los querellantes: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el PS y Ciudadano Inteligente. Por la tarde hablaron los abogados defensores.
El persecutor Pablo Norambuena, parte del equipo del fiscal nacional, Sabas Chahuán, reiteró que Pablo Wagner, mientras fue subsecretario de Minería, recibió 14 pagos por parte del grupo Penta y que realizó acciones propias de su cargo para favorecer a los controladores del grupo.
El fiscal sostuvo que Wagner es un peligro para la sociedad y que puede enfrentar penas efectivas de cárcel de hasta 15 años. "Estamos hablando de corrupción en el seno de la Subsecretaría de Minería, un funcionario nombrado por la Presidencia de República. Viene delinquiendo por años, hay una conducta reiterada", dijo Norambuena.
Respecto de Martínez, Norambuena señaló que era el funcionario encargado de fiscalizar al director de Penta, Hugo Bravo, pero también era quien le confeccionaba la declaración de impuestos al ejecutivo. "Es tan torcida su actividad como funcionario público, que se encontró en poder de Jorge Valdivia información de Penta entregada por él en 2011, y en 2012 le toca fiscalizar ¿sabe a quién? A Penta", añadió.
El fiscal dijo que Martínez "no ha sido sacado de su cargo, puede acceder a información, y lo que es más grave, obstaculizar la investigación y destruir antecedentes del caso". Por ello, pidió prisión preventiva para él.
Luego fue el turno del presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, quien pidió prisión preventiva para siete imputados, incluido Bravo y Marcos Castro, gerente de Contabilidad de Penta. "El mensaje que han recibido los miles de ciudadanos que están siendo fiscalizados por el SII es que si es lo suficientemente poderoso y encuentra al funcionario correcto, puede no sólo evadir impuestos, sino que también recibir devoluciones fraudulentas", manifestó.
Sobre Bravo, el CDE afirmó que es evidente su vínculo con los delitos de cohecho y consideró que su colaboración con la investigación no ha sido sustancial para considerarlo una atenuante, como sí lo hizo la Fiscalía.
La abogada del CDE María Inés Horvitz emitió duras críticas al holding y respondió a Délano, quien antes de la audiencia sostuvo -replicando al fiscal Carlos Gajardo- que "empresas Penta es una máquina para dar trabajo". Al respecto, Horvitz dijo al juez Juan Manuel Escobar que "los carteles de droga también generan empleo, dinero y trabajos".
"Estamos hablando de la amoralidad empresarial. Se trata de obtener ganancias a toda costa", agregó Horvitz, quien aseguró que en el holding hay rasgos específicos de criminalidad, una opinión similar a la del PS, que apuntó a que los imputados actuaron "en grupo o pandilla" y que "estamos en presencia de una organización delictiva".
En la intervención del SII, el representante del servicio, Benjamín Ríos, se mostró de acuerdo con pedir prisión preventiva para los controladores de Penta y Wagner. Ríos dijo que se revisaron seis años tributarios, 18 declaraciones de impuestos y todas eran irregulares. Respecto de Wagner, el abogado dijo que su accionar permitió la concreción de dos delitos: el que cometió él y la empresa a la que llegaban las boletas falsas.
Por la tarde comenzaron los alegatos de las defensas. El primero fue el abogado de Délano y Lavín, Julián López, quien junto con pedir el rechazo de la prisión preventiva para sus representados, criticó las declaraciones del fiscal Gajardo sobre una "máquina para defraudar al Fisco", afirmando que son de "máxima gravedad".
López mostró una serie de diapositivas con los impuestos que habría pagado el holding en los últimos años, asegurando que ha aportado más de $ 78 mil millones al Fisco.
El defensor atribuyó la responsabilidad del fraude a los funcionarios del SII, aduciendo que el hecho surgió desde la entidad. También rechazó que existiera una tríada entre la cúpula de Penta y desvirtuó los cargos en contra de Délano y Lavín, apuntando a Hugo Bravo. "Mi parte ha reconocido públicamente que hay irregularidades, pero no son constitutivas de delitos", indicó.
López rechazó que exista soborno en la relación entre sus clientes y Wagner, señalando que este último trabajó para Penta. También leyó la declaración de la ex seremi de Minería de Coquimbo, donde señala que Wagner no efectuó ninguna presión para aprobar la minera Dominga.
Jorge Bofill, abogado de Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, dijo estar de acuerdo con las medidas cautelares para los dos últimos, pero rechazó la petición de prisión preventiva para Tocornal, solicitada por el abogado del empresario Jorge Charbin.
Mientras, el abogado de Wagner, Gonzalo Medina, aseveró que hay una serie de imprecisiones en los dichos de la Fiscalía y aseguró que la acusación por cohecho "no se sostiene". Señaló que el ex subsecretario no intervino en el proyecto Dominga y que cuando éste se aprobó, Wagner ya no ostentaba el cargo.
Si bien durante la primera jornada el fiscal Norambuena y los querellantes aseguraron que Wagner arriesgaba hasta 15 años de presidio efectivo, el abogado defensor aseguró que aplicadas las atenuantes, todos los delitos no superarían los cinco años de pena, es decir, una pena remitida. La formalización concluye hoy con la resolución del juez.
