Como parte de uno de los compromisos asumidos en la última cuenta pública el 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto que aumenta las penas en casos de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, conocida como 'Ley Emilia'.

'Si van a beber, sencillamente no manejen, no arriesguen la vida de sus semejantes, no arriesguen sus propias vidas, no arriesguen la seguridad y el bienestar de sus familias y de las familias de miles de chilenos', fue el llamado que hizo la Mandataria desde el Palacio de La Moneda.

Durante la ceremonia de firma del proyecto, la Mandataria señaló que la iniciativa 'viene a llenar un vacío importante en nuestra legislación y muy doloroso para muchas familias chilenas' y que es 'fundamental para dar más seguridad a las personas en el tránsito'.

En abril de 2014 el informe de la Comisión Mixta de la 'ley Emilia' fue aprobado por la Sala de la Cámara Alta, pero no llegó a ser ley por su rechazo anterior en la Cámara de diputados.

Por esa razón desde el Gobierno se envió un nuevo proyecto, fijando un piso mínimo de tres años y un día de cárcel por el delito de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, y sube su máximo de cinco años y un día a 10 años.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, señaló que el nuevo proyecto ingresará con 'suma urgencia' a la Cámara de Diputados.

A la firma del proyecto de ley asistieron los padres de Emilia Silva, quien falleció a los 9 meses en un accidente causado por una persona que manejaba en estado de ebriedad. 'No es justo que la irresponsabilidad de algunos que afecta a inocentes no tenga una pena adecuada en nuestra legislación, pero además es urgente tomar medidas que apunten a una mejor seguridad vial', dijo la Presidenta Bachelet durante la ceremonia.

La madre de la menor, Carolina Figueroa, valoró la iniciativa y señaló que 'los familiares de las víctimas estamos realmente contentos, porque en definitiva lo que es esto es un cambio cultural' y agregó que si bien para ellos no es un acto de justicia, porque la ley no es retroactiva, 'es un acto de acabar con la impunidad'.

Además de aumentar las penas, el proyecto del Ejecutivo crea un nuevo delito calificado en caso de que se produzca la huida del lugar del accidente, la reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol y en caso de que la persona involucrada trabaje transportando personas. Para dichos casos las penas irán entre cinco años y un día y 10 años.

La normativa además introduce nuevas reglas para los 'atenuantes' o 'no agravantes' con el fin de que no se establezcan penas menores a tres años y un día.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Alvarez, decidió acoger el requerimiento de uno de los seis acusados y reabrir por 20 días más la investigación del caso Tsunami.

La defensa de Mariano Rojas, quien la noche del 27 de febrero de 2010 era jefe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), hizo el requerimiento por la supuesta existencia de antecedente nuevos con respecto a una oceanógrafa del SHOA, que podrían comprobar si existe o no la responsabilidad penal de Rojas en la muerte y desaparición de personas durante el terremoto y maremoto en la zona centro sur del país.

Según la defensa del ex jefe del organismo, a cargo de Lizando Godoy, era la oceanógrafa la persona con más conocimientos en la materia que había en ese lugar en el momento de la catástrofe, lo que la haría tener una mayor responsabilidad al haber asesorado a Rojas. 'A contar de las cinco de la mañana, ella (Zelaya) estuvo allí y jamás sugirió reactivar la alerta', dijo el abogado, según consignó Emol.

El fiscal a cargo, Luis Tapia, se mostró satisfecho con la resolución de tribunales. Esto porque la justicia sólo acogió una de las 32 pesquisas solicitadas por los abogados defensores, y señaló que esta diligencia 'no afecta mayormente a la investigación'.

Figuran en la lista de acusados por cuasidelito de homicidio el ex jefe de operaciones del SHOA, Andrés Enríquez, Mario Andina, Patricio Rosende, Carmen Fernández, Johaziel Jamett y Rojas.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) en contra de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe, Víctor Pérez Varela y la ex diputada María Angélica Cristi, por supuestas declaraciones discriminatorias hacia la comunidad homosexual. En fallo unánime, los ministros Adelita Ravanales, Pilar Aguayo y Christian Le Cerf- desestimaron la acción cautelar presentada contra los parlamentario que manifestaron su oposición a la adopción de hijos por parte de parejas homoparentales y el matrimonio homosexual. Para los jueces las declaraciones de los parlamentarios se enmarcan dentro del debate sobre el tema, y no pueden ser consideradas arbitrarias o ilegales. 'Se trata de una materia de suyo compleja sobre la que existen criterios y convicciones distintos, todos con razonables fundamentos y que, por lo tanto, no incurre en discriminación quien adopta uno u otro parecer', dijeron.

Primero fueron los estudiantes universitarios agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y ayer fueron los secundarios, que decidieron plegarse al llamado a paro del Colegio de Profesores, convocado para mañana. El vocero de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, confirmó que se sumarán al paro señalando que es 'primordial que hoy haya una alianza estratégica entre alumnos y profesores en defensa de una educación pública gratuita y de calidad'. Por su parte, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), su portavoz Lorenza Soto, explicó que su decisión a plegarse es en reclamo por la supuesta falta de inclusión de los actores sociales en el proceso de reforma educacional que busca impulsar el Gobierno. La vocera además criticó que aún no se conozcan los detalles del pro ceso de desmunicipalización que se llevará a cabo.

El día de paro además contempla una marcha por el centro de Santiago.