El ministerio de Bienes Nacionales hizo efectivo el cobro de la boleta de garantía por 4.500 unidades de fomento (UF), unos 122 millones de pesos, a la empresa Inmobiliaria e Inversiones P y R por el atraso en la construcción del terminal rodoviario que se construye en el acceso sur de la ciudad, según informó, de visita en Calama, la subsecretaria Alejandra Bravo.

"Queremos que la ciudad cuente con un terminal de buses moderno, competente, de primer nivel, que preste todos los servicios que sean necesarios y que están contemplados en el proyecto original, y para eso el seremi hizo una fiscalización y se realizó el cobro de la boleta da garantía por el atraso", explicó la autoridad.

Extenderían plazo

Bravo agregó, sobre el futuro de la iniciativa que inició su construcción en junio de 2014, que hoy "el ministro Felipe Ward tiene en su escritorio la potestad de autorizar la extensión del plazo para la ejecución del proyecto y yo le puedo asegurar que el ministro, como el que más, tiene la mejor intención que Calama cuente con un terminal de buses de primer nivel y lo antes posible".

"Es un acto administrativo que estamos revisando y que ya pasó por todas las instancias jurídicas que tiene que pasar a nivel central y se cobró la boleta de garantía que es nuestra obligación realizar, y como ya dije estamos a ad portas que el ministro firme la extensión del plazo, es decir, que firme el decreto por dos años más", complemento la subsecretaria de Bienes Nacionales sobre el proyecto que considera 47.980 metros cuadrados de infraestructuras distribuidas en 4,8 hectáreas de terreno.

Por su parte, el seremi del ramo, Omar Farías, advirtió que este nuevo plazo de construcción, que se iniciará prontamente, se cumplirá "con mayor fiscalización y estaremos en terreno asegurándonos que se ejecuten las obras y que se cumplan los plazos, lo que lamentablemente no pasó en la administración pasada".

El nuevo terminal terrestre, Paseo Terminal Calama, que se edifica en un terreno que el ministerio de Bienes Nacionales licitó por un periodo de 30 años, ampliable a 50; está ubicado en el acceso sur de la ciudad (frente a El Peuco V y el Park Hotel), tiene contemplado un acceso hacia calle Alcalde José Lira y otro hacia la avenida Circunvalación.

Su primera etapa requirió una inversión de 50 mil UF ($1.300 millones), y la segunda necesitará un gasto de 120 mil UF ($3.120 millones).

Cristián Venegas M.

Durante esta semana los pueblos atacameños de la cuenca del salar de Atacama, realizaron una serie de acciones en contra del proyecto de Continuidad Operacional de Minera Zaldívar, que buscar extender la extracción de agua desde el sector Negrillar, bombeando 212,75 litros por segundo hasta 2029, para luego bajar su extracción a 30 litros por segundo hasta el año 2031, cuando se proyecta su cierre.

Solicitud y denuncia

El lunes, la comunidad de Coyo, asesorada por el exseremi de Medio Ambiente, Felipe Lerzundi, presentó una solicitud para suspender la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, pues considera que hay graves inconsistencias en su presentación, las que no permiten contar con la toda la información de forma clara y oportuna.

Dos días más tarde, Peine realizó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por considerar que los permisos de la minera están vencidos. Al respecto, su presidente, Sergio Cubillos, explicó que "descubrimos con nuestros abogados, que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del año 1993 señala que Zaldivar puede realizar extracción de agua por un periodo de 20 años".

"No existe ningún documento que sea por 30, sólo se menciona en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del año 2010, pero no existe ninguna evaluación de extensión de plazo", aseguró el dirigente.

Observaciones

Ayer, en tanto, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y algunas comunidades de Atacama la Grande, presentaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, sus observaciones al proyecto de Zaldívar, en el marco de la participación ciudadana.

El Consejo realizó observaciones al estudio hidrogeológico y antropológico que presenta la empresa, pues estima que la información es incompleta, por lo que se hace complejo poder predecir los efectos de una mayor extracción de agua.

El presidente del CPA, Manuel Salvatierra, dijo que "hemos ingresado estas observaciones y esperamos que sean consideradas por las autoridades ambientales. Creemos que este proyecto está mal, que afecta a nuestra cuenca y es nuestro deber proteger nuestras aguas, nuestros territorios y la pertenencia como pueblo atacameño Lickanantay en este espacio que habitamos desde tiempos inmemoriales y que vemos día a día amenazado por la extracción indiscriminada del recurso hídrico".

Por su parte, la hidrogeóloga del CPA, Mariana Cervetto, señaló que "en un acuífero que está seis veces sobreexplotado, se debe contar con datos precisos y continuos en el tiempo para que puedan dar sustento a un modelo hídrico que realmente pueda garantizar la no afectación de los sistemas lacustres del borde sur del salar. Se debe conocer bien la interacción del bombeo de salmuera y los sistemas lacustres que la empresa declara como objetos de protección ambiental".

Entre las comunidades que presentaron observaciones están Talabre, Coyo, Peine, Socaire, Camar y Toconao, pues serían las más afectadas en el caso de que la minera continúe operando en el salar.

Soquimich tiene hasta hoy para presentar una nueva modificación al Programa de Cumplimiento (PdC) que entregó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Luego que el organismo presentara cargos por irregularidades en sus operaciones en el salar de Atacama, entre ellas superar los niveles de extracción de salmueras, afectando el volumen de agua que sustenta el ecosistema de la zona.

Entre los requerimientos de la autoridad está la solicitud de nuevos antecedentes respecto de la extracción de salmuera entre agosto de 2013 y 2015. Además tendrá que presentar acciones en caso de que se active el plan de contingencia de Albemarle (que también opera en el salar), ya que según la autoridad "existen antecedentes relevantes que hacen presumir fundadamente que SQM tiene una incidencia en la activación de la Fase II del PAT del proyecto de Albemarle".

El resto de las observaciones por parte de la Superintendencia tienen que ver con la entrega de mayor información y antecedentes respecto del comportamiento de la flora y fauna del lugar.

El total de los cargos que fueron levantados a Soquimich, se refieren a una falta gravísima, tres graves, y dos leves, con lo que de no cumplir arriesga el pago de hasta más de 27 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 22 millones, y sanciones que incluyen la posibilidad de retirar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la faena, así como su clausura.

Cumplirá el plazo

Desde Soquimich expresaron que "como parte normal del proceso sancionatorio abierto la Superintendencia de Medioambiente efectuó observaciones con el objetivo de robustecer su análisis y proponer mejoras al Plan de Cumplimiento presentado".

"La compañía, en línea con su compromiso de ejecutar un Plan de Cumplimiento que permita abordar íntegramente los cargos efectuados, está trabajando para presentar en la fecha solicitada las modificaciones requeridas por la autoridad", agregaron.