El Gobierno rechazó en fuertes términos el apoyo que los países que asistieron a la XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), realizada en La Habana (Cuba), otorgó a la demanda marítima boliviana.

"Es una intromisión inaceptable, que Chile rechaza enérgicamente", sostuvo la Cancillería en un comunicado.

La reacción de La Moneda se origina por la declaración final de la cita de los líderes del ALBA-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que incorporó un párrafo donde, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se menciona un presunto "derecho a una salida al mar con soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia".

El texto incluyó un párrafo que manifiesta su "solidaridad con el justo reclamo de Bolivia sobre su derecho salida al mar con soberanía".

El Gobierno lamentó además que "países hermanos" de América Latina "desconozcan los principios que rigen las relaciones entre los Estados, entre ellos el de no intervención".

"Declaraciones de esta naturaleza son contrarias a las bases mismas de igualdad y respeto mutuo en el seno de la comunidad latinoamericana", insistió La Moneda.

Para la administración de Bachelet, los términos del párrafo 11 de la declaración final de la asamblea "son conceptualmente erróneos y perjudican el esfuerzo de construcción de un ideario de integración y destino común en el que Chile está profundamente comprometido".

"No deja de llamar la atención que un foro político, del cual Chile no es parte, se pronuncie acerca de una situación que se encuentra pendiente de resolución en el órgano superior de justicia de las Naciones Unidas", agregó el texto.

Bolivia demandó en 2013 a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), para obligarlo a negociar una salida soberana al Pacífico

Según la declaración de la Cancillería, "ninguna instancia u organización puede transformar en derecho lo que son meras expectativas de un Estado determinado, más aun cuando con ello se lesionan fuentes de derecho internacional plenamente vigentes, como son los tratados que vinculan a Chile y Bolivia".

El Presidente (s) de Bolivia, Eugenio Rojas, destacó el lunes el apoyo de los mandatarios del ALBA al reclamo marítimo boliviano. "Gracias por el apoyo que nos brindan los países en estos eventos internacionales estamos avanzando muy bien. El mundo y otros estados están comprendiendo que realmente Bolivia tiene razón de tener una salida al mar con soberanía", dijo en La Paz.

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que sustituirá la hasta ahora vigente Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi). El modelo tendrá como función de mantener el orden y la seguridad pública interior en caso de catástrofes o eventos naturales destructivos.

la propuesta

De acuerdo al detalle de la propuesta, el sistema está compuesto por una nueva institucionalidad con la que el Estado debería poder enfrentar la gestión del riesgo en tres fases: prevención-mitigación, preparación-alerta y respuesta-recuperación.

En las fases prevención-mitigación y preparación-alerta, las instituciones que tendrán a su cargo la gestión de la emergencia serán el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; el Comité de Ministros para la Gestión de Riesgos y Emergencias; y la Comisión Consultiva de Gestión de Riesgos y Emergencias.

Esta instancia de carácter interinstitucional de asesoría será integrada por científicos y organismos como el Centro Sismológico Nacional, el Sernageomin, SHOA, Meteorología, Bomberos, Cruz Roja Chilena, el Comité de Ministros y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

"Nuestra actual Onemi ha hecho importantes avances y nuestro país se encuentra mejor preparado para enfrentar emergencias, pero requerimos de una institucionalidad más robusta, que nos permita estar preparados para todo evento", precisó la Mandataria durante el acto.

En la fase de respuesta-recuperación se organizará un Comité de Operaciones de Emergencia, que se constituirá a nivel nacional, regional, provincial o comunal según las características de la emergencia.

La instancia será convocada y dirigida por el subsecretario de Interior, intendente o el gobernador, y participarán miembros de las FF.AA., Fuerzas de Orden y Seguridad y Bomberos. Aparece también la figura del "jefe de la emergencia", que será un responsable técnico-operativo de la puesta en práctica de los lineamientos en materia de respuesta y recuperación, según datos del Ministerio del Interior.

nuevos mecanismos

El proyecto crea un conjunto de instrumentos de gestión que los órganos del Estado van a utilizar como mecanismos para enfrentar una emergencia en todas sus fases: se trata de Mapas de riesgo, Política Nacional y Políticas Provinciales de Gestión de Riesgos y Emergencias, Plan Nacional y Planes Provinciales, Sistemas de Alerta Temprana, Planes Nacionales de Emergencia y Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias.

El proyecto de ley firmado por la Mandataria, y que ahora deberá emprender su trámite legislativo, debe ser entendido, según Bachelet, como "una instancia relevante en el compromiso de enfrentar catástrofes no solo de una institución pública, sino del conjunto de la sociedad".

mejor fiscalización

Para coordinar de buena forma las etapas de fiscalización, coordinación, asesoría y planificación, la nueva institucionalidad contará con direcciones provinciales y regionales, que se coordinarán con los consejos regionales y provinciales.

El nuevo servicio podrá fiscalizar tanto a entidades públicas como privadas, y establecer sanciones en caso que no se cumplan las normas.

Función El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias tiene la misión de mantener el orden y la seguridad pública interior.

Etapas La gestión de emergencias constará de tres etapas: prevención-mitigación, preparación-alerta y respuesta y recuperación.

Mecanismos El Estado podrá contar, entre otros elementos, con Mapas de Riesgo, Política Nacional, Planes Provinciales y Sistemas de Alerta Temprana.

Cobertura El nuevo servicio contará con direcciones provinciales y regionales y podrá fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas.