El Gobierno y la Unión Portuaria de Chile llegaron ayer a un acuerdo para deponer el paro de varios terminales desde la Región del Biobío al sur. El ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, anunció que se establecerá una mesa de trabajo para analizar los pasos a seguir en el conflicto que enfrentó a los portuarios con los titulares de esos recintos.

Pese a este acuerdo, los trabajadores mantienen paralizado parcialmente el terminal de Angamos (Mejillones) y totalmente el de San Antonio. Los trabajadores solicitan el pago retroactivo de media hora de colación entre enero de 2005 y marzo de 2013. "El llamado que han acogido los trabajadores y los empresarios es a abordar con una mirada a largo plazo para resolver los problemas, para evitar correr los riesgos de enfrentar estas movilizaciones", dijo el ministro Jobet. Respecto de la huelga de San Antonio, Jobet la consideró "ilegal", pero dijo que el Ejecutivo adquirió un compromiso para resolverlo. Agregó que el Gobierno esperaba desde anoche que los puertos comenzaran a funcionar normalmente.

El secretario de Estado destacó la voluntad del Gobierno en "tender puentes" y "buscar acuerdos" para evitar la profundización de este conflicto. "Sabemos que esta situación genera mucho daño a los trabajadores", añadió. "Esperamos realizar las obras y las soluciones que nos permitan tener estabilidad y mejorar las condiciones de los trabajadores", expresó el ministro.

El Gobierno publicó ayer la ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas (20.720), más conocida como Ley de Quiebras, que le dará a las empresas y personas naturales con dificultades económicas un marco para reemprender y alivianar la carga de tener que recomponer sus finanzas.

La nueva normativa entrará en vigencia en octubre de 2014, nueve meses después de su publicación en el Diario Oficial, y persigue implementar todas las medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que reemplazará a la actual Superintendencia de Quiebras. Esta entidad tendrá cobertura regional y nacional y se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.

El Presidente Piñera dijo que "en aquellos casos en que las empresas son inviables o las personas no son capaces de poder llegar a un acuerdo con sus acreedores, (la ley permite) encontrar un mecanismo que permita la solución del problema, disponiendo de los activos para que no queden congelados, sino que vuelvan al aparato productivo".

El Mandatario agregó que la nueva normativa "se preocupa esencialmente del 'reemprendimiento' y, en los casos en que esto sea necesario, de la liquidación de los proyectos de las empresas o de las personas. Y eso es un enfoque muy distinto a la actual Ley de Quiebras, que se gestó en la década de los 80 y que necesitaba una profunda reforma, ya que estigmatiza al emprendedor, poniéndole todo tipo de trabas".

La legislación incluye nuevos procedimientos para la reorganización de empresas y reestructuración de una empresa. apuntando a lograr un acuerdo entre el deudor y sus acreedores en un plazo máximo de cuatro meses.

También incorpora procedimientos para liquidar más rápido los activos de una empresa o persona no viable, acotando los plazos a un máximo de 12 meses para la empresa y de ocho meses para la persona, en comparación al promedio de 4,5 años que tarda una quiebra en la actualidad.

La normativa también establece un procedimiento administrativo gratuito de renegociación de las personas, para llegue a acuerdo con acreedores.