Una serie de dudas sobre la efectividad del monitoreo que realizará en el salar de Atacama, el Comité de Minería no Metálica y Gobernanza de los Salares, planteó el abogado e investigador, Alonso Barros, quien criticó el hecho que organismos claves no sean parte del equipo. Entre estos la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag).

Otro punto que no comparte Barros, quien lleva 20 años trabajando con los pueblos y comunidades indígenas de la zona norte, es el hecho que no se considera la salmuera, presente en la cuenca, como agua, sino como un mineral.

Esto último, amparado en el derecho del minero, "así las empresas pueden extraer cuanta salmuera quieran y en el fondo están desaguando el litio. Lo más serio es que no hay ningún control ni fiscalización sobre los niveles reales de explotación de las salmueras, porque al ser agua del minero no hay obligación de declararla", explicó el experto.

El Comité está conformado por los subsecretarios de Minería; Economía; Energía; Medio Ambiente; y Hacienda. El vicepresidente ejecutivo de Corfo; el director nacional de Sernageomin; el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN); el vicepresidente ejecutivo de Cochilco; la Dirección General de Aguas (DGA); además de representantes de universidades.

Este organismo busca analizar y estudiar los salares en su conjunto y en particular el salar de Atacama, que es el que en este momento está en explotación por parte de Soquimich (SQM) y Albemarle (ex Rockwood Lithium).

Mandato presidencial

En el año 2014 la Presidenta Michelle Bachelet mandató la conformación de una Comisión Nacional del Litio, de cuyas conclusiones entregadas en 2015 se elaboró la Política Nacional del Litio y Gobernanza de los Salares presentada en enero de 2016, junto con el Comité de Minería no Metálica y Gobernanza de los Salares, el que quedó conformado por Corfo y presidido por el ministerio de Minería.

En medio de la controversia entre Codelco y la Contraloría General de la República, que estableció irregularidades en la firma de dos contratos por cerca de $31 mil millones en el proyecto mina Chuquicamata Subterránea de la cuprífera estatal, el dirigente del sindicato N°3, Miguel López, aseguró que "por años" la dirigencia sindical ha denunciado irregularidades en la Corporación, las que no fueron escuchadas, por lo que valoró el rol que intenta jugar el contralor general Jorge Bermúdez, en proteger "el dinero de todas y todos los chilenos".

"Los dirigentes sindicales recorrimos Chile advirtiendo de los depredadores de Codelco, hace años que venimos denunciándolo, pero nunca hemos tenido eco, nunca nos tomaron en cuenta, pero seguiremos en esto", advirtió.

"Por esto decimos que las criticas a los convenios colectivos y los planes de egreso son solo una cortina de humo, aquí hay cosas más de fondo que se tienen que esclarecer, se deben dilucidar, porque no es posible que las platas de Codelco se vayan para otro lado y no tengamos para una educación gratuita y de calidad, salud o mejorar las pensiones para los jubilados", cuestionó.

El también consejero nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), agregó que "aquí, cuando los trabajadores cometemos algún error, somos amonestados, despedidos, porque cada uno es responsable de sus actos, responsable de cumplir con su contrato individual de trabajo, pero los ejecutivos jamás nos han preguntado por las empresas que van a contratar, los alcances de esos contratos o si hay alguna relación directa entre la empresa y Codelco".

Defensa de codelco

López especificó además que en la división Chuquicamata "denunciamos innumerables veces a una empresa, porque pertenecía al hijo de un alto ejecutivo de Codelco. Empresa que prestaba servicios, precisamente, a la gerencia donde estaba su padre. Se reclamó, se discutió, pero nunca tuvimos respuesta, nunca se nos escuchó", lamentó el dirigente.

Consultado el trabajador sobre la controversia con Contraloría, dijo que "si el contralor general (Jorge Bermúdez) se pone al frente de esto para dejar de votar los dineros de todos los chilenos, a nosotros nos parece fantástico, pero recalco que no defenderemos a personas o empresas, defenderemos exclusivamente la institucionalidad de Codelco", aseveró.

Cristián Venegas M.

Una querella contra todos los funcionarios de Codelco que resulten responsables por los delitos de fraude al fisco; negociación incompatible y tráfico de influencias; presentaron ayer en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, los diputados de la región Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI).

Acción judicial que busca establecer delitos "contra la probidad pública", que detalla entre los casos constitutivos de delito los contratos entre Codelco y Hatch Ingenieros y Consultores Limitada; además de Fundación Chile, Schwager Services, y Sistema Consultores Limitada.

Como parte de la querella, los diputados solicitaron que esta sea remitida al Ministerio Público, para que formalice una investigación a través de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, y que se oficie a la Contraloría, a fin que se informe quiénes fueron los funcionarios que realizaron la fiscalización, con el fin de ser citados a prestar declaración en calidad de testigos.

Hay antecedentes

Respecto de la querella, la diputada Núñez enfatizó que "aquí hay alguien que por fin le puso el cascabel al gato, y es el Contralor General de la República. Y en vez de entrar en discusión si corresponde o no la auditoría que se produjo, lo que se tiene que hacer es investigar, porque creemos que sí existen antecedentes fehacientes de eventuales delitos", dijo la parlamentaria, quien no descarta que nuevos antecedentes, "que han ido llegando", se sumen a la denuncia.

Acción judicial que se concretó ayer, recalcó la congresista, "pese a las presiones de eventuales paros y hasta llamados telefónicos de personas que están involucradas. De una vez por todas en Codelco hay que investigar, y es el Ministerio Público a quien le corresponderá hacerlo".

Sobre las motivaciones de la querella, Núñez aseguró que "el único interés que hay que proteger, es el interés público de la cuprífera que es de todos los chilenos, porque hace mucho tiempo hemos conocido irregularidades en Codelco, que van más allá del gobierno o directorio de turno, o si hubo o no gobierno corporativo en Codelco. Y esto no puede seguir pasando", argumentó la congresista.

Generar un cambio

Por su parte, el diputado Felipe Ward, sostuvo que la querella va a contribuir para aportar más antecedentes. "La Contraloría tiene facultades de fiscalización, pero bastante acotadas y todas aquellas acciones que se presenten con el propósito de evitar que esto ocurra en el futuro y de responsabilizar a las personas que han cometido estos eventuales delitos, creo que contribuye".

Ward agregó que espera que la acción judicial cambie definitivamente la manera en que la estatal hace sus contrataciones. "Esperamos que este patrón de conductas que hemos observado en Codelco, en el que a veces hay un trato preferente para los parientes donde se salta las licitaciones públicas, donde se saltan la ley, donde se creen que son una república independiente; termine y es por eso que estamos presentando esta acción judicial", expresó.